Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
En mi libro Sangre en el Barrio del Jefe reproduje correspondencia diplomática y documentación judicial sobre la represión del exilio dominicano durante la dictadura de Rafael L. Trujillo.
Entre esos documentos figuran cartas de Julio Vega Batlle, padre de Bernardo Vega, relacionadas con Félix W. Bernardino, el asesinato de Manuel de Jesús Hernández Santana, conocido como Pipí Hernández, y las protestas que ese crimen provocó en Cuba.
Los documentos permiten establecer hechos concretos: Julio Vega Batlle defendió a Bernardino ante las autoridades cubanas, y su hijo Bernardo estaba en las oficinas de la embajada dominicana cuando los estudiantes protestaron por el asesinato de Pipí.
En el apartado «Correspondencias de Embajador Julio Vega Batlle y Félix W. Bernardino en Cuba» aparece una carta personal-confidencial fechada en La Habana el 16 de diciembre de 1953, dirigida a Trujillo.
Vega Batlle informa que Bernardino llevaba unos seis días en La Habana y que acudía casi diariamente a su oficina. Relata que el subsecretario de Estado cubano Gonzalo Güell le había comunicado la preocupación del Ministerio de Gobernación porque Bernardino transitaba armado y, según la denuncia, acompañado de otras personas también armadas.
La respuesta del embajador fue una defensa expresa de Bernardino. Negó que lo acompañara gente armada y justificó que él portara un arma. Atribuyó la denuncia a los revolucionarios dominicanos residentes en Cuba y sostuvo que la presencia de Bernardino debía inspirar confianza:
«La presencia del lic. Bernardino en vez de alarma debía producir sosiego y confianza en el ánimo del Ministerio de Gobernación».
Vega Batlle describió también sus gestiones ante funcionarios cubanos para desactivar la denuncia.
En otra carta, del 21 de diciembre de 1953, confirmó su posición. Informó que él, el coronel Tejeda y Maldonado habían decidido realizar una campaña para conseguir, por lo menos, la separación del cargo del funcionario cubano al que atribuían la denuncia contra Bernardino.
El libro contiene asimismo una carta de Vega Batlle a Trujillo del 27 de marzo de 1955. El embajador adjunta un artículo escrito por su hijo Bernardo para el periódico escolar Mi Estrella, del Colegio De la Salle. Explica que Bernardo tenía 17 años, que se graduaría de bachiller en junio y que aspiraba a estudiar Economía y Finanzas en Princeton. Presenta esa formación como una preparación que le permitiría trabajar posteriormente al lado de Trujillo.
La carta documenta las expectativas del padre y su relación con el dictador. Las palabras y los propósitos allí expresados corresponden a quien la escribió.
La correspondencia posterior recoge un episodio directamente relacionado con Pipí Hernández, asesinado en La Habana el 8 de agosto de 1955.
En una carta dirigida al mayor general Rafael A. Espaillat, fechada el 1 de septiembre de ese año, Vega Batlle confirma el cablegrama cifrado número 136, enviado el día anterior. Describe cómo unos quince estudiantes universitarios llegaron en dos automóviles y lanzaron piedras, frutas podridas y tarros de tinta negra contra las oficinas de la embajada dominicana.
El propio embajador identifica el motivo de la protesta: la muerte de Pipí Hernández.
Y añade una información inequívoca:
«En el momento que tuvieron lugar los hechos yo me encontraba ausente de las oficinas. Estaban presentes los tres Secretarios y mi hijo Bernardo».
La presencia de Bernardo Vega está consignada por su padre en la correspondencia de la época.
La carta explica que las piedras no causaron daños materiales, aunque la tinta manchó el pasillo y la fachada. También informa de la detención de un estudiante de ingeniería de 19 años, identificado en la transcripción como Alfredo Fon-Chong, y de las gestiones para reforzar la vigilancia policial de las oficinas y la residencia.
Hay una precisión cronológica: la carta es del 1 de septiembre, pero sitúa el ataque «como a las once de la mañana de ayer». Por tanto, según ese documento, ocurrió el 31 de agosto de 1955.
Sangre en el Barrio del Jefe reproduce también documentación judicial sobre el asesinato de Pipí. El fallo transcrito impone treinta años de reclusión a Rafael Emilio Soler Puig, Adán Céspedes Céspedes y Alejandro Robinson Done, conocido como «Kem».
Entre las circunstancias del asesinato, el texto judicial menciona su ejecución mediante precio, con alevosía y premeditación.
Mi libro recoge, además, la declaración atribuida en agosto de 1956 al jefe policial cubano Rafael Salas Cañizares, según la cual el dinero para pagar a los asesinos había sido entregado en la embajada dominicana. Esa declaración debe examinarse junto con el expediente judicial y la correspondencia diplomática.
El respaldo archivístico también aparece en La telaraña cubana de Trujillo, de Elíades Acosta Matos, publicada por el Archivo General de la Nación.
En el tomo II, páginas 182–183, Acosta explica que Juancito Rodríguez encabezaba una lista de doce perseguidos; Pipí figuraba segundo. Las notas 119–120 remiten a una carta de Vega Batlle a Espaillat, del 12 de junio de 1955: AGN, fondo Presidencia, Embadom Cuba (1955), 10491-23, caja 12.
La nota 122 remite a correspondencia cifrada de Espaillat a Vega Batlle del 1 de agosto de 1955: fondo Presidencia, Embadom Cuba (1953–1954), 30126, caja 1629.
Al relatar la protesta estudiantil en las páginas 185–186, Acosta cita, mediante la nota 130, el reporte de Vega Batlle a Espaillat del 1 de septiembre de 1955: AGN, fondo Presidencia, Embadom Cuba (1953–1959), 30126, caja 2148. La referencia está en la página 209.
Acosta fecha la protesta el 1 de septiembre. La carta reproducida en mi libro señala el día anterior. Registrar esa diferencia ayuda a precisar la cronología.
Lo fundamental es que Acosta identifica documentación del AGN y ofrece referencias comprobables. La presencia de Bernardo durante la protesta aparece expresamente en la carta transcrita en mi libro. Ambos trabajos permiten acudir a los documentos para examinar estos acontecimientos.
La historia de Juancito incluye la muerte de su hijo José Horacio en la expedición de 1959 y su propio suicidio en Venezuela en 1960. Su trayectoria merece ser reconstruida dentro del contexto de lucha, persecución y pérdidas que la acompañó.
Esta documentación lleva a recordar una advertencia de Juan Bosch.
En enero de 1984, Bosch publicó en la revista Política: Teoría y Acción, año 4, número 46, el ensayo «Exilio y lucha antitrujillista». La portada, la página editorial y el comienzo del texto permiten comprobar la fecha, la autoría y el contenido de aquella intervención.
Bosch examinaba los tres volúmenes de Los Estados Unidos y Trujillo, publicados por Bernardo Vega en 1982. Según explicó, reunían más de mil páginas de documentos correspondientes a 1945 y 1946, procedentes del Departamento de Estado, las Fuerzas Armadas estadounidenses y el FBI.
Su nombre aparecía en 87 páginas. Sobre las afirmaciones contenidas en esos documentos escribió:
«En los muchos documentos que figuran en los tres volúmenes a que estoy refiriéndome el nombre del autor de estas líneas aparece en 87 páginas, y así como en algunas de ellas se dicen verdades, en varias se dicen medias verdades y medias mentiras y en algunas sólo mentiras de bulto, y esas variaciones se deben a que en cada caso lo que se dijo dependió de la posición política del autor del informe o de la persona que le informaba».
Bosch cuestionaba las informaciones sobre él recogidas en aquellos documentos y señalaba la influencia de las posiciones políticas de quienes los redactaban o suministraban los datos.
Su advertencia plantea un problema central del oficio de historiador: un informe oficial demuestra que alguien comunicó determinada versión, pero su carácter oficial no garantiza que esa versión sea verdadera. Para establecer lo sucedido hay que examinar quién informa, qué conoce, qué intereses tiene y qué otros documentos permiten contrastarlo.
Esa exigencia conserva plena actualidad.
El 18 de noviembre de 2025, Bernardo Vega publicó en Hoy un artículo titulado «Juancito Rodríguez». Entre sus afirmaciones figura que durante el gobierno de Bosch, como en otras administraciones, no hubo interés en repatriar los restos del luchador antitrujillista. Una afirmación sobre la ausencia de interés exige examinar las gestiones, las circunstancias y los documentos disponibles.
Mi crítica a ese artículo reclama, además, que la trayectoria de Juancito sea examinada dentro del contexto de persecución que sufrió el exilio dominicano. Los documentos sobre ese contexto existen y han sido publicados.
Entre enero de 1984 y noviembre de 2025 transcurrieron 41 años. En 2026 se cumplen 42 años de la publicación de la crítica de Bosch.
Hoy podemos volver a ella con documentos identificados, correspondencia reproducida y referencias archivísticas precisas. Mi cuestionamiento a Bernardo Vega se apoya en esa exigencia: confrontar cada afirmación con las pruebas disponibles y señalar las omisiones que alteran la comprensión de los acontecimientos.
Ese es el deber del historiador. Publicar documentos exige también estudiarlos, contrastarlos y dar cuenta de lo que permiten afirmar.
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