Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
Roma no habla.
Roma susurra.
Y cuando susurra, no lo hace en los tribunales, sino en los pasillos donde el poder cambia de manos sin dejar huellas.
Todo comenzó como comienzan las historias que parecen pequeñas: con mensajes, con llamadas, con conversaciones que no estaban destinadas a ser leídas por nadie más que por quienes las escribieron.
Pero en el Vaticano —como en la Italia profunda— nada permanece privado cuando toca el nervio del dinero y del poder.
En los años recientes, ese murmullo se volvió audible cuando una serie de procesos judiciales internos, iniciados en 2021, pusieron bajo la luz pública lo que durante décadas había sido administrado en la penumbra: los fondos de la Secretaría de Estado, las inversiones en Londres, y la arquitectura invisible de decisiones que no siempre seguían la lógica de la transparencia.
En el centro de esa trama estaba Francesca Immacolata Chaouqui, mujer de conexiones, de puertas abiertas y teléfonos siempre activos.
Su nombre no era nuevo.
Ya había aparecido en el escándalo Vatileaks 2 (2013–2016), cuando la filtración de documentos internos reveló tensiones profundas dentro del aparato económico de la Santa Sede.
Condenada en 2016 con pena suspendida, Chaouqui no desapareció: permaneció como figura flotante en ese ecosistema romano donde el acceso vale más que el cargo.
A su lado, en una posición menos visible pero no menos decisiva, emergió Genevieve Ciferri.
No apareció en los titulares al inicio, ni en las listas de acusados, pero estaba allí, en el tejido fino de los mensajes, en las conversaciones donde se moldean las voluntades.
Fue a través de intercambios de WhatsApp —publicados por agencias como Associated Press y analizados por medios como Religion News Service en 2025— que su nombre adquirió relevancia: en esos textos se discutía la situación de un testigo clave y la conveniencia de su colaboración con la acusación.
Entre ambas se tejió una línea de influencia que alcanzó a un hombre clave: Alberto Perlasca. Perlasca no era un improvisado.
Era Perlasca estructura.
Durante años, como jefe de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado (2009–2019), gestionó recursos delicados, incluidos fondos vinculados al Óbolo de San Pedro.
Su trayectoria lo había colocado bajo la órbita directa del entonces sostituto Angelo Becciu, figura central en el aparato curial antes de su caída.
En 2019, la Gendarmería Vaticana registró oficinas y domicilios vinculados a la Secretaría de Estado en el marco de la investigación sobre el inmueble de lujo en Londres.
Ese mismo año, el comandante Domenico Giani dimitió tras la filtración de un documento interno confidencial que listaba a los investigados, un episodio que reveló hasta qué punto la lucha por el control del relato era tan importante como la investigación misma.
Perlasca fue apartado, trasladado a la Signatura Apostólica y, posteriormente, pasó de figura investigada a testigo clave de la fiscalía.
Fue en ese tránsito donde su papel se volvió decisivo.
Sus declaraciones permitieron reconstruir la mecánica interna de las operaciones financieras, pero también generaron controversia.
Los mensajes entre Chaouqui y Ciferri, difundidos en la prensa, sugerían intentos de influir en su comportamiento, de orientarlo, de empujarlo hacia una narrativa específica.
La defensa del cardenal Becciu alegó que esos contactos constituían una interferencia indebida en el proceso, mientras que las autoridades vaticanas minimizaron su relevancia judicial.
No era una conspiración de novela.
Era algo más sutil: una construcción del relato en tiempo real, donde cada actor —fiscal, testigo, intermediario— participaba en la configuración de la verdad procesal.
Mientras tanto, en la cúspide administrativa, Edgar Peña Parra asumía el control operativo de la Secretaría de Estado desde 2018.
Su llegada marcó el inicio de una reconfiguración interna tras la salida de Becciu.
No era el autor visible de la trama, pero sí el hombre que heredaba el tablero y reorganizaba las piezas en un contexto de reforma impulsado por el pontificado de Papa Francisco, que buscaba mayor control y transparencia en las finanzas vaticanas.
Bunga Bunga
Y en medio de todo esto, como un eco lejano que ayuda a entender la lógica del poder italiano, reaparecía la memoria del mundo de Silvio Berlusconi y sus célebres noches de “bunga bunga”, objeto de procesos judiciales en Italia en la década de 2010.
Aquellas fiestas —documentadas en sentencias, testimonios y crónicas judiciales italianas— mostraron un sistema donde política, dinero, medios y relaciones personales se entrelazaban sin fronteras claras.
En ese universo aparecieron también nombres de mujeres dominicanas —una identificada en procesos judiciales italianos como María Esther y otra cuya identidad no fue plenamente revelada en documentos públicos— vinculadas a ese entorno social.
No como protagonistas institucionales, sino como parte de un circuito informal donde la proximidad personal podía traducirse en influencia. No es un detalle menor. Es un patrón.
Porque lo que ocurrió en el Vaticano años después no es ajeno a esa cultura.
Es su versión más contenida, más silenciosa, pero no necesariamente distinta en su lógica profunda.
Las dos mujeres —Chaouqui y Ciferri— no eran anomalías.
Eran expresiones de un sistema donde la información circula por canales no oficiales y donde la influencia se ejerce en espacios que no figuran en los organigramas.
Perlasca no fue solo un testigo. Fue el punto de inflexión. Becciu no fue solo un acusado. Fue el símbolo de una etapa que debía cerrarse, como lo confirmó su condena en primera instancia en el proceso vaticano.
Y Roma, como siempre, siguió adelante.
Sin ruido. Sin explicaciones completas. Sin confesiones finales.
Porque en Roma —y lo sabe la gente mejor que nadie— la verdad nunca desaparece.
Solo cambia de lugar.
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