En materia de seguridad pública, cada decisión comunica una visión de país. Por eso, cuando se anuncia una nueva regulación, es legítimo analizar no solo su contenido, sino también su prioridad dentro del contexto actual.
En los últimos días hemos conocido detalles sobre la regulación de patinetas y motocicletas eléctricas. Sin duda, establecer categorización, uso de placas, límites de velocidad y restricciones para menores puede contribuir al ordenamiento del tránsito y a la prevención de accidentes. Las normas claras fortalecen la institucionalidad y ayudan a organizar el espacio público.
Sin embargo, el país atraviesa una coyuntura que exige una mirada más amplia. Mientras seguimos escuchando de atracos a joyerías, tiroteos en plena 27 de Febrero, incautaciones de marihuana en fincas que durante años no habían sido detectadas y feminicidios que continúan estremeciendo a la sociedad, el debate central parece desplazarse hacia un tema que, aunque importante, no constituye hoy el núcleo de la preocupación ciudadana.
Aunque se presenten estadísticas que muestran reducción en determinados indicadores, la seguridad ciudadana no se mide únicamente por una tasa. Se mide por la experiencia cotidiana de la población. Y esa experiencia hoy está marcada por robos, asaltos, violencia intrafamiliar y episodios de violencia que generan una sensación persistente de vulnerabilidad.
Los atracos que angustian a la población no se están cometiendo, en su mayoría, en patinetas eléctricas. Se están cometiendo en motocicletas tradicionales: dos personas a bordo, rostros cubiertos, placas inexistentes o alteradas, movilidad rápida y difícil identificación. Ese patrón repetido se ha convertido en un desafío estructural.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿estamos priorizando correctamente la seguridad ciudadana?
¿Qué paso con la urgente la fiscalización y registro de motocicleta se desvaneció como la mayoría de los programas que se aplican en materia de seguridad ciudadana?
El problema no es la tecnología del vehículo. Es la debilidad del sistema de registro, fiscalización y seguimiento. Es la falta de interoperabilidad real entre tránsito, Policía y Ministerio Público. Es la ausencia de controles sostenidos sobre un parque de motocicletas que ha crecido sin trazabilidad suficiente y que hoy incide directamente en la dinámica delictiva.
En política pública de seguridad, el orden de las decisiones importa. La secuencia comunica dirección estratégica. Cuando el foco se coloca en un fenómeno secundario frente al núcleo del problema, el mensaje institucional se percibe como desconectado de la realidad cotidiana.
La ciudadanía no demanda confrontación; demanda coherencia. Pide que el esfuerzo institucional se concentre primero en el fenómeno que más la afecta. Pide una estrategia integral que articule inteligencia, control territorial, trazabilidad vehicular y persecución efectiva del delito.
Regular patineta puede ser necesario, sí. Pero enfrentar de manera estructural la criminalidad existente es urgente, en seguridad ciudadana, el foco no puede dispersarse. Porque cuando se dispersa, el delito no espera.
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