Por José Manuel Jerez
La reconfiguración del sistema internacional ha colocado a América Latina y el Caribe ante una encrucijada estratégica. En un mundo marcado por la rivalidad entre grandes potencias, la coerción económica y la fragmentación del multilateralismo, la región oscila entre tres opciones: la irrelevancia, el alineamiento automático o la construcción de una estrategia propia.
Históricamente, América Latina ha participado del orden internacional más como espacio de proyección de intereses ajenos que como sujeto articulador de reglas. Esta condición periférica se ha visto agravada por la fragmentación política regional y la ausencia de proyectos sostenidos de inserción internacional.
Sin embargo, el contexto actual abre también oportunidades. Algunos Estados de la región reúnen características objetivas de potencias medias: peso económico relativo, estabilidad institucional, ubicación geopolítica estratégica y capacidad diplomática. Convertir estas potencialidades en influencia real exige una redefinición profunda de la política exterior.
Desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, una estrategia propia implica asumir el derecho internacional como instrumento, no como sustituto de la política. La defensa de la soberanía constitucional, el respeto al consentimiento estatal y la delimitación clara de competencias internacionales resultan condiciones indispensables para una inserción legítima y sostenible.
El alineamiento acrítico con una u otra potencia global ofrece beneficios inmediatos, pero genera costos estructurales a largo plazo. Dependencias económicas, vulnerabilidad estratégica y erosión de la autonomía decisoria son consecuencias recurrentes de esta opción.
Por el contrario, la irrelevancia internacional no protege la soberanía. Los Estados que renuncian a articular intereses propios terminan siendo igualmente afectados por decisiones externas, pero sin capacidad de incidir en su formulación.
La alternativa viable para América Latina y el Caribe reside en la construcción de estrategias nacionales coherentes, complementadas por formas flexibles de cooperación regional y alianzas selectivas con otras potencias medias. Este enfoque permite ampliar márgenes de maniobra sin sacrificar autonomía.
En este proceso, el fortalecimiento del Estado constitucional resulta central. Sin institucionalidad sólida, seguridad jurídica y legitimidad democrática interna, ninguna estrategia internacional puede sostenerse en el tiempo.
En conclusión, el siglo XXI exige a América Latina y el Caribe abandonar tanto la pasividad como el alineamiento reflejo. Para los Estados con vocación de potencia media, el desafío consiste en transformar capacidades latentes en poder efectivo, utilizando el Derecho Internacional como herramienta para preservar soberanía, dignidad política y capacidad de decisión propia.
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