Por José Manuel Jerez
La reciente declaración de Leonel Fernández no constituye únicamente una reacción política frente al nuevo intento de reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Se trata, en realidad, de una denuncia frontal contra una práctica que comienza a perfilarse como una peligrosa política de debilitamiento sistemático de la oposición dominicana. Y cuando un sistema democrático empieza a castigar económicamente a la oposición mientras el partido oficial controla el aparato estatal, lo que está en juego ya no es un simple debate presupuestario: es el equilibrio mismo de la democracia.
La frase de Fernández —“recórtenle el cien por ciento al PRM porque esos sí saben dónde se ordeña la vaca”— tiene una enorme carga política porque apunta directamente al núcleo del problema: la asimetría entre un partido oficialista que dispone del poder estatal y unas organizaciones opositoras que dependen, en gran medida, del financiamiento legalmente establecido para poder sobrevivir institucionalmente. En cualquier democracia mínimamente funcional, el financiamiento público existe precisamente para impedir que el partido gobernante monopolice los recursos, capture el sistema político y convierta el poder económico del Estado en una ventaja electoral permanente.
Lo verdaderamente grave es que mientras el Gobierno intenta justificar el recorte bajo argumentos de austeridad fiscal, simultáneamente se mantiene intacta una estructura gigantesca de gasto público en publicidad, propaganda, asesorías, nóminas superpuestas, viáticos, privilegios administrativos y uso político de los recursos estatales. Es decir, no se está reduciendo el gasto político real del poder; se está intentando reducir exclusivamente la capacidad operativa de la oposición. Y eso transforma el debate presupuestario en un problema profundamente democrático y constitucional.
La Constitución dominicana reconoce a los partidos políticos como instituciones de interés público y vehículos esenciales de la participación democrática. No son asociaciones privadas ordinarias. Su función constitucional consiste en canalizar la representación política, formar ciudadanía, estructurar el pluralismo y garantizar la competencia democrática. Debilitar financieramente a los partidos de oposición implica, por tanto, erosionar directamente el pluralismo político previsto por la Constitución de la República.
Más aún, resulta imposible ignorar la contradicción política señalada por Fernández respecto de los 750 millones de dólares recibidos por el Estado dominicano tras la renegociación contractual con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM). El Gobierno anunció grandes obras de infraestructura: puentes, soluciones viales y proyectos estratégicos que todavía hoy no aparecen materializados en la dimensión prometida. La pregunta política es inevitable: si existen recursos extraordinarios recibidos por el Estado, ¿por qué el sacrificio fiscal siempre termina descargándose sobre el sistema democrático y no sobre las estructuras de gasto improductivo del propio Gobierno?
La situación se vuelve todavía más delicada cuando se observa el contexto completo. Primero se produjo una reducción previa de más del 50% del financiamiento establecido legalmente; ahora se pretende una nueva disminución sobre el monto ya reducido. En términos reales, lo que se persigue es llevar a los partidos políticos a operar prácticamente en condiciones de asfixia institucional. Eso implica cierre de locales, despidos de personal, paralización de programas de formación política, suspensión de actividades de afiliación, reducción de la educación cívica y debilitamiento general de la vida democrática.
Lo preocupante no es únicamente el impacto financiero. Lo verdaderamente alarmante es el mensaje político que se envía: el poder parece considerar que los partidos solo son útiles cuando legitiman procesos electorales, pero resultan incómodos cuando ejercen oposición real. Ese enfoque termina degradando la democracia hacia un modelo plebiscitario donde el oficialismo pretende conservar toda la capacidad económica, mediática e institucional, mientras la oposición es empujada progresivamente hacia la precariedad.
En las democracias modernas, el financiamiento público de los partidos no constituye un privilegio: es una garantía de equilibrio democrático. Precisamente por eso las grandes democracias constitucionales establecen mecanismos de financiamiento estatal, supervisión electoral y distribución relativamente equilibrada de recursos. La lógica es sencilla: sin recursos mínimos, la oposición desaparece o queda subordinada a intereses económicos privados mucho más peligrosos para la transparencia democrática.
El planteamiento de Leonel Fernández tiene además una dimensión simbólica de enorme relevancia: mientras el oficialismo pretende presentarse como adalid de austeridad frente a los partidos, el país sigue observando enormes niveles de gasto propagandístico estatal y una expansión permanente de estructuras gubernamentales. Esa contradicción alimenta la percepción de que el verdadero objetivo no es ahorrar recursos públicos, sino reducir la capacidad competitiva de las fuerzas opositoras de cara al futuro político dominicano.
La democracia no se destruye únicamente mediante golpes de Estado o rupturas constitucionales abruptas. También puede erosionarse lentamente mediante mecanismos financieros, administrativos y mediáticos que van debilitando progresivamente a la oposición hasta producir un sistema políticamente desequilibrado. Y precisamente por eso el debate sobre el financiamiento público de los partidos ya no puede verse como un simple asunto contable: se trata de una discusión sobre la calidad, la estabilidad y el futuro mismo de la democracia dominicana.
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