Santo Domingo. – La jueza suplente del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, dictó la inadmisibilidad de la acusación interpuesta por el Ministerio Público y querellantes privados contra los hermanos Emir y Ana Linda Fernández De Paola. A los imputados se les atribuía la presunta apropiación irregular de parcelas ubicadas en el municipio de Higüey, por las cuales el Estado dominicano erogó un monto superior a los RD$4,000 millones tras ser declaradas de utilidad pública.
Fundamento jurídico de la decisión y separación de expediente.
La magistrada Potentini sustentó la resolución bajo el principio procesal de prohibición de la doble persecución (non bis in idem), argumentando que contra los hermanos Fernández De Paola se instruye simultáneamente una causa judicial en la jurisdicción de Hato Mayor por los mismos hechos y con las mismas partes involucradas.
Los pagos controvertidos fueron tramitados originalmente durante la gestión del exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Sin embargo, la imputación contra los hermanos Fernández De Paola fue desglosada del expediente principal del caso de expropiaciones estatales debido a complicaciones de salud presentadas por la imputada Ana Linda Fernández De Paola.
Rechazo de la querella y argumentos de la defensa querellante.
La decisión del tribunal de instrucción generó el rechazo inmediato de la parte querellante. El jurista José Amado Javier Bidó, representante legal de los herederos del finado Alessandro de Paola Sangiovanni —titular original de los terrenos comercializados al Estado—, calificó el fallo de la jueza como erróneo al sostener que sus representados no forman parte del proceso penal radicado en la provincia de Hato Mayor.
Asimismo, la representación legal querellante enfatizó que los tipos penales procesados en cada jurisdicción son distintos: mientras en la región Este se persigue la supuesta falsificación de actas, en el Distrito Nacional la acusación del Ministerio Público se fundamenta en la utilización de dichos documentos alterados para cobrar los fondos de la sucesión y en la usurpación de calidades de heredero.
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