Por José Manuel Jerez
El llamado al diálogo del gobierno de Luis Abinader no puede analizarse como un simple gesto de apertura institucional. En política real, el diálogo no es un fin: es un instrumento. Y en este caso, todo indica que estamos ante una operación cuidadosamente diseñada para reposicionar al oficialismo en el terreno de la legitimidad, en un contexto donde el desgaste de gestión comienza a ser más visible.
Presentar el diálogo como sinónimo de responsabilidad democrática es, en sí mismo, un movimiento estratégico. Permite al gobierno colocarse en una posición moral superior: quien convoca parece dialogante; quien duda, parece intransigente. Esa es la trampa. No se trata de construir consenso, sino de estructurar un relato donde el poder se presenta como abierto mientras administra, en realidad, las condiciones del propio diálogo.
En ese escenario, la presión mediática juega un rol determinante. Determinados sectores han comenzado a instalar una narrativa predecible: si la oposición no asiste, es irresponsable; si asiste, debe comportarse con moderación. Es decir, se construye un marco donde cualquier movimiento opositor termina condicionado. No es casualidad: es diseño político.
Para Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, el riesgo no está en asistir, sino en hacerlo sin control estratégico. Un diálogo sin reglas claras no es diálogo: es absorción política. El oficialismo no necesita convencer a la oposición; le basta con integrarla simbólicamente para neutralizar su capacidad de confrontación.
Desde el Derecho Constitucional, esto adquiere una dimensión aún más relevante. La oposición no es un actor decorativo del sistema, sino un elemento esencial del equilibrio democrático. Como ha sostenido Luigi Ferrajoli, la democracia constitucional exige contrapesos efectivos, no consensos vacíos. Cuando el diálogo se convierte en sustituto del control, el sistema comienza a degradarse.
El problema central no es institucional, sino estratégico. Si la Fuerza del Pueblo entra al diálogo sin agenda, sin condiciones y sin control del relato, el resultado está predeterminado: el gobierno capitaliza políticamente el proceso y la oposición queda diluida en una dinámica que no controla.
Por eso, la única forma racional de participar es transformar el diálogo en un espacio de presión. Agenda pública, compromisos verificables, mecanismos de seguimiento y, sobre todo, capacidad de exposición política. Cada mesa debe convertirse en un escenario donde el gobierno tenga que responder, no en un espacio donde la oposición sea administrada.
Existe además un elemento que no puede subestimarse: el control narrativo. En el siglo XXI, la política no se gana solo en la gestión, sino en la percepción. Si el oficialismo logra instalar la idea de que el diálogo es gobernabilidad, mientras la oposición aparece integrada al proceso sin resultados concretos, la batalla estará perdida antes de comenzar.
Desde una perspectiva doctrinal, esto puede leerse incluso en clave de Robert Alexy: la oposición debe optimizar simultáneamente su rol institucional y su eficacia política. Participar sin perder capacidad de confrontación. Dialogar sin renunciar a la disputa. Esa es la línea fina donde se define el liderazgo real.
En definitiva, la pregunta no es si asistir o no, sino si se está dispuesto a jugar en serio. El diálogo del gobierno no es un espacio neutral: es un campo de disputa. Y quien no entra con estrategia, entra como instrumento. La Fuerza del Pueblo tiene una oportunidad: convertir esa jugada del oficialismo en un escenario de presión política. Pero para lograrlo, debe entender algo fundamental: en política, no basta con estar; hay que dominar el terreno.
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