Por José Manuel Jerez
La reciente intervención de Leonel Fernández en “La Voz del Pueblo” no constituyó simplemente una crítica coyuntural al manejo económico del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM). En realidad, representó un intento de reconstrucción narrativa del debate nacional sobre la economía dominicana, desplazando el eje de discusión desde los factores internacionales hacia las responsabilidades estructurales internas del actual modelo de gestión gubernamental. La tesis central expuesta por el exmandatario fue clara: la crisis económica que actualmente experimenta la República Dominicana no nació en el conflicto del Medio Oriente, sino en la expansión descontrolada del gasto corriente, el endeudamiento acelerado y la utilización clientelar del aparato estatal con fines político-electorales.
La relevancia política de ese planteamiento radica en que desmonta uno de los principales mecanismos discursivos utilizados históricamente por los gobiernos en contextos de deterioro económico: la externalización de responsabilidades. Desde la teoría política y económica contemporánea, resulta recurrente que los gobiernos intenten atribuir las crisis domésticas a variables exógenas —guerras, pandemias, choques petroleros o crisis financieras internacionales— con el propósito de reducir el costo político interno de sus decisiones. Sin embargo, la argumentación desarrollada por Fernández procura demostrar que, aun reconociendo el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente, la fragilidad económica dominicana precedía a dicho escenario y ya mostraba síntomas visibles de deterioro fiscal y administrativo.
La afirmación de que la actual situación constituye una “austeridad cosmética” posee un contenido doctrinal particularmente significativo. En términos de administración pública, la austeridad genuina implica una reorganización estructural del gasto estatal, priorizando inversión productiva, racionalización burocrática y sostenibilidad fiscal. No obstante, lo que Fernández denuncia es un fenómeno distinto: la coexistencia contradictoria entre un discurso oficial de contención y una expansión simultánea de la nómina pública, de los subsidios y del gasto corriente. Esa contradicción es precisamente la que él define como “ambigüedad”, y sobre la cual construye su crítica política principal.
Desde una perspectiva de economía política, el señalamiento relativo al crecimiento del gasto corriente resulta especialmente delicado. Históricamente, las economías en desarrollo enfrentan severas dificultades cuando el gasto improductivo comienza a absorber porcentajes crecientes del presupuesto nacional, reduciendo la capacidad de inversión en infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo. Los datos presentados por Fernández apuntan precisamente hacia esa dirección: un incremento del gasto público de 87.5 % entre 2019 y 2025, acompañado de un rezago del gasto de capital y de un crecimiento acelerado de la deuda pública. En otras palabras, el Estado estaría gastando cada vez más, pero invirtiendo relativamente menos.
El tema del endeudamiento constituye, además, uno de los puntos más sensibles del debate contemporáneo sobre gobernabilidad económica. El aumento de la deuda del sector público no financiero desde aproximadamente 38 mil millones de dólares en 2020 hasta más de 66 mil millones en 2026 no sólo representa una cifra contable; implica también una transformación profunda de las capacidades futuras del Estado. A mayor deuda, mayor presión sobre el presupuesto vía intereses, menor margen para políticas públicas expansivas y mayor dependencia de organismos financieros internacionales. En términos estratégicos, el endeudamiento excesivo termina limitando la soberanía fiscal del Estado y condicionando la toma de decisiones futuras.
Pero quizás el aspecto políticamente más potente de la intervención de Fernández fue la incorporación de testimonios ciudadanos dentro del esquema argumentativo de “La Voz del Pueblo”. Esa decisión comunicacional no es casual. La combinación entre estadísticas macroeconómicas y relatos concretos de pequeños empresarios, odontólogos, comerciantes y propietarios de salones de belleza busca traducir cifras abstractas en experiencias humanas reconocibles. En términos de comunicación política, ello permite conectar el discurso técnico con las percepciones emocionales y sociales de amplios sectores de la población.
El problema eléctrico ocupa igualmente un lugar central dentro de la crítica formulada por el expresidente. El incremento sostenido de las transferencias estatales al sector energético, acompañado del crecimiento de las pérdidas del sistema, evidencia una crisis estructural que ningún gobierno ha logrado resolver plenamente. Sin embargo, el señalamiento realizado por Fernández pretende demostrar que el actual modelo no sólo ha sido incapaz de corregir esas distorsiones históricas, sino que además ha incrementado significativamente el costo fiscal del problema. Desde la teoría de políticas públicas, ello constituye un indicador clásico de ineficiencia administrativa: mayores recursos invertidos con peores resultados operativos.
La intervención también deja entrever un debate más profundo sobre la naturaleza misma del Estado dominicano contemporáneo. El crecimiento acelerado de la nómina pública, denunciado por Fernández, revive una vieja discusión latinoamericana sobre clientelismo, burocratización y utilización partidaria de los recursos estatales. Cuando el empleo público deja de responder prioritariamente a criterios de eficiencia administrativa y comienza a operar como mecanismo de sostenimiento político-electoral, el aparato estatal tiende a perder capacidad técnica, aumentar su costo operativo y deteriorar progresivamente su legitimidad social.
Desde luego, la exposición de Fernández también posee un claro objetivo político-electoral. La Fuerza del Pueblo procura posicionarse como alternativa de experiencia, planificación y racionalidad administrativa frente a un gobierno al que acusa de improvisación y desorden fiscal. En ese sentido, “La Voz del Pueblo” no sólo funcionó como un ejercicio de oposición política, sino como un intento de reposicionamiento estratégico del liderazgo opositor alrededor de la idea de capacidad gerencial y estabilidad económica.
Sin embargo, más allá de la confrontación partidaria inmediata, la discusión planteada abre un debate nacional mucho más amplio y trascendental: el relativo a la sostenibilidad futura del modelo económico dominicano. La República Dominicana ha mantenido durante décadas uno de los mayores niveles de crecimiento económico de América Latina, pero ese crecimiento comienza a enfrentar tensiones estructurales vinculadas al endeudamiento, la dependencia energética, la inflación importada, el gasto improductivo y las limitaciones institucionales del aparato estatal. La advertencia formulada por Fernández apunta precisamente hacia esa preocupación: si el crecimiento económico no viene acompañado de disciplina fiscal, eficiencia administrativa y planificación estratégica, las consecuencias terminarán trasladándose inevitablemente sobre la población mediante aumento del costo de vida, deterioro de servicios públicos y pérdida progresiva de capacidad adquisitiva.
En suma, la intervención de Leonel Fernández representa mucho más que un episodio de oposición coyuntural. Constituye la reactivación de un debate histórico sobre el modelo de Estado, la racionalidad del gasto público y la relación entre democracia, clientelismo y sostenibilidad económica. Y precisamente ahí radica su verdadero impacto político: en haber colocado nuevamente sobre la mesa una pregunta fundamental para el futuro dominicano: ¿puede sostenerse indefinidamente un modelo basado en expansión del gasto corriente, endeudamiento creciente y subsidios permanentes sin comprometer la estabilidad futura del país?
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