New York, Estados Unidos. – El politólogo, ingeniero, dirigente político y vicesecretario Félix Santiago Corona Guerrero afirmó que la población de San Juan de la Maguana recibió con satisfacción la decisión de paralizar el proyecto minero Romero, de la empresa GoldQuest, aunque consideró que la medida gubernamental debió tomarse mucho antes para evitar el conflicto socioambiental que se generó en la provincia.
Corona Guerrero sostuvo que el rechazo masivo de la población convirtió el proyecto en una iniciativa inviable, tanto desde el punto de vista social como ambiental, argumentando que la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales establece claramente la obligación de proteger los recursos hídricos, los suelos, los bosques y la biodiversidad por encima de cualquier interés económico.
“El caso de San Juan demuestra una verdad fundamental: la protección del medio ambiente y la soberanía popular deben prevalecer sobre cualquier proyecto que amenace los recursos naturales y la sostenibilidad de nuestras comunidades”, expresó.
El dirigente explicó que la legislación ambiental dominicana regula el uso de los recursos naturales y establece normas de protección para las zonas cercanas a cuerpos de agua, por lo que, a su juicio, el proyecto Romero no era ambientalmente viable.
Indicó además que lo ocurrido en San Juan de la Maguana “no fue un simple episodio de protesta”, sino la manifestación de un pueblo que salió a defender su derecho a existir frente a un modelo de desarrollo que, según afirmó, pone en peligro sus recursos naturales y su capacidad productiva.

Corona Guerrero recordó que la zona donde se pretendía desarrollar la actividad minera forma parte de un valle montañoso en la Cordillera Central, caracterizado por importantes nacimientos de ríos, arroyos y manantiales, lo que convierte el área en una reserva hídrica estratégica para toda la región Sur del país.
Advirtió que la explotación minera en un ecosistema de esa naturaleza podría provocar impactos irreversibles sobre el medio ambiente, incluyendo la alteración del flujo natural del agua, la deforestación de áreas sensibles, la erosión de los suelos y la posible contaminación de fuentes hídricas.
Asimismo, señaló que el uso de sustancias químicas en los procesos de extracción y separación de minerales representa un riesgo adicional para el subsuelo y los cuerpos de agua, afectando tanto la biodiversidad como el abastecimiento humano.
El dirigente destacó además la importancia de la cuenca alta del río Yaque del Sur, considerada una de las principales reservas hídricas de la región. Entre los afluentes mencionó los ríos San Juan, Maguana, Mijo, Sabaneta, Macías, Las Marías y Dajay, los cuales desempeñan un papel fundamental para la agricultura y el equilibrio ecológico de la provincia.
En ese sentido, Corona Guerrero reiteró que la defensa del medio ambiente y de la producción agrícola debe ser una prioridad nacional, debido a que la economía de San Juan depende en gran medida de la disponibilidad de agua limpia y segura para la producción agropecuaria.
Finalmente, sostuvo que la suspensión del proyecto Romero de GoldQuest fue consecuencia directa del rechazo social y de la creciente preocupación ambiental expresada por los habitantes de la zona, quienes temían daños irreparables a las fuentes de agua, especialmente a la presa de Sabaneta, vital para la producción agrícola del Valle de San Juan.
Entre los principales factores del rechazo al proyecto, mencionó el riesgo hídrico y ambiental, la falta de licencia social, la presión de las comunidades y la preocupación por la preservación del ecosistema de la Cordillera Central.
