Santo Domingo. – Un nuevo capítulo procesal se abrió en el expediente de corrupción gubernamental conocido como Senasa 2.0, luego de la ejecución de una serie de allanamientos y órdenes de arresto contra profesionales de la medicina y empresarios del sector farmacéutico. Las actuaciones de los órganos de persecución penal se centran en el desmantelamiento de una red acusada de emitir facturación fraudulenta por procedimientos y servicios médicos que nunca fueron prestados a los afiliados.
Perfil de los imputados y modalidad del presunto fraude.
El abogado de la defensa, Jorge Contreras, confirmó que asume la representación jurídica de siete de los galenos detenidos durante los operativos realizados este viernes. El profesional del derecho precisó que la totalidad de sus defendidos son cirujanos ortopedas y que la gran mayoría de ellos se desempeña activamente dentro del sistema de salud pública del Estado, adscritos al Servicio Nacional de Salud (SNS).
De acuerdo con las informaciones preliminares vertidas sobre el caso, a los profesionales de la salud se les imputa haber prestado sus firmas y sellos para validar reclamos de cobro irregulares ante la aseguradora estatal. Asimismo, el jurista reveló que las órdenes de arresto ejecutadas por el Ministerio Público abarcan también a altos ejecutivos pertenecientes a dos importantes cadenas de farmacias del país, quienes habrían articulado la red de cobros ilícitos.
Fase de interrogatorios y garantías procesales.
Contreras indicó que sus representados ya tenían conocimiento previo sobre el desarrollo de las pesquisas en su contra, habiendo acudido a comparecer ante los fiscales investigadores en al menos dos oportunidades antes de que se formalizara la orden de aprehensión.
La defensa técnica señaló que se encuentra en el proceso de presentación formal ante el fiscal del caso a fin de conocer el detalle de los cargos y velar por el debido proceso, en espera de que el órgano persecutor deposite la solicitud de medida de coerción ante el juez de la instrucción competente dentro del plazo constitucional.
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