Por José Manuel Jerez
La política dominicana atraviesa un momento de definiciones profundas. En Villa Altagracia, durante una juramentación multitudinaria de nuevos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández volvió a ocupar el centro del debate nacional con un pronunciamiento que no solo confronta al gobierno del PRM, sino que interpela directamente la ética del poder y el uso de los recursos públicos en democracia.
La acusación formulada por el expresidente es de extrema gravedad institucional: el señalamiento de que fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) habrían sido utilizados para financiar campañas electorales y, en consecuencia, “comprar elecciones”. No se trata de una consigna retórica ni de una exageración opositora, sino de una denuncia que apunta al corazón mismo del Estado social, al desvío de recursos destinados a la salud de los más vulnerables para fines político-partidarios.
Cuando Leonel Fernández afirma que el PRM no gana elecciones por respaldo popular, sino mediante el uso indebido del aparato estatal, está colocando al gobierno frente a un espejo incómodo: el de un poder que confunde mayoría circunstancial con legitimidad democrática. La incorporación masiva de ciudadanos a SeNaSa, acompañada de propaganda política, revela una práctica clientelar que erosiona la confianza pública y degrada la función social del Estado.
Frente a ese panorama, la figura de Leonel Fernández emerge no solo como líder opositor, sino como estadista con memoria histórica y sentido de responsabilidad. Su discurso no se limitó a la denuncia, sino que se ancló en propuestas concretas y compromisos verificables, particularmente con comunidades tradicionalmente olvidadas por el centralismo gubernamental, como La Cuchilla y Medina.
El compromiso asumido con estas demarcaciones —soluciones viales integrales, protección contra crecidas del río, y acceso digno a servicios de salud— contrasta de manera elocuente con la inercia del actual gobierno. Para un dirigente con la experiencia de Fernández, estas obras no son promesas de campaña, sino deberes elementales del Estado frente a zonas productivas que sostienen parte importante de la seguridad alimentaria nacional.
Leonel puso el acento donde más duele al PRM: en la incapacidad de gestión. El colapso de techos en hospitales en construcción y en funcionamiento no es un accidente aislado, sino el síntoma de una administración marcada por la improvisación, la mala supervisión y el desprecio por la calidad del gasto público. “Este es un gobierno al que se le viene cayendo el techo todos los días”, sentenció, sintetizando en una frase el desgaste estructural del oficialismo.
La contundencia del mensaje se ve reforzada por el respaldo político y social evidenciado en la juramentación de líderes comunitarios, exautoridades municipales y dirigentes históricos de otras organizaciones políticas. Estas adhesiones no responden a coyunturas emocionales, sino a una reconfiguración del mapa político local, donde la Fuerza del Pueblo se consolida como opción real de poder.
En Villa Altagracia, Leonel Fernández habló como lo que es: un dirigente que conoce el Estado, que sabe distinguir entre política social y clientelismo, y que entiende que gobernar no es administrar propaganda, sino garantizar derechos. En tiempos de confusión y desgaste institucional, su voz adquiere un peso particular: el de quien advierte que la democracia no se compra, se construye con legitimidad, eficacia y respeto a lo público.
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