Por José Manuel Jerez
Las declaraciones de Leonel Fernández en Santiago no constituyen un simple intercambio retórico entre oficialismo y oposición, sino una acusación política de fondo que interpela directamente la legitimidad moral y la capacidad de gestión del actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Al emplazar al oficialismo con un “ya no prometan más, hagan”, el líder de la Fuerza del Pueblo coloca el debate en el terreno más sensible para cualquier administración: la coherencia entre discurso, acción y responsabilidad ética.
El eje central de su intervención fue el colapso progresivo de áreas estratégicas del Estado, particularmente la salud pública y la educación. Al describir al sistema de salud como “un paciente en sí mismo”, Fernández no solo utilizó una metáfora poderosa, sino que retrató una realidad que se refleja en el deterioro de los servicios, la incertidumbre institucional y la pérdida de confianza ciudadana en uno de los pilares básicos del Estado social.
La referencia reiterada al caso SeNaSa no es casual ni coyuntural. Fernández lo plantea como un punto de quiebre en la autoridad moral del gobierno, al calificarlo como “un atraco a los pobres de la República Dominicana”. Desde una lectura política y ética, el señalamiento es contundente: un gobierno que administra recursos destinados a los sectores más vulnerables con fines clientelares pierde la legitimidad para exigir nuevos sacrificios fiscales a la población.
En el plano de la infraestructura, el discurso expuso con crudeza la brecha entre promesa y ejecución. El Monorriel de Santiago, anunciado como símbolo de modernidad y transformación urbana, aparece hoy como un proyecto inconcluso que acumula retrasos, costos políticos y frustración social. A ello se suma la ausencia total de avances en obras emblemáticas como la carretera del Ámbar, prometida desde el primer día de gestión y aún inexistente.
Particularmente demoledora fue la crítica al sistema de transporte implementado por el gobierno, en especial al teleférico, descrito como una obra desconectada de las reales dinámicas de movilidad urbana. La imagen de “carritos que van para allá y para acá sin gente” sintetiza el problema estructural de la actual gestión: proyectos concebidos sin planificación integral, sin diagnóstico social y sin evaluación de impacto real.
El problema del tránsito en Santiago, abordado por Fernández, refuerza esta crítica sistémica. La improvisación, la falta de visión de largo plazo y la ausencia de soluciones estructurales convierten el caos vial en un símbolo más del agotamiento del modelo de gestión del PRM, incapaz de articular infraestructura, ordenamiento territorial y políticas públicas coherentes.
Más allá de las obras inconclusas, el señalamiento más grave apunta al uso político de los recursos públicos. Cuando Fernández afirma que “el dinero lo cogen para otra cosa”, está denunciando una práctica que erosiona los cimientos mismos del Estado democrático: la conversión del presupuesto público en herramienta de campaña y control clientelar.
El cierre del discurso no deja espacio para ambigüedades. Al calificar al actual como “un gobierno mediocre, sin visión de futuro”, Fernández no solo describe una gestión fallida, sino que plantea una disyuntiva política clara. Frente al desgaste institucional, la pérdida de autoridad moral y el retroceso en áreas ya superadas, se presenta una alternativa de poder que reivindica planificación, ética pública y responsabilidad social.
En ese sentido, el mensaje desde Santiago trasciende la coyuntura local y se proyecta como una advertencia nacional. La autoridad moral no se proclama: se ejerce. Y cuando se pierde, como en el caso de SeNaSa, ningún discurso oficial puede ocultar el vacío de legitimidad que deja tras de sí.
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