Por José Manuel Jerez
Las recientes declaraciones de Leonel Fernández no constituyen un simple discurso opositor, sino una radiografía política del agotamiento del modelo de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Al denunciar que la canasta básica ha aumentado en RD$14 mil desde 2020, Fernández coloca en el centro del debate nacional el drama cotidiano de millones de hogares dominicanos: comer se ha convertido en un privilegio y no en un derecho garantizado por el Estado.
El aumento sostenido de los precios de productos esenciales como el plátano, los huevos y el aceite, combinado con salarios prácticamente estancados, ha erosionado de forma severa el poder adquisitivo de la población. No se trata de cifras abstractas, sino de una realidad tangible que explica el creciente malestar social y la percepción de fracaso económico que se extiende por amplios sectores del país.
Desde una perspectiva estructural, garantizar el acceso a los alimentos constituye una de las funciones más elementales del Estado social. Cuando esta obligación falla, como ocurre bajo la actual administración, el problema trasciende lo económico y se transforma en un fenómeno político de primer orden, con efectos directos sobre la legitimidad del gobierno.
Fernández también apuntó al colapso del sistema de salud, señalando de manera contundente el deterioro del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La denuncia de su debilitamiento deliberado para favorecer intereses particulares introduce un componente especialmente sensible: la percepción de que incluso los mecanismos de protección social están siendo sacrificados en beneficio de agendas ajenas al interés general.
La crisis sanitaria se agrava con un elemento aún más alarmante: la inseguridad en las obras públicas. El desplome de techos en hospitales en construcción o remodelación no es un accidente aislado, sino el síntoma de una deficiente supervisión estatal y de una preocupante banalización de los estándares de calidad, en infraestructuras que deberían proteger la vida.
En este contexto, la afirmación de Fernández de que el gobierno del PRM es un “desastre” adquiere una dimensión política concreta. La combinación de alimentos caros, servicios de salud precarios y obras públicas inseguras configura un escenario de desgaste acelerado del poder, que alimenta una ira popular difícil de contener con discursos oficiales o campañas publicitarias.
El escenario político se vuelve aún más revelador cuando estas críticas se producen en el marco de juramentaciones masivas de dirigentes provenientes del propio PRM, particularmente en zonas sensibles como la provincia Elías Piña. El trasvase de liderazgos locales, regidores, profesionales y dirigentes comunitarios evidencia una fractura territorial y organizativa del oficialismo.
Estas incorporaciones no son meramente simbólicas. Representan un mensaje político claro: el descontento no solo se expresa en las encuestas, sino que se traduce en reconfiguraciones reales del poder local y en el debilitamiento progresivo de la maquinaria oficial.
Así, el discurso de Leonel Fernández se articula como una narrativa de alternativa de poder. No apela únicamente a la crítica, sino a la comparación implícita con una gestión pasada que muchos sectores perciben como más estable y predecible. En ese contraste se juega buena parte del escenario político hacia 2028.
Más que un acto partidario, las palabras de Fernández marcan un punto de inflexión: el paso de la inconformidad social dispersa a una articulación política organizada del descontento. En ese tránsito, la Fuerza del Pueblo busca consolidarse no solo como oposición, sino como opción real de gobierno frente a un oficialismo cada vez más cuestionado.
About The Author
