Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
En Francia, Alemania e Italia crece el rechazo a la retórica belicista de sus gobernantes.
Una parte considerable de la población contempla con preocupación cómo ministros y altos funcionarios hablan de rearme, amenazas híbridas, movilización militar y preparación para futuros conflictos, mientras las familias padecen inflación, impuestos elevados, deterioro de los servicios públicos e incertidumbre económica.
El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, sostiene que, ante la guerra híbrida, las amenazas cibernéticas y las crisis mundiales, ningún país puede actuar por sí solo. También propone una Europa con mayor autonomía militar y la creación de un llamado “Escudo de Defensa Europeo”.
Sin embargo, existe una distancia creciente entre el lenguaje de los gobiernos y las preferencias de numerosos ciudadanos.
Una cosa es reconocer que Europa necesita protegerse y otra muy distinta convertir cada crisis internacional en una justificación para incrementar los presupuestos militares, fabricar más armamentos y preparar psicológicamente a los pueblos para una guerra que nadie sabe cómo terminaría.
Una encuesta de YouGov realizada en 2026 encontró que la opción predominante en Francia y Alemania era impulsar una paz negociada en Ucrania, incluso si Rusia conservara provisionalmente algunos de los territorios ocupados. Esa posición alcanzaba entre el 40 y el 42 por ciento en ambos países y subía al 56 por ciento en Italia.
El respaldo al envío de soldados europeos como fuerzas de paz también mostraba diferencias importantes. Alcanzaba un 48 por ciento en Francia, un 44 por ciento en Alemania y apenas un 35 por ciento en Italia.
Conviene interpretar estos datos con prudencia. El deseo de negociar no significa necesariamente simpatía por Vladimir Putin ni indiferencia ante la invasión rusa de Ucrania. Los pueblos europeos conocen demasiado bien las consecuencias de las guerras. Lo que muchos ciudadanos rechazan es que el apoyo legítimo a la defensa de un país agredido se transforme, casi inadvertidamente, en una marcha hacia el enfrentamiento directo entre potencias nucleares.
Los gobernantes hablan de seguridad, pero pocas veces explican con claridad quién pagará la factura.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte ha establecido como objetivo que sus miembros destinen para 2035 hasta un 5 por ciento del producto interno bruto a la defensa y otras actividades relacionadas con la seguridad.
Alemania proyecta duplicar sus gastos militares hasta superar los 200,000 millones de euros en 2030.
Francia e Italia, en cambio, tropiezan con deudas elevadas, déficits fiscales, bajo crecimiento económico y una creciente resistencia ciudadana.
La contradicción es evidente. En Francia, aunque existe respaldo al fortalecimiento defensivo, la mitad de los consultados se opone a financiarlo mediante recortes de los servicios públicos. En Francia e Italia, más ciudadanos temen que se esté gastando demasiado en defensa a costa de otras necesidades sociales que quienes consideran insuficiente el gasto militar.
Además, la proclamada unidad militar europea oculta profundas rivalidades. Francia y Alemania discrepan sobre la compra de armas, la autonomía estratégica y la relación con la industria militar estadounidense. Incluso abandonaron su proyecto conjunto para construir un avión de combate de nueva generación después de disputas industriales que resultaron imposibles de resolver.
¿Cómo pueden esos gobiernos pedir sacrificios ilimitados a sus pueblos cuando ni siquiera logran ponerse de acuerdo sobre qué armas fabricar, a quién comprarlas o quién dirigirá la nueva defensa europea?
Europa necesita defenderse, ciertamente. Debe proteger sus fronteras, infraestructuras, comunicaciones y sistemas digitales.
Pero la defensa legítima no autoriza las bravuconadas. La disuasión responsable exige prudencia, diplomacia, transparencia y control democrático.
El rearme tampoco puede convertirse en un pretexto para enriquecer a los fabricantes de armamentos, debilitar la soberanía de los parlamentos o reducir los recursos destinados a hospitales, pensiones, educación y creación de empleos.
Los ciudadanos no quieren una Europa indefensa. Quieren una Europa capaz de garantizar su seguridad sin provocar una guerra mayor. Rechazan que se les obligue a escoger entre la capitulación y la escalada militar.
Existe un tercer camino: una defensa suficiente, una diplomacia activa, una negociación perseverante, el respeto al derecho internacional y la búsqueda incesante de la paz.
Los ministros y gobernantes deben escuchar el mensaje que surge de las calles y las encuestas. Los pueblos europeos no quieren ser conducidos, entre discursos alarmistas y decisiones burocráticas, hacia otra catástrofe continental.
Europa ya sabe cómo comienzan las guerras. Lo que algunos de sus gobernantes parecen estar olvidando es que, una vez iniciadas, nadie puede asegurar cómo ni cuándo terminarán.
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