Por José Manuel Jerez
El reciente discurso de Leonel Fernández, pronunciado en el acto de juramentación de José del Castillo Saviñón y su equipo político en la Fuerza del Pueblo, constituye una de las críticas más severas y estructuradas formuladas hasta ahora contra la gestión económica y administrativa del gobierno del PRM. Lejos de una denuncia coyuntural, Fernández trazó un diagnóstico político claro sobre las consecuencias de una política pública que ha relegado la producción nacional en favor de intereses importadores vinculados al poder.
Desde el inicio, el líder opositor colocó el debate en el terreno correcto: la seguridad alimentaria como responsabilidad esencial del Estado. El retorno de la escasez y el encarecimiento de productos básicos como el pollo y los huevos no es un fenómeno accidental, sino el resultado directo de decisiones improvisadas, carentes de visión estratégica y desconectadas de la realidad productiva dominicana.
Fernández fue categórico al señalar que el actual gobierno ha sido incapaz de resolver un problema tan elemental como garantizar alimentos accesibles para la población. Que la libra de pollo alcance precios prohibitivos no solo genera malestar social, sino que evidencia la ausencia de una política agropecuaria coherente y sostenida, sustituida por medidas reactivas que agravan el problema que dicen resolver.
El ejemplo de la importación de pollo sin aranceles resume la lógica fallida del PRM. Bajo la apariencia de una solución rápida, el gobierno optó por destruir los incentivos de los productores nacionales, condenándolos a competir en condiciones desiguales frente a importaciones masivas. El resultado fue previsible: desinversión local, menor producción interna y dependencia creciente del exterior.
En contraste, Fernández expuso con claridad cuál habría sido una política racional y responsable: apoyar a los productores avícolas mediante la importación sin aranceles de insumos estratégicos como maíz, soya y vitaminas. Esta alternativa, orientada a fortalecer la capacidad productiva nacional, habría aumentado la oferta, reducido los precios y protegido al sector agropecuario, demostrando que el problema no es la escasez, sino la mala gestión.
Más grave aún es que esta política no se limita al sector avícola. El crecimiento exponencial de las importaciones agropecuarias, que pasaron de unos 3 mil millones de dólares en 2020 a más de 7 mil millones en la actualidad, revela un modelo económico que ha optado por debilitar deliberadamente la producción nacional en beneficio de grupos importadores cercanos al oficialismo.
Este patrón confirma una forma de gobernar basada en la improvisación sistemática, el cortoplacismo y la utilización del Estado como instrumento de negocios y clientelismo. La Administración Pública, lejos de actuar como promotora del desarrollo productivo, se ha convertido en facilitadora de distorsiones que golpean directamente al productor local y al consumidor.
En el plano político-electoral, la advertencia de Fernández adquiere una dimensión aún más delicada. Las denuncias sobre el uso de recursos públicos para comprar voluntades políticas y financiar campañas electorales —desde Aerodom hasta SeNaSa— configuran un cuadro preocupante de degradación institucional y abuso del poder.
La frase final del discurso resume el momento histórico que vive el país: “o jugamos todos o se rompe la baraja”. No se trata solo de una consigna electoral, sino de una advertencia política y democrática. La crisis actual no se resolverá con ajustes cosméticos, sino con un cambio profundo en la forma de gobernar, porque la improvisación, la falta de dirección y el agotamiento del modelo del PRM constituyen hoy el principal obstáculo para el desarrollo económico e institucional de la República Dominicana.
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