Por José Manuel Jerez
El discurso pronunciado por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro Económico Mundial de Davos marca un punto de inflexión en la narrativa dominante sobre el sistema internacional contemporáneo. Lejos del lenguaje diplomático tradicional, Carney afirmó con claridad que el llamado “orden internacional basado en reglas” se encuentra fracturado, erosionado por la primacía de la fuerza, la coerción económica y la competencia estratégica entre grandes potencias.
Desde una perspectiva jurídico-política, esta afirmación no constituye una simple provocación retórica, sino el reconocimiento explícito de una realidad que el Derecho Internacional Público ha venido experimentando de manera silenciosa: la creciente desconexión entre normatividad internacional y relaciones reales de poder. El multilateralismo clásico ya no garantiza previsibilidad ni equilibrio, y los Estados deben adaptarse a un entorno de rivalidad estructural.
El núcleo conceptual del discurso de Carney reside en su llamado a las llamadas “potencias medias”. Países que, sin ser superpotencias, cuentan con capacidades económicas, institucionales y diplomáticas suficientes para incidir colectivamente en la configuración del nuevo orden. Su mensaje es inequívoco: la soberanía efectiva ya no se ejerce en solitario, sino mediante alianzas estratégicas entre Estados que comparten valores, intereses y reglas mínimas de convivencia.
La frase que sintetiza esta visión —“si no estás en la mesa, estás en el menú”— encierra una advertencia de profundo calado para el mundo en desarrollo. En un contexto de coerción económica, sanciones selectivas y uso estratégico del comercio y la tecnología, los Estados que no construyan capacidad de negociación colectiva corren el riesgo de convertirse en objetos pasivos de decisiones ajenas.
Para América Latina, el discurso de Carney plantea un desafío directo. La región ha oscilado históricamente entre un multilateralismo declarativo y una inserción internacional fragmentada. En el nuevo escenario descrito en Davos, esta ambigüedad se vuelve insostenible. La defensa de la soberanía exige hoy coherencia institucional interna, claridad estratégica y una política exterior capaz de articular alianzas funcionales sin renunciar a la autonomía.
Particularmente relevante es la tensión que este nuevo marco genera en materia de derechos humanos. La invocación de valores universales convive, cada vez más, con prácticas selectivas y politizadas. Ello obliga a los Estados latinoamericanos a exigir mayor simetría, legitimidad y límites jurídicos en los mecanismos internacionales, para evitar que la protección de derechos sea instrumentalizada como herramienta de presión geopolítica.
Desde el punto de vista económico, Carney reconoce abiertamente que el comercio, la energía, las cadenas de suministro y la tecnología se han convertido en espacios de disputa estratégica. Para la región, esto implica tratar estas áreas no solo como asuntos de mercado, sino como componentes centrales de la seguridad y la soberanía nacional, con todas las consecuencias regulatorias y jurídicas que ello conlleva.
En el caso de la República Dominicana, el mensaje de Davos ofrece una lección clara: la soberanía en el siglo XXI no se defiende con aislamiento ni con retórica, sino con institucionalidad sólida, respeto al orden constitucional y una inserción internacional cuidadosamente diseñada. Cooperar, sí; pero bajo reglas claras, procedimientos legítimos y límites compatibles con la voluntad democrática interna.
En definitiva, el discurso de Mark Carney no anuncia simplemente el ocaso de un orden internacional, sino la emergencia de una etapa más cruda y realista de la política mundial. Para los Estados que aspiren a preservar su soberanía y su dignidad política, el reto no será elegir bandos de manera reactiva, sino construir estrategias propias que les permitan sentarse en la mesa y no figurar en el menú.
About The Author
