Santo Domingo. – Un colectivo compuesto por siete reconocidos abogados penalistas solicitó formalmente al procurador general titular de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, abrir una investigación exhaustiva sobre los fiscales que tramitaron órdenes de arresto y allanamiento contra personas que posteriormente fallecieron en supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional.
Control de legalidad y alcance de la solicitud.
La instancia depositada este 11 de noviembre lleva las firmas de los juristas Carlos Balcácer, Cándido Simón Polanco, Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ventura, Ibo René Sánchez, Manuel Sierra Pérez y Valentín Medrano Peña, quienes sostienen que las indagatorias no deben limitarse a la actuación de los agentes actuantes en el terreno:
Trazabilidad de las órdenes judiciales: Los denunciantes demandan requerir a la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, dirigida por la jueza Kenya Romero, los nombres de los fiscales que solicitaron los mandamientos, quiénes los retiraron, las fechas de entrega a la Policía y si se encontraban vigentes al momento de las intervenciones.
Supervisión y actas procesales: Se solicita examinar la actuación posterior de los representantes del Ministerio Público, identificando a quienes levantaron o firmaron las actas procesales, inspeccionar los informes periciales, autopsias, análisis balísticos, registros de evidencias y grabaciones de cámaras de seguridad para verificar la veracidad de las versiones de enfrentamiento.
Fundamento legal: La petición se ampara en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (No. 133-11), que faculta a los procuradores de corte a fiscalizar el trabajo de las fiscalías de su jurisdicción e intervenir ante posibles negligencias u omisiones en la dirección funcional de las investigaciones.
Antecedentes y cifras bajo cuestionamiento.
El abogado Carlos Balcácer enfatizó que una orden judicial autoriza la detención de un imputado para presentarlo ante los tribunales, no para causar su muerte. Los juristas cuestionaron además el uso del término "clave 29″ en las comunicaciones policiales, señalando que requiere comprobación pericial sobre su vinculación con los decesos.
Esta iniciativa se suma a las acciones emprendidas por el grupo en octubre pasado, cuando interpusieron una querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García. El colectivo señala haber contabilizado 47 fallecimientos en intervenciones policiales entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de 2026, una cifra que asciende a 116 personas reportadas muertas en presuntos intercambios de disparos desde septiembre hasta la fecha.
En Foco continuará dando seguimiento a la respuesta del Ministerio Público y al curso legal de esta instancia.

