Por José Manuel Jerez
El financiamiento público de los partidos políticos no es un privilegio ni una dádiva que el Gobierno pueda recortar a su antojo. Es una garantía estructural del sistema democrático. Su razón de ser es clara: evitar que la política sea capturada por el dinero privado o subordinada al poder del Estado. Cuando se debilita ese financiamiento, no se castiga a los partidos; se distorsiona la democracia.
Lo que hoy intenta el Gobierno no es una política de austeridad: es una operación política. Y conviene decirlo sin eufemismos. Bajo el disfraz de un supuesto “sacrificio compartido”, se ejecuta un recorte que, en los hechos, golpea selectivamente a la oposición y preserva intacta la capacidad de maniobra del oficialismo. Esa no es austeridad: es ventaja estructural disfrazada de moralidad pública.
Pero el problema no se limita al fondo; el método es aún más revelador. Mientras se convocan diálogos, mesas de trabajo y encuentros “institucionales”, las decisiones reales se toman a espaldas de los actores políticos afectados. Lo que se presenta como consenso es, en realidad, escenografía.
Resulta particularmente grave que el Gobierno pretenda justificar esta medida con argumentos económicos que ni siquiera resisten el contraste con su propio discurso. Si el país goza de estabilidad macroeconómica, entonces ¿dónde está la urgencia fiscal?
En términos presupuestarios, el recorte es insignificante para el Estado, pero devastador para el sistema de partidos. Lo que no impacta las cuentas públicas, sí impacta el equilibrio democrático.
Y ahí radica la verdadera intención: debilitar al adversario institucional donde el aplauso fácil está garantizado. Gobernar no es aprovechar prejuicios, es corregirlos.
Desde la perspectiva del Derecho Constitucional, la medida es profundamente cuestionable. Alterar unilateralmente las condiciones del pluralismo político equivale a manipular las reglas del juego desde el poder.
No hay que ser ingenuos: este movimiento tiene proyección hacia el 2028. Y cuando el poder utiliza el presupuesto como herramienta política, la democracia entra en terreno peligroso.
El daño es institucional. Cada decisión unilateral erosiona la credibilidad del Gobierno y vacía el diálogo de contenido real.
Esto no es un ajuste: es un síntoma. Y una democracia donde el poder juega con ventaja no es una democracia plena, sino una democracia en retroceso.
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