Santo Domingo. – Nuevos e impactantes detalles contenidos en el expediente acusatorio presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) revelan la profundidad de las maniobras fraudulentas ejecutadas por la red criminal desmantelada mediante la Operación Cobra 2.0-A. La estructura delictiva despojó al Estado dominicano de una suma multimillonaria mediante la falsificación de expedientes médicos, el cobro ilícito a través de prestadores fallecidos y la asignación de procedimientos médicos biológicamente imposibles, como la atribución de atenciones ginecológicas a pacientes de sexo masculino.
Facturación a nombre de un difunto y triangulación de capitales.
De acuerdo con las indagatorias contenidas en la solicitud de medida de coerción, la red de corrupción no dio de baja el código de prestador de un profesional de la salud tras su fallecimiento. Por el contrario, los operadores del esquema tomaron el control ilegal de la cuenta bancaria del médico fallecido para continuar tramitando facturas y canalizando desembolsos por concepto de servicios de salud que nunca llegaron a prestarse.
La acusación de la PEPCA señala directamente a Hanna Rashell Rodríguez Almánzar como una de las gestoras e intermediarias externas encargadas de administrar las reclamaciones irregulares. Las evidencias recopiladas indican que Rodríguez Almánzar accedía a la cuenta del galeno difunto para recibir los pagos provenientes de la Administradora de Riesgos de Salud (SeNaSa) y posteriormente triangular dichos capitales hacia el núcleo operativo central de la organización.
El rol del orquestador y el esquema familiar.
Las investigaciones financieras establecen que los desembolsos desviados convergían en las cuentas personales de Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa y calificado por los fiscales como el articulador principal del fraude institucional.
Guzmán Vásquez, quien devengó un salario modesto que acumuló RD$1.45 millones entre los años 2015 y 2020, aprovechó sus credenciales y accesos a las plataformas informáticas de la aseguradora estatal para generar 4,363 autorizaciones fraudulentas. Para evadir los controles de auditoría interna, el imputado utilizaba la identidad falsa de «Pedro Martínez» durante las interacciones con el centro de llamadas (call center) de la institución.
El expediente judicial detalla además que el imputado estructuró un clan de naturaleza familiar integrado por su esposa, Adonay María Carrasco, y su hermano, Angeury Guzmán, con el propósito de diversificar la recepción de las transferencias bancarias y ocultar el origen ilícito de los fondos. Ante la gravedad de las imputaciones y la magnitud del perjuicio económico al erario, el Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra los 25 implicados en el caso.
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