Por José Manuel Jerez
En teoría de partidos, no hay contradicción entre “no firmar un acuerdo” y, al mismo tiempo, vivir una reconfiguración política acelerada. Lo que hoy se observa entre la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encaja en un patrón clásico: cuando existe un “jugador con poder de veto” que bloquea la cooperación formal, la política se reorganiza por vías informales, territoriales y personalizadas. Esa dinámica se vuelve más intensa cuanto más cerca se percibe el ciclo electoral de 2028 y cuanto más urgente se hace, para los actores locales, ubicarse en el polo de mayor viabilidad.
El PLD, en este momento, intenta presentarse como eje obligatorio de cualquier alianza. Danilo Medina lo ha formulado en términos inequívocos: apertura a coaliciones, pero “siempre” con el PLD como fuerza principal. Esa postura, lejos de fortalecer al partido, revela un problema de credibilidad: exige centralidad sin demostrar capacidad de arrastre suficiente para imponerla, y coloca el diálogo opositor bajo una condición que muchas bases y cuadros consideran innegociable o, simplemente, inviable.
En paralelo, el propio Danilo ha anunciado una reestructuración interna del PLD y la ruta para definir el perfil del aspirante presidencial. En lenguaje de ciencia política, esto es una señal de “cierre organizativo”: el liderazgo central intenta retomar control del aparato (mesas, recintos, disciplina) justo cuando la militancia territorial está sometida a incentivos distintos: ganar, sobrevivir electoralmente y no quedar atrapada en guerras internas.
Aquí entra el concepto decisivo: veto y costos. Si el presidente del PLD controla el sello, la línea política y, por tanto, la firma de cualquier pacto “partido a partido”, entonces la negociación formal queda prisionera de su voluntad. Pero, si la figura del firmante es también una fuente de polarización, el acuerdo se vuelve tóxico: eleva los costos reputacionales para el socio y facilita al oficialismo encuadrar la elección como “retorno de lo conocido”. Cuando eso ocurre, la racionalidad se desplaza: cooperar de hecho se vuelve más eficiente que pactar por escrito.
Por eso la realidad está hablando más alto que la retórica. El ingreso del exsenador José Del Castillo Saviñón a la FP —acompañado de su equipo— es una muestra empírica del reacomodo: no es un “comentario”, es una transferencia de capital político, de redes y de operadores. En términos de coaliciones, esto equivale a una “alianza por goteo”: se mueven piezas sin necesidad de un documento que comprometa a toda la organización.
Lo mismo revela la juramentación en Santiago de un grupo de alto perfil procedente del PLD (exdiputados, regidores, exregidores y una exgobernadora). Cuando un partido empieza a perder cuadros con influencia local, lo que se erosiona no es solo su discurso nacional: es su maquinaria, su capilaridad y su capacidad de competir en la micro-política territorial. Ese tipo de movimiento no se explica con slogans; se explica con incentivos: los actores locales tienden a coordinarse hacia donde creen que habrá poder y futuro.
Esta dinámica es consistente con lo que Listín Diario ha descrito como una ofensiva simultánea de FP y PLD por el liderazgo opositor, con el riesgo de erosionar eventuales alianzas para 2028. Traducido: la oposición no solo compite contra el PRM; compite por quién encarna la alternativa. En ese choque, el costo del “veto” aumenta, porque la política local no espera a que las cúpulas resuelvan sus antagonismos: se reubica, se adelanta, se protege.
Comparativamente, esto no es raro. En América Latina, cuando el pacto formal es imposible por rivalidades de liderazgo o por cálculos de control interno, la convergencia ocurre por defecciones graduales y acuerdos tácitos: alcaldes que se reposicionan, equipos territoriales que migran, “pactos de convivencia” en plazas clave y coordinación legislativa puntual. Es la coalición sin foto: no tiene acto de firma, pero tiene consecuencias medibles en organización, narrativa y percepción de inevitabilidad.
De cara a 2028, la implicación estratégica es clara: el bloque opositor se ordenará, no por lo que digan quienes manejan las siglas, sino por la suma de decisiones territoriales que construyan viabilidad. Si el jefe del PLD insiste en una centralidad declarativa “por decreto” y su conducción sigue operando como filtro de veto, el partido se expone a una sangría silenciosa: perderá capacidades sin obtener a cambio un acuerdo institucional que le garantice relevancia. Mientras tanto, la Fuerza del Pueblo (FP) seguirá apareciendo —por acumulación de hechos— como polo de atracción y articulación.
Conclusión política: la pregunta ya no es si habrá un pacto formal FP–PLD; la pregunta es si el PLD podrá detener el proceso que ya está en marcha. La historia comparada enseña que, cuando la base percibe que la cúpula administra el partido como propiedad y no como instrumento de poder, la organización deja de ser vehículo y se convierte en jaula. Y cuando eso pasa, la coalición real se construye por fuera del papel. En 2028, el país no va a premiar el ruido; va a escoger entre continuidad y alternativa. Y la alternativa se define por capacidad de sumar futuro, no por autoridad de veto.
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