Por José Manuel Jerez
La reciente posición asumida por la Junta Central Electoral constituye, sin lugar a dudas, uno de los actos institucionales más responsables, valientes y trascendentes de los últimos años en defensa de la estabilidad democrática de la República Dominicana. En momentos en que sectores del poder han pretendido relativizar la importancia del financiamiento público de los partidos políticos, el órgano electoral ha decidido colocarse del lado de la Constitución, de la legalidad y de la preservación del equilibrio democrático nacional.
El comunicado emitido por la autoridad electoral no deja espacio para interpretaciones ambiguas. La Junta Central Electoral advirtió, con absoluta claridad, que una nueva reducción de los fondos legalmente asignados a los partidos políticos “tendría un impacto negativo en los principios de certidumbre, legalidad e integridad electoral, además de la equidad en la contienda, la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia, sustentada en el sistema de partidos”. Esa afirmación no es una simple observación administrativa; es una advertencia institucional de enorme gravedad política y constitucional.
La valentía de la Junta adquiere todavía mayor relevancia si se toma en consideración el contexto en que se produce. Durante cinco años consecutivos, el sistema de partidos ha sido sometido a una política sistemática de reducción presupuestaria que, en los hechos, ha significado un despojo multimillonario contrario al espíritu de la Constitución, de la Ley 20-23 y de los principios democráticos que sustentan el pluralismo político. Lo más preocupante no es únicamente el recorte en sí mismo, sino la peligrosa normalización del debilitamiento financiero de las organizaciones políticas, precisamente en un país cuya estabilidad democrática ha descansado históricamente sobre la fortaleza de su sistema partidario.
La Junta Central Electoral ha comprendido algo esencial: los partidos políticos no son simples estructuras electorales ni instrumentos coyunturales de competencia. Son instituciones constitucionales fundamentales para el funcionamiento del Estado democrático y social de derecho. Sin partidos fuertes, organizados y con capacidad operativa mínima, no existe verdadera democracia representativa, ni competencia equilibrada, ni posibilidad real de alternancia en el poder. Debilitar financieramente a los partidos no es castigar a dirigencias políticas; es erosionar progresivamente las bases estructurales del sistema democrático dominicano.
Resulta imposible ignorar, además, la contradicción política que encierra esta nueva tentativa de reducción presupuestaria. Mientras se procura limitar los recursos de los partidos opositores, el Estado ha experimentado un crecimiento exponencial del gasto corriente, de la nómina pública, de los programas asistenciales y del endeudamiento estatal. La utilización expansiva de recursos públicos con fines de consolidación política contrasta peligrosamente con el debilitamiento financiero de las organizaciones partidarias llamadas precisamente a ejercer funciones de oposición, fiscalización y equilibrio democrático.
En ese contexto, la posición asumida por la Junta Central Electoral trasciende lo meramente administrativo y se convierte en una auténtica defensa institucional de la equidad electoral. La democracia no puede existir bajo condiciones donde el poder político dispone de toda la maquinaria estatal mientras las organizaciones opositoras son financieramente asfixiadas. La competencia democrática requiere reglas equilibradas, seguridad jurídica y garantías mínimas de funcionamiento para todos los actores del sistema político.
La historia reciente demuestra, además, que las promesas gubernamentales de rectificación nunca se materializaron. Desde el primer recorte aplicado en el presupuesto del año 2021, bajo el argumento de financiar la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Este, el país ha observado cómo la reducción se mantuvo de forma continua durante los años posteriores. Peor aún, la ciudadanía todavía desconoce una explicación transparente y detallada sobre el destino exacto de los recursos sustraídos al financiamiento partidario. La falta de rendición de cuentas alrededor de esos fondos incrementa las dudas legítimas sobre la verdadera motivación de la política de recortes.
Por eso, el pronunciamiento de la Junta Central Electoral representa también una reivindicación del principio de seguridad jurídica. Las reglas democráticas no pueden ser modificadas arbitrariamente según conveniencias coyunturales del poder político. El financiamiento público de los partidos fue concebido precisamente para evitar desigualdades extremas, reducir la dependencia de intereses privados y garantizar que cualquier organización política pudiera competir dentro de parámetros razonablemente equitativos. Alterar constantemente ese equilibrio amenaza directamente la legitimidad del sistema electoral.
La República Dominicana ha logrado construir, con enormes sacrificios históricos, un modelo de estabilidad democrática basado en la competencia política pacífica, la alternancia constitucional y el respeto institucional. Ese logro no puede darse por sentado. En múltiples países de América Latina, el debilitamiento progresivo de los partidos terminó erosionando la confianza ciudadana, favoreciendo el personalismo y debilitando peligrosamente la institucionalidad democrática. La Junta Central Electoral parece haber entendido que proteger el sistema de partidos equivale, en esencia, a proteger la propia democracia dominicana.
Por todo ello, la posición asumida por la Junta merece el reconocimiento del país entero. En tiempos donde muchas instituciones optan por el silencio, la complacencia o la subordinación política, la autoridad electoral ha decidido levantar con firmeza la bandera de la legalidad, de la equidad electoral y de la defensa del pluralismo democrático. Esa actitud honra la responsabilidad histórica que la Constitución le confiere y fortalece la confianza ciudadana en una de las instituciones más importantes de la vida republicana nacional.
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