Por José Manuel Jerez
El reciente discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional ha generado una de las réplicas más estructuradas y políticamente contundentes de los últimos años. Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, calificó la alocución como un ejercicio de “ciencia ficción”, denunciando una profunda desconexión entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana que experimenta el pueblo dominicano. Más allá de la metáfora, la crítica abre un debate sustantivo sobre la brecha entre indicadores macroeconómicos y condiciones materiales de vida.
El punto neurálgico de la controversia radica en el crecimiento económico de 2.1 % del PIB en 2025. En términos comparados, se trata de una cifra débil para una economía que históricamente ha liderado la región. Fernández subrayó que el país creció menos que Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Nicaragua, hecho que no ocurría desde hacía más de dos décadas. El dato no es menor: cuando la economía pierde dinamismo relativo, también pierde capacidad de generar empleo de calidad, reducir pobreza y expandir infraestructura.
A ello se suma la inflación cercana al 5 %, con un incremento de casi 9 % en alimentos y bebidas no alcohólicas. Desde una perspectiva de economía política, el impacto no se mide en estadísticas abstractas sino en la erosión directa del poder adquisitivo. Una canasta familiar que supera los 48 mil quinientos pesos representa una presión tangible sobre los hogares, especialmente en un contexto donde los salarios reales no han crecido al mismo ritmo. El silencio presidencial sobre este punto fue interpretado por la oposición como una omisión significativa.
En materia fiscal, la comparación de la deuda pública con el año 2020 fue objeto de cuestionamiento. La pandemia constituye un evento excepcional que distorsiona cualquier línea base. Comparar 2025 con 2024 habría mostrado —según la crítica— un incremento superior a cuatro mil millones de dólares y un aumento de un punto porcentual del PIB en el peso de la deuda. En un escenario de bajo crecimiento, mayor endeudamiento implica menor margen de maniobra futura.
Las críticas se extendieron a sectores sociales sensibles. Educación, salud y seguridad ciudadana fueron presentadas por Fernández como áreas donde los resultados no corresponden al optimismo oficial. La caída en indicadores de aprendizaje, la persistencia de crisis hospitalarias y el aumento de homicidios y criminalidad configuran, en esta lectura, una realidad que no encuentra eco en el relato gubernamental.
Particular relevancia adquiere el sector eléctrico, tradicional termómetro de gestión en la República Dominicana. El señalamiento sobre apagones, pérdidas en distribución y aumento de tarifas reabre un debate estructural que parecía superado. Cuando el ciudadano percibe retrocesos en servicios básicos, la legitimidad del discurso oficial se resiente.
En infraestructura, la enumeración de obras paralizadas y promesas incumplidas contrasta con la exposición emotiva del Ejecutivo. El cuestionamiento sobre el destino de los US$775 millones recibidos de AERODOM y la falta de avances visibles en proyectos estratégicos añade una dimensión de transparencia y rendición de cuentas que trasciende la mera disputa política.
Quizá el momento más simbólico fue la referencia al anuncio de un puerto espacial en Oviedo. Más allá de la ironía, el señalamiento sugiere que cuando el discurso se proyecta hacia horizontes futuristas sin resolver tensiones inmediatas, puede percibirse como desconectado. La política contemporánea exige coherencia entre visión de futuro y gestión presente.
La frase final —“un gobierno que languidece y que intenta mantenerse con vida a base de cifras, titulares y relatos”— sintetiza la línea estratégica de contraste de la Fuerza del Pueblo. El debate no es meramente técnico, sino narrativo: ¿quién interpreta mejor la realidad nacional? ¿El gobierno que exhibe estadísticas agregadas o la oposición que enfatiza la experiencia cotidiana?
En términos políticos, este intercambio marca el inicio anticipado del ciclo electoral 2028. La confrontación ya no gira únicamente en torno a promesas, sino a la interpretación del presente. Si el oficialismo insiste en un relato de estabilidad y progreso, la oposición apuesta a convertir el costo de la vida, la inseguridad y los servicios públicos en ejes centrales de movilización. El desenlace dependerá de cuál narrativa logre mayor credibilidad social.
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