SANTO DOMINGO, República Dominicana — El acuerdo que permite a Estados Unidos el uso temporal y parcial de zonas restringidas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro para operaciones contra el narcotráfico ha generado una fuerte demanda de transparencia.
El presidente Luis Abinader justificó la medida, válida hasta abril de 2026, como una ampliación de la cooperación bilateral para reforzar la vigilancia aérea y marítima, enmarcada en los acuerdos de 1995 y 2003. El uso se limita al transporte de personal y equipos técnicos (como aviones KC-135 y C-130) y se garantiza que estará bajo supervisión dominicana para proteger la soberanía.
Sin embargo, sectores políticos y la opinión pública exigen que el acuerdo se haga público y se someta al Congreso Nacional, argumentando preocupación por la soberanía nacional y la posibilidad de que el país sea expuesto a conflictos externos. El gobierno insiste en que la medida es logística, temporal y esencial para el éxito de la estrategia regional antinarcóticos.
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