Por José Manuel Jerez
La acumulación de escándalos y malas prácticas administrativas bajo el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha dejado de ser una sucesión de episodios aislados para convertirse en un verdadero dossier de agotamiento gubernamental. FEDA, ITLA, SENASA y otros casos revelan un patrón reiterado que apunta a una crisis estructural del modelo de gestión, imposible de corregir con ajustes cosméticos o cambios puntuales de funcionarios.
El caso del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) expone la fragilidad de los controles internos y el uso discrecional de recursos destinados a uno de los sectores más sensibles del país. Cuando los fondos dirigidos a la producción agropecuaria terminan bajo cuestionamiento, el impacto se traduce en desprotección del campo, inseguridad alimentaria y ruptura de la confianza entre el Estado y los productores.
A este escenario se suma el deterioro institucional del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), una de las mayores conquistas del Estado dominicano en materia de formación técnica y tecnológica. Lo que durante años fue un referente regional de innovación y empleabilidad, hoy aparece afectado por improvisación gerencial y decisiones administrativas erráticas.
El expediente de SeNaSa constituye uno de los casos más graves desde el punto de vista social y político. La utilización de un sistema de protección en salud como instrumento clientelar y de expansión electoral ha generado una herida profunda en la credibilidad del Estado.
Estos casos operan en ámbitos distintos, pero comparten síntomas idénticos: politización de la gestión, debilitamiento de la meritocracia, ausencia de planificación y subordinación del interés general a la lógica electoral.
El discurso oficial ha intentado reducir cada crisis a un problema de percepción pública o de comunicación. Sin embargo, la realidad demuestra que el marketing no sustituye a la buena administración ni a la ética en el ejercicio del poder.
La consecuencia directa de este modelo es una erosión progresiva de la confianza ciudadana y un debilitamiento sostenido de la institucionalidad democrática.
La experiencia histórica dominicana demuestra que el desarrollo sostenible exige planificación de largo plazo, continuidad institucional y liderazgo con visión de Estado.
De cara a 2028, este dossier de hechos no admite lecturas complacientes. Un gobierno que no logra garantizar integridad, eficiencia y resultados pierde legitimidad para aspirar a la continuidad.
FEDA, ITLA y SeNaSa, considerados en conjunto, confirman el agotamiento estructural del modelo de gestión del PRM y hacen prácticamente inviable su permanencia en el poder más allá de 2028.
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