Por José Manuel Jerez
La reciente afirmación del presidente Luis Abinader, en el sentido de que estaría dispuesto a acudir a los tribunales de Francia a interponer una “querella” contra Vinci Airports, empresa matriz de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), constituye una grave improcedencia jurídica y una preocupante banalización del lenguaje del Derecho ante la opinión pública.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el conflicto entre el Estado dominicano y Aerodom —de existir incumplimientos— se ubica de manera inequívoca en el ámbito de la responsabilidad contractual. Se trata de una relación regida por un contrato de concesión administrativa, con obligaciones recíprocas claramente definidas y con mecanismos específicos de solución de controversias previamente pactados.
Hablar de “querella” supone trasladar el debate al terreno del Derecho Penal, propio de la responsabilidad delictual o cuasidelictual. La querella es una figura procesal penal, vinculada a la persecución de infracciones criminales, no a controversias derivadas del eventual incumplimiento de obligaciones contractuales entre un Estado y un concesionario privado.
Esta confusión no es menor ni meramente semántica. Revela, en el mejor de los casos, un desconocimiento preocupante de las categorías fundamentales del Derecho; y en el peor, un intento deliberado de dramatizar un conflicto jurídico-administrativo para consumo mediático, desplazando la atención de los verdaderos instrumentos legales que el Estado tiene a su disposición.
Si el Estado dominicano considera que Aerodom ha incumplido sus obligaciones contractuales, la vía correcta es la activación de los mecanismos previstos en el propio contrato: reclamaciones administrativas, penalidades contractuales, arbitraje internacional o jurisdicción contenciosa-administrativa, según corresponda. No existe espacio jurídico alguno para una “querella” penal en este contexto.
Aún más grave resulta la mención de tribunales franceses, cuando los contratos de concesión de esta naturaleza suelen establecer cláusulas precisas de jurisdicción y ley aplicable. Ignorar o tergiversar estas cláusulas equivale a desconocer el principio de seguridad jurídica que debe regir las relaciones entre el Estado y los inversionistas.
El mensaje transmitido al país es profundamente irresponsable. Se proyecta la imagen de un Estado que no distingue entre responsabilidad contractual y responsabilidad penal, y que aparenta improvisación jurídica en asuntos de alto impacto económico, institucional y reputacional para la República Dominicana.
Pero el trasfondo real de esta retórica grandilocuente resulta aún más grave. El propio gobierno del presidente Abinader decidió renegociar anticipadamente el contrato de concesión con Aerodom cuando todavía restaban siete años para su vencimiento, no por razones estratégicas de interés público, sino con el objetivo evidente de obtener un adelanto superior a los setecientos millones de dólares estadounidenses.
Ese adelanto financiero, presentado como una supuesta victoria de gestión, terminó convirtiéndose en un mecanismo de liquidez política orientado a sostener el gasto y la maquinaria electoral del oficialismo en el proceso de 2024. Resulta, por tanto, cínico e intelectualmente deshonesto amenazar hoy con acciones judiciales improcedentes contra la misma empresa con la que se negoció apresuradamente para financiar un proyecto de continuidad en el poder.
En definitiva, la declaración presidencial no solo es jurídicamente insostenible, sino políticamente reveladora. No estamos ante un ejercicio serio de defensa del interés nacional, sino ante una nueva burla al pueblo dominicano: primero se compromete el futuro contractual del Estado para “comprar” elecciones, y luego se recurre al espectáculo jurídico para encubrir responsabilidades políticas que tarde o temprano deberán ser explicadas.
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