Por José Manuel Jerez
La columna publicada en el Listín Diario bajo el título “El PRM y el ITLA: ¿Destrucción de un legado?” no solo denuncia una gestión administrativa cuestionable, sino que pone al descubierto una forma de ejercer el poder que amenaza directamente los proyectos estratégicos de Estado construidos con visión, planificación y responsabilidad histórica. Lo que hoy ocurre en el ITLA no es un simple tropiezo burocrático ni un error aislado: es la expresión de una lógica política que confunde gobierno con botín y gestión pública con improvisación.
El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) constituye uno de los ejemplos más claros de política pública exitosa en materia de educación tecnológica en la República Dominicana. Su creación y consolidación responden a una concepción de Estado desarrollista, moderno y orientado al conocimiento, impulsada durante los gobiernos de Leonel Fernández, cuando se comprendió que la competitividad internacional del país pasaba necesariamente por la formación de capital humano altamente calificado.
Bajo esa visión, el ITLA no fue concebido como una institución improvisada ni como un botín político, sino como un eje estratégico del Parque Cibernético y de una agenda nacional de innovación, tecnología y modernización productiva. La expansión de su oferta académica, sus certificaciones internacionales, su alta tasa de empleabilidad y su reconocimiento regional son el resultado directo de esa concepción de política pública de Estado.
El contraste con la obra de gobierno de Leonel Fernández resulta no solo pertinente, sino inevitable. Fue bajo su liderazgo que el ITLA se concibió y desarrolló como una política pública de Estado, integrada a una visión estratégica de modernización nacional, transformación productiva y apuesta por el conocimiento. A diferencia de la gestión actual del PRM —marcada por la improvisación, la politización y la pérdida de rumbo institucional—, los gobiernos de Fernández entendieron que la educación tecnológica no podía subordinarse a intereses coyunturales, sino protegerse como un activo estratégico del desarrollo nacional.
La crítica planteada en el artículo de opinión no se dirige únicamente a personas concretas, sino a un modelo de gestión pública que parece haber sustituido la planificación estratégica por el cortoplacismo político. El debilitamiento institucional del ITLA no puede analizarse como un hecho aislado, sino como parte de una tendencia más amplia de degradación de la profesionalización del Estado.
La destitución del rector mediante decreto presidencial, aunque jurídicamente válida, evidencia la ausencia de una política clara y coherente de gobernanza educativa. En un Estado serio, las decisiones de esta naturaleza deben estar acompañadas de explicaciones transparentes, criterios técnicos y mecanismos institucionales de evaluación, no de reacciones tardías frente al escándalo público.
Defender el legado del ITLA implica reconocer que los proyectos de transformación nacional no sobreviven por inercia. Requieren continuidad, respeto institucional y una clara separación entre gestión pública y militancia partidaria. En este sentido, la experiencia de los gobiernos de Leonel Fernández demuestra que es posible construir instituciones sólidas cuando existe visión de Estado, liderazgo político y compromiso con el interés nacional.
El caso del ITLA debe servir como una advertencia contundente. La modernización tecnológica no se proclama en discursos ni se administra con improvisación. Se construye con instituciones fuertes, dirigidas por profesionales competentes y protegidas de la lógica clientelar. Cuando el poder olvida esta lección, no destruye solo un legado político: compromete el futuro de toda una generación.
About The Author
