Por José Manuel Jerez
En el debate político dominicano comienza a instalarse una narrativa orientada a justificar, de manera preventiva, una eventual alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en una segunda vuelta electoral en 2028. Algunos voceros peledeístas intentan equiparar ese hipotético acuerdo con la alianza parcial que en 2020 realizaron la Fuerza del Pueblo (FP) y el PRM. Sin embargo, tal comparación parte de una premisa falsa y desconoce la naturaleza contextual, estratégica y sistémica de los procesos de coalición en regímenes presidenciales multipartidistas.
En 2020, tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo eran partidos opositores. Ambos competían contra un oficialismo que concentraba poder político, control institucional y hegemonía administrativa bajo lo que amplios sectores calificaban como un “continuismo cuasi‑dictatorial” del danilismo. La alianza parcial de aquel momento respondió a una lógica clásica de teoría de coaliciones: la convergencia estratégica frente a un adversario común que detentaba el poder del Estado. No fue una alianza de gobierno, sino una articulación táctica dentro de un esquema de oposición democrática.
Desde la perspectiva de la ciencia política, las coaliciones opositoras frente a un oficialismo fuerte se inscriben en la categoría de alianzas “anti‑incumbent”. Su racionalidad descansa en equilibrar el sistema, evitar la concentración prolongada del poder y restablecer la alternancia. Ese fue el contexto de 2020. Pretender trasladar mecánicamente esa experiencia a 2028, cuando el PRM sería el partido gobernante y el PLD se autodefine como opositor, constituye un error analítico y una contradicción estratégica.
Una eventual alianza PLD–PRM en 2028 no sería una coalición para equilibrar el poder, sino una coalición para preservarlo. Y aquí radica la diferencia esencial. En sistemas democráticos competitivos, la oposición existe precisamente para ofrecer alternativa al oficialismo, fiscalizar su gestión y canalizar el descontento ciudadano. Si un partido opositor termina aliado al gobierno en una segunda vuelta, el mensaje político que envía es de renuncia programática y de subordinación estratégica.
Desde el punto de vista político‑partidario, la coherencia es un activo fundamental. Los partidos no solo compiten por votos, sino por credibilidad. Un acuerdo entre el PLD y el PRM implicaría que la oposición formal terminaría sosteniendo al oficialismo que ha criticado durante cuatro años. Esa incongruencia erosiona identidad, desmoviliza bases y transmite la percepción de que las diferencias eran meramente retóricas.
Además, en términos de teoría de juegos aplicada a la competencia electoral, las alianzas deben evaluarse no solo por su utilidad inmediata, sino por su impacto reputacional a mediano plazo. El costo reputacional de una alianza con el incumbente suele ser elevado para quien se presenta como alternativa. La ciudadanía podría interpretar el pacto como una convergencia de élites destinada a bloquear una opción distinta, lo que fortalece precisamente al actor que quede fuera del acuerdo.
La Fuerza del Pueblo, por el contrario, se posiciona estructuralmente como alternativa de poder frente al oficialismo. Su lógica estratégica es disputar el gobierno, no administrarlo en coalición subordinada. Por ello, equiparar la alianza táctica de 2020 —entre dos fuerzas opositoras frente a un oficialismo dominante— con una eventual alianza 2028 entre oficialismo y oposición formal, constituye una falacia de falsa equivalencia.
En el plano simbólico, un acuerdo PLD–PRM podría interpretarse como la confirmación de que el eje real de competencia no sería gobierno‑oposición, sino continuidad‑alternativa. Y en esa reconfiguración, la Fuerza del Pueblo quedaría como el único polo claramente diferenciado del poder vigente. Paradójicamente, lo que algunos conciben como estrategia defensiva podría convertirse en catalizador de una consolidación electoral alternativa.
Finalmente, la improcedencia político‑partidaria de esa eventual alianza no se reduce a una cuestión táctica, sino a una cuestión de coherencia democrática. La alternancia, la competencia auténtica y la diferenciación programática son pilares del pluralismo. Cuando la oposición se funde con el oficialismo, el sistema pierde claridad y el electorado pierde referentes.
Por tanto, comparar el contexto de 2020 con el escenario hipotético de 2028 no resiste análisis riguroso. En 2020 se trató de una convergencia opositora frente al poder concentrado; en 2028 se trataría, en caso de producirse, de una convergencia con el poder incumbente. Son realidades política y teóricamente distintas. Y esa diferencia es la que determina la improcedencia estratégica y partidaria de cualquier intento de justificar lo injustificable.
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