Santo Domingo. – Los diputados Danilo Díaz y Pedro Martínez fijaron este lunes una postura crítica frente a las recientes muertes de ciudadanos a manos de agentes del orden en presuntos enfrentamientos armados, calificando las ejecuciones extrajudiciales de ilegales. Los congresistas señalaron que este tipo de actuaciones por parte de las fuerzas de seguridad vulneran de forma directa los derechos fundamentales y debilitan el marco institucional que rige al Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana.
Principios constitucionales y respeto al debido proceso.
Durante su intervención ante los medios de comunicación en el Congreso Nacional, el diputado Danilo Díaz enfatizó que la preservación de la vida humana constituye una garantía constitucional inalienable que no puede ser vulnerada bajo ningún pretexto operativo.
«Son ilegales y evidentemente además violentan los derechos humanos», aseveró el legislador, subrayando que en un régimen democrático corresponde de manera exclusiva al Poder Judicial evaluar las pruebas, determinar las responsabilidades penales e imponer las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las leyes vigentes. «La justicia está justamente para castigar, para que sean los mecanismos para expresar las consecuencias de quien comete una falta», puntualizó.
Código Penal y compromisos internacionales.
En ese contexto, Díaz recordó que el país cuenta con un marco normativo que contempla castigos severos contra la delincuencia, incluyendo la acumulación de penas para la reincidencia delictiva en la reforma del Código Penal. Por tal razón, cuestionó que se apele a métodos al margen de la ley para decidir sobre la vida de los ciudadanos en lugar de someter a los sospechosos a los tribunales correspondientes.
Asimismo, los congresistas recalcaron que la nación dominicana se encuentra vinculada a diversos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, acuerdos jurídicos que imponen al Estado la obligación ineludible de velar por el debido proceso y garantizar la integridad física de toda persona bajo investigación o persecución policial.
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