San Pedro de Macorís. – La ciudadana venezolana Mildred Alexandra Rivas Felizola denunció que la falta de entrega de la sentencia íntegra por parte del tribunal colegiado de esta jurisdicción le impide interponer un recurso de apelación contra el fallo que declaró extinguida la acción penal en favor del militar y empresario Orlando Ramírez Martínez, acusado por el Ministerio Público de violencia de género agravada y trata de personas.
Retraso procesal y queja formal del Ministerio Público.
El pasado 2 de octubre, los jueces Carlos Peña Martínez, Delfina Phillipes Silvestre y Johan Manuel Medina Polanco acogieron un pedimento de la defensa para declarar la extinción del proceso por vencimiento del plazo máximo de duración, tras haber asumido el expediente luego de la inhibición de los magistrados titulares anteriores.
Aunque el órgano judicial fijó la lectura íntegra del dispositivo para el 23 de octubre, el documento oficial aún no ha sido notificado a las partes, bloqueando el inicio del plazo legal para recurrir la decisión. Ante esta demora, la procuradora adjunta y coordinadora del caso, María del Carmen De León, depositó inicialmente una instancia de pronto despacho y, posteriormente, formalizó una queja por retardo de justicia al advertir la vulneración de los derechos procesales de la víctima.
Antecedentes del litigio y reclamo de garantías.
El expediente contra Ramírez Martínez se remonta al año 2022, fecha en que un tribunal dictó auto de apertura a juicio. Sin embargo, múltiples aplazamientos impidieron que el Ministerio Público presentara formalmente su acusación en el juicio de fondo, escenario que culminó con la declaratoria de extinción a la que se opuso la representante fiscal al sostener que la dilación perjudicaba directamente a la querellante.
Familiares y allegados de Rivas Felizola solicitaron la intervención urgente de los órganos superiores del Poder Judicial para ordenar la entrega inmediata de la sentencia y garantizar el debido proceso. En términos jurídicos, la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo responde exclusivamente a un criterio procedimental sobre el tiempo transcurrido y no constituye una declaratoria sobre la inocencia o culpabilidad del imputado.
En Foco continuará dando seguimiento a la respuesta del Poder Judicial y al curso de la queja por retardo de justicia en este expediente.
San Pedro de Macorís. – La ciudadana venezolana Mildred Alexandra Rivas Felizola denunció que la falta de entrega de la sentencia íntegra por parte del tribunal colegiado de esta jurisdicción le impide interponer un recurso de apelación contra el fallo que declaró extinguida la acción penal en favor del militar y empresario Orlando Ramírez Martínez, acusado por el Ministerio Público de violencia de género agravada y trata de personas.
Retraso procesal y queja formal del Ministerio Público.
El pasado 2 de octubre, los jueces Carlos Peña Martínez, Delfina Phillipes Silvestre y Johan Manuel Medina Polanco acogieron un pedimento de la defensa para declarar la extinción del proceso por vencimiento del plazo máximo de duración, tras haber asumido el expediente luego de la inhibición de los magistrados titulares anteriores.
Aunque el órgano judicial fijó la lectura íntegra del dispositivo para el 23 de octubre, el documento oficial aún no ha sido notificado a las partes, bloqueando el inicio del plazo legal para recurrir la decisión. Ante esta demora, la procuradora adjunta y coordinadora del caso, María del Carmen De León, depositó inicialmente una instancia de pronto despacho y, posteriormente, formalizó una queja por retardo de justicia al advertir la vulneración de los derechos procesales de la víctima.
Antecedentes del litigio y reclamo de garantías.
El expediente contra Ramírez Martínez se remonta al año 2022, fecha en que un tribunal dictó auto de apertura a juicio. Sin embargo, múltiples aplazamientos impidieron que el Ministerio Público presentara formalmente su acusación en el juicio de fondo, escenario que culminó con la declaratoria de extinción a la que se opuso la representante fiscal al sostener que la dilación perjudicaba directamente a la querellante.
Familiares y allegados de Rivas Felizola solicitaron la intervención urgente de los órganos superiores del Poder Judicial para ordenar la entrega inmediata de la sentencia y garantizar el debido proceso. En términos jurídicos, la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo responde exclusivamente a un criterio procedimental sobre el tiempo transcurrido y no constituye una declaratoria sobre la inocencia o culpabilidad del imputado.
En Foco continuará dando seguimiento a la respuesta del Poder Judicial y al curso de la queja por retardo de justicia en este expediente.

