Por José Manuel Jerez
El 3 de enero de 2026 marca un punto de inflexión en la historia reciente de América Latina y del sistema internacional. La operación militar ejecutada por los Estados Unidos en territorio venezolano, culminando con la captura del jefe de Estado en ejercicio, constituye un hecho de enorme trascendencia jurídica, política y estratégica. Más allá de la narrativa mediática inicial, este acontecimiento exige un análisis académico riguroso que supere las explicaciones simplistas centradas en el petróleo o en el combate ordinario al narcotráfico.
Desde una perspectiva estratégica, resulta imprescindible aclarar que las grandes operaciones militares de esta naturaleza no se conciben como decisiones impulsivas del poder político. En los Estados Unidos, la planificación estratégica emana del aparato de defensa, particularmente del Pentágono y de los comandos regionales, que evalúan escenarios de riesgo, umbrales de amenaza y costos sistémicos. El liderazgo civil, en este contexto, cumple fundamentalmente una función de autorización y legitimación política.
La hipótesis petrolera no resiste un examen empírico serio. Para inicios de 2026, la industria petrolera venezolana se encontraba severamente deteriorada, con niveles de producción históricamente bajos y una infraestructura incapaz de incidir de manera determinante en los mercados energéticos globales. Además, los objetivos operativos de la intervención no incluyeron refinerías ni pozos petroleros, lo que confirma que el crudo no constituyó el centro de gravedad de la operación.
El elemento verdaderamente disruptivo fue la creciente convergencia de intereses estratégicos de potencias competidoras de Estados Unidos en el espacio venezolano. La presencia simultánea y funcional de China, Rusia e Irán en un mismo teatro geográfico generó, desde la óptica estadounidense, una amenaza estructural a la seguridad hemisférica. No se trató de alianzas discursivas, sino de interacciones concretas en los planos económico, tecnológico y militar.
China había consolidado una posición dominante en sectores vinculados a minerales estratégicos, indispensables para las industrias de defensa y alta tecnología. En un contexto global marcado por la instrumentalización de las cadenas de suministro, esta realidad fue percibida como un riesgo directo para la autonomía estratégica estadounidense. Venezuela pasó así de ser un actor periférico a convertirse en una pieza sensible del tablero geoeconómico global.
Rusia, por su parte, aportó cooperación militar, asesoría técnica y capacidades en materia de defensa aérea, inteligencia y guerra electrónica. Este acompañamiento reforzó la percepción de que el territorio venezolano podía transformarse en una plataforma avanzada de proyección estratégica en el hemisferio occidental, alterando los equilibrios tradicionales de seguridad regional.
A ello se sumó la preocupación por la cooperación con Irán en ámbitos vinculados a tecnología militar no convencional. Desde la lógica del Pentágono, la eventual integración de capacidades ofensivas, protegidas por redes de inteligencia y abastecidas por recursos estratégicos, representó la superación de un umbral intolerable de riesgo. La operación militar respondió, así, a una lógica preventiva de neutralización de capacidades consideradas hostiles.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, la captura de un jefe de Estado en ejercicio plantea interrogantes de enorme gravedad. Se tensionan principios fundamentales como la soberanía estatal, la igualdad jurídica de los Estados, la inmunidad de jurisdicción y el principio de no intervención consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. La acción estadounidense, aun invocando razones de seguridad nacional, introduce un precedente altamente controvertido.
En conclusión, la intervención del 3 de enero de 2026 no fue una guerra por petróleo, sino una manifestación extrema de la competencia estratégica global trasladada al espacio latinoamericano. El caso venezolano revela cómo la geoestrategia del siglo XXI se articula en torno a minerales críticos, tecnología, cadenas de suministro y arquitectura de poder, al tiempo que pone en crisis los fundamentos normativos del orden internacional contemporáneo.
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