Cuando una investigación de corrupción llega hasta una institución que administra recursos destinados a la salud, la preocupación de un país entero es inevitable.
Porque aquí no estamos hablando solamente de dinero.
Estamos hablando de la salud de los dominicanos.
El Ministerio Público ha desarrollado una nueva fase de la investigación sobre SeNaSa, con allanamientos y detenciones de médicos, prestadores de servicios y otras personas vinculadas al proceso.
Según la acusación presentada por las autoridades, se investigan miles de autorizaciones médicas que serían fraudulentas y operaciones que habrían generado pérdidas millonarias al sistema.
Pero hagamos una precisión fundamental:
una persona detenida o imputada no es una persona condenada.
La culpabilidad debe ser determinada por los tribunales, después de un proceso en el que se respeten el derecho de defensa, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales.
Dicho esto, la investigación no puede minimizarse.
Porque si las acusaciones terminan siendo demostradas, estaríamos frente a algo mucho más grave que una simple irregularidad administrativa.
Estaríamos hablando de recursos destinados a personas que necesitan atención médica.
Y aquí surge una pregunta que debe responderse:
¿Cómo pudieron fallar los controles internos de una institución tan importante?
¿Quién autorizaba?
¿Quién supervisaba?
¿Quién auditaba?
¿Dónde estaban los mecanismos de detección?
Y, sobre todo:
¿Por qué, si existían señales de irregularidades, no fueron detectadas oportunamente?
También debemos evitar otro error.
No podemos convertir una investigación contra determinadas personas en una condena contra todos los médicos dominicanos.
Miles de profesionales ejercen diariamente su trabajo con responsabilidad, ética y vocación de servicio.
La justicia debe perseguir las conductas que correspondan, pero debe hacerlo individualizando responsabilidades y sustentándose en pruebas.
Y SeNaSa también tiene que rendir cuentas.
Porque los recursos que administra no pertenecen a funcionarios, médicos ni administradores.
Pertenecen al pueblo dominicano.
Cada peso que eventualmente sea desviado representa recursos que dejan de estar disponibles para una consulta, un medicamento, un procedimiento o un paciente.
Por eso esta investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias jurídicas.
Sin impunidad, pero también sin condenas anticipadas.
Si hubo delito, que los responsables respondan ante la justicia.
Si hubo fallas de control, que sean corregidas.
Y si hubo complicidad institucional, que también sea investigada.
Porque el país no necesita solamente saber quiénes fueron detenidos.
Necesita saber cómo pudo ocurrir.
La salud pública no puede convertirse en un negocio para quienes pretendan aprovecharse de los recursos del Estado.
Y mucho menos puede convertirse la corrupción en una enfermedad del sistema que terminemos aceptando como normal.
SeNaSa administra dinero.
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