Por José Manuel Jerez
El cierre de las oficinas de la DEA en la República Dominicana bajo el alegato de “corrupción” constituye un hecho de extraordinaria gravedad política e institucional. No se trata de un simple reajuste administrativo ni de una decisión rutinaria de política exterior. Es una señal diplomática inequívoca que coloca al país bajo sospecha internacional y expone debilidades estructurales en el manejo de la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Cuando la embajadora Leah Francis Campos afirma que la corrupción es una violación de la confianza pública y que “no será tolerada en la Embajada”, el mensaje trasciende lo protocolar. Se trata de una advertencia directa: la relación bilateral en materia de seguridad no puede sostenerse sobre estructuras institucionales contaminadas por prácticas irregulares. En términos diplomáticos, esto equivale a una censura política al entorno institucional con el que se interactúa.
La República Dominicana ha construido durante décadas una narrativa de cooperación estratégica con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el cierre de oficinas de la DEA por razones asociadas a corrupción desmonta esa narrativa y proyecta hacia el exterior la imagen de un Estado incapaz de garantizar la integridad de sus propias agencias vinculadas a la seguridad.
Desde la teoría del Estado y la ciencia política, la corrupción no es solo un problema ético: es un fenómeno que erosiona la legitimidad, debilita la autoridad y fragmenta la capacidad de control territorial. Cuando una agencia extranjera decide cerrar operaciones por desconfianza institucional, el problema ya no es individual; es sistémico. Y los problemas sistémicos no se corrigen con ruedas de prensa ni con sustituciones superficiales de funcionarios.
El gobierno actual ha insistido en presentarse como paradigma de transparencia. No obstante, los escándalos acumulados en distintas áreas de la administración pública —sumados ahora a este episodio de alto impacto internacional— configuran una narrativa distinta: la de un aparato estatal con grietas estructurales. La corrupción, cuando se vuelve recurrente, deja de ser una desviación para convertirse en patrón.
En el plano geopolítico, la decisión estadounidense tiene implicaciones estratégicas. La República Dominicana ocupa una posición clave en el Caribe para el tránsito de mercancías, capitales y flujos ilícitos. Si Washington reduce o reconfigura su presencia operativa por falta de confianza, el mensaje que se envía a otros actores internacionales es devastador: el país no ofrece garantías institucionales suficientes en un tema tan sensible como la seguridad hemisférica.
Más grave aún es la señal interna. La lucha contra el narcotráfico requiere coordinación, intercambio de inteligencia y confianza recíproca. Si esa confianza se fractura, el sistema completo de cooperación se debilita. El cierre de oficinas no solo afecta la imagen; afecta la capacidad operativa del Estado dominicano para enfrentar redes criminales que no reconocen fronteras.
El discurso oficial probablemente intentará minimizar el hecho o presentarlo como un proceso administrativo ordinario. Pero la opinión pública no es ingenua. Cuando una potencia aliada toma una decisión de esta magnitud y la fundamenta en la intolerancia frente a la corrupción, el problema no puede maquillarse. La responsabilidad política recae directamente sobre quienes dirigen el aparato estatal y garantizan —o deberían garantizar— su integridad.
La corrupción no es un accidente; es el resultado de tolerancias, silencios y complicidades. Si la cooperación internacional comienza a cerrarse por desconfianza, el país entra en una fase de aislamiento reputacional progresivo. Y ese aislamiento tiene costos: económicos, diplomáticos y estratégicos.
Este episodio confirma que la crisis institucional no se resuelve con discursos ni con marketing político. Se requiere una reforma profunda, controles efectivos y voluntad real de sanción. De lo contrario, la República Dominicana seguirá perdiendo credibilidad ante sus aliados y, lo que es más grave, ante su propio pueblo. Cuando la confianza internacional se rompe por corrupción, el problema ya no es externo: es la evidencia de que el modelo de gestión gubernamental ha fallado en su esencia.
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