Cuatro siglos de constitucionalismo: origen, evolución, conquistas y desafíos (siglos XVII-XXI)
José Manuel Jerez
Ensayo académico
| La historia del constitucionalismo es la historia de una desconfianza civilizada frente al poder: la decisión colectiva de que ninguna autoridad, por legítima que sea, puede quedar sin límites, sin responsabilidad y sin control. |
Resumen
El constitucionalismo es una de las construcciones políticas y jurídicas más decisivas de la modernidad. No consiste únicamente en que un Estado posea un documento denominado Constitución, sino en la pretensión de someter el poder a normas superiores, distribuir sus funciones, garantizar derechos, establecer responsabilidades y ofrecer remedios efectivos frente a la arbitrariedad. Este ensayo reconstruye su trayectoria desde la gestación inglesa del siglo XVII —Petition of Right, guerras civiles, debates de Putney, Instrument of Government, Habeas Corpus Act, Revolución Gloriosa y Bill of Rights— hasta el Estado constitucional del siglo XXI. Examina la contribución de John Locke a la teoría del gobierno limitado y de Montesquieu a la separación y equilibrio de los poderes; estudia las revoluciones estadounidense y francesa, la expansión del constitucionalismo liberal durante el siglo XIX, el nacimiento del constitucionalismo social, la crisis de entreguerras y la refundación posterior a 1945 sobre la dignidad humana, la fuerza normativa de la Constitución y la justicia constitucional. Finalmente, analiza la internacionalización de los derechos, las transformaciones latinoamericanas, la configuración del Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana y los retos actuales: erosión democrática, desigualdad, poderes privados, inteligencia artificial, seguridad, emergencia climática y legitimidad de la jurisdicción constitucional. La tesis que atraviesa el texto es que el constitucionalismo representa un proceso inacabado de juridificación, democratización y humanización del poder.
Palabras clave: constitucionalismo; Constitución; separación de poderes; derechos fundamentales; Estado de derecho; Estado social; justicia constitucional; democracia constitucional; dignidad humana; República Dominicana.
Mapa histórico del constitucionalismo
| Etapa | Transformación central | Hitos representativos |
| Gestación inglesa del siglo XVII | De la prerrogativa monárquica al poder limitado por derechos, Parlamento y garantías | Petition of Right (1628), Agreement of the People (1647), Instrument of Government (1653), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689), Locke (1689) |
| Constitucionalismo revolucionario del siglo XVIII | Soberanía popular, Constitución escrita, derechos y separación de poderes | Montesquieu (1748), Virginia (1776), Constitución estadounidense (1787), Declaración francesa (1789) |
| Constitucionalismo liberal del siglo XIX | Estado de derecho, legalidad, representación y expansión gradual de la ciudadanía | Constituciones liberales, parlamentarismo, codificación, Marbury v. Madison (1803) y desarrollo del control judicial |
| Constitucionalismo social y democrático del siglo XX | Igualdad material, derechos sociales, justicia constitucional e internacionalización de los derechos | México (1917), Weimar (1919), Austria (1920), Italia (1948), Declaración Universal (1948), Alemania (1949), sistemas regionales de derechos humanos |
| Estado constitucional del siglo XXI | Constitución normativa, democracia sustantiva, poderes multinivel y nuevos derechos | Constitucionalismo transformador, protección ambiental y digital, control de poderes públicos y privados, Constitución dominicana de 2024 |
Introducción. La historia de una desconfianza civilizada
La historia política puede leerse como una lucha prolongada entre dos impulsos contrarios. El primero concentra el poder para producir orden, decidir con rapidez y asegurar obediencia. El segundo procura dividirlo, someterlo a reglas y preservar espacios de libertad frente a quien manda. El constitucionalismo nace cuando ese segundo impulso deja de ser una aspiración moral o una concesión ocasional del gobernante y se convierte en una arquitectura jurídica: el poder recibe competencias determinadas, encuentra límites que no puede alterar a voluntad y queda sometido a procedimientos, derechos, responsabilidades y controles.
No toda sociedad que posee una Constitución practica el constitucionalismo. Puede existir un texto solemne y, al mismo tiempo, un poder sin frenos; puede proclamarse una extensa declaración de derechos y mantenerse jueces dependientes, elecciones sin auténtica competencia, administraciones arbitrarias o mayorías que desconocen a las minorías. La Constitución, entendida en sentido meramente descriptivo, organiza el poder. El constitucionalismo, en cambio, exige que esa organización sirva también para limitarlo. En su acepción fuerte, supone la existencia de normas superiores, garantías efectivas, órganos diferenciados, controles recíprocos y una cultura pública dispuesta a obedecer la Constitución incluso cuando su cumplimiento incomoda a quienes gobiernan.
Por eso, la pregunta fundamental del constitucionalismo nunca ha sido únicamente quién gobierna. También pregunta con qué autoridad gobierna, para qué fines, mediante cuáles procedimientos, dentro de qué límites, bajo qué controles y con qué consecuencias cuando se aparta del derecho. En esa secuencia se encuentra su dimensión civilizatoria: convertir la fuerza en autoridad; la autoridad en competencia; la competencia en responsabilidad; y la responsabilidad en control.
El recorrido histórico no es lineal. Cada avance ha convivido con exclusiones, retrocesos y contradicciones. Las primeras declaraciones de derechos no incluyeron por igual a mujeres, esclavizados, trabajadores sin propiedad, pueblos colonizados o minorías. Las constituciones liberales proclamaron igualdad jurídica mientras toleraban desigualdades políticas y sociales profundas. Las constituciones sociales reconocieron derechos cuya realización dependía de capacidades institucionales y recursos. La justicia constitucional fortaleció la supremacía de la Constitución, pero abrió debates sobre el alcance del poder de los jueces. El constitucionalismo es, por tanto, una conquista acumulativa, no una obra concluida.
La tesis de este ensayo es que el constitucionalismo moderno comienza a gestarse en la Inglaterra del siglo XVII, alcanza su formulación revolucionaria en el siglo XVIII, se expande y democratiza durante el siglo XIX, incorpora la cuestión social en el siglo XX y se transforma, después de la Segunda Guerra Mundial, en el Estado constitucional contemporáneo: un modelo en el cual la Constitución es norma jurídica suprema, los derechos vinculan directamente a todos los poderes y la democracia se concibe no sólo como gobierno de la mayoría, sino como gobierno de la mayoría dentro de límites que protegen la dignidad, la libertad, la igualdad, el pluralismo y la continuidad del propio orden democrático.
1. Constitución y constitucionalismo: una distinción indispensable
Una Constitución puede definirse, en un sentido mínimo, como el conjunto de normas que crea los órganos fundamentales del Estado, distribuye competencias y regula la producción del derecho. Desde esta perspectiva, incluso un régimen autoritario posee alguna forma de constitución material, porque debe establecer quién manda, cómo se adoptan decisiones y qué relación existe entre las instituciones. Pero el constitucionalismo emplea el término en un sentido más exigente: el gobierno debe estar jurídicamente limitado y su legitimidad depende de que respete esos límites.
Esta distinción permite comprender por qué la mera escritura constitucional no basta. La Constitución puede convertirse en una fachada si carece de supremacía efectiva, si el legislador puede reformarla o desconocerla sin restricciones, si no existen jueces independientes, si las decisiones públicas no están motivadas o si los derechos no disponen de garantías. El constitucionalismo exige que la Constitución sea resistente frente a quienes están sometidos a ella. Quien ejerce un poder constituido no debe poder redefinir unilateralmente el alcance de su propia competencia.
La limitación constitucional adopta varias formas. Hay límites orgánicos, como la separación de poderes; límites procedimentales, como la reserva de ley y el debido proceso; límites temporales, como la duración de los mandatos; límites territoriales, como el federalismo o la autonomía local; y límites sustantivos, como los derechos fundamentales y las cláusulas que protegen la estructura democrática. Todos responden a una misma intuición: la autoridad pública no es propietaria del poder, sino depositaria temporal de competencias otorgadas para fines constitucionalmente determinados.
El constitucionalismo también introduce una diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos. El primero expresa la capacidad política originaria de una comunidad para adoptar su Constitución; los segundos —Legislativo, Ejecutivo, Judicial y demás órganos— nacen de ella y actúan dentro de las atribuciones que les confiere. Esta distinción, elaborada con particular fuerza por Emmanuel-Joseph Sieyès durante la Revolución francesa, impide que un órgano ordinario se atribuya la potestad de rehacer el pacto constitucional como si fuera su dueño.
Sin embargo, ni siquiera el poder constituyente puede pensarse hoy como una fuerza jurídicamente indiferente a la dignidad humana. El constitucionalismo contemporáneo ha debilitado la antigua idea de una soberanía absolutamente ilimitada. La prohibición de la esclavitud, del genocidio, de la tortura o de la discriminación racial, junto con los compromisos internacionales de derechos humanos, expresa que existen umbrales de civilización jurídica que ninguna mayoría legítima debería traspasar.
En suma, la Constitución constituye el poder; el constitucionalismo lo limita. La Constitución crea instituciones; el constitucionalismo exige que funcionen conforme a derechos y controles. La Constitución organiza la autoridad; el constitucionalismo la convierte en una autoridad jurídicamente responsable. Esta distinción acompañará todo el recorrido histórico.
2. Los antecedentes remotos: raíces que no deben confundirse con el nacimiento
El constitucionalismo moderno no apareció de la nada. La experiencia griega aportó la reflexión sobre las formas de gobierno y la idea de una constitución de la comunidad política; Roma desarrolló instituciones republicanas, magistraturas diferenciadas y una tradición jurídica duradera; el pensamiento medieval discutió la relación entre ley, autoridad y bien común; y las cartas de libertades limitaron determinadas prerrogativas del soberano. No obstante, esos antecedentes no formaban todavía un sistema general de supremacía constitucional, derechos universales y control del poder.
La Magna Carta de 1215 ocupa un lugar simbólico. Surgió de un conflicto entre el rey Juan y los barones, no de una concepción democrática e igualitaria de la ciudadanía. Sus garantías eran inicialmente corporativas y feudales. Sin embargo, dejó una afirmación de enorme potencial: el rey y su gobierno no estaban por encima de la ley. Sus cláusulas sobre juicio conforme a la ley del país, prohibición de denegar justicia y consentimiento para ciertas cargas fiscales serían reinterpretadas durante siglos como semillas del debido proceso y de la legalidad tributaria.
También fueron relevantes el desarrollo del Parlamento, el common law y la resistencia de juristas como Edward Coke frente a las pretensiones absolutistas. Coke defendió la sujeción del monarca al derecho y convirtió antiguas libertades en argumentos contra la arbitrariedad. El constitucionalismo inglés no surgió de una única asamblea constituyente, sino de una sedimentación de conflictos, precedentes, estatutos, prácticas y convenciones.
Precisamente por ello conviene hablar de antecedentes, no de nacimiento pleno. La limitación medieval era fragmentaria; protegía estamentos, territorios y privilegios particulares. El constitucionalismo moderno requerirá una transformación conceptual: reconocer derechos inherentes a la persona, fundamentar el gobierno en el consentimiento, diferenciar funciones estatales, concebir la representación política y establecer garantías generales frente al poder.
El siglo XVII será decisivo porque convierte aquellas piezas dispersas en una controversia sistemática sobre la soberanía, la ley, los derechos, la representación y la distribución del poder. Inglaterra se convierte entonces en el laboratorio donde se enfrentan la monarquía de derecho divino, la supremacía parlamentaria, el republicanismo, las demandas democráticas y la teoría del gobierno limitado.
3. El siglo XVII inglés: el laboratorio del poder limitado
3.1. La Petition of Right y la lucha contra la prerrogativa
El reinado de Carlos I agudizó el conflicto entre Corona y Parlamento. La exigencia de tributos sin consentimiento parlamentario, los préstamos forzosos, los encarcelamientos arbitrarios, el alojamiento obligatorio de tropas y la aplicación de la ley marcial mostraron que el problema constitucional no era abstracto: afectaba la libertad, la propiedad y la seguridad personal. En 1628, la Petition of Right reclamó que la recaudación extraordinaria requiriera aprobación parlamentaria, que nadie fuera encarcelado sin causa legal y que el gobierno no utilizara poderes de excepción para eludir el derecho ordinario.
La importancia del documento no reside únicamente en las libertades que reafirmó, sino en la lógica que introdujo. El monarca no podía definir unilateralmente el alcance de su prerrogativa; el ejercicio del poder debía justificarse conforme a normas reconocibles y discutibles ante instituciones. La tensión entre prerrogativa y derecho anticipaba la pregunta central del constitucionalismo: ¿puede quien gobierna determinar por sí mismo cuándo está limitado?
Carlos I intentó gobernar sin Parlamento durante once años. La imposibilidad de sostener indefinidamente ese modelo, las disputas fiscales y religiosas y la resistencia parlamentaria condujeron a las guerras civiles. En 1649 el rey fue juzgado y ejecutado, la monarquía y la Cámara de los Lores fueron abolidas y se proclamó una Commonwealth. La experiencia fue breve y conflictiva, pero alteró para siempre la imaginación política europea: la Corona dejó de parecer una autoridad naturalmente situada por encima de toda responsabilidad.
3.2. Los niveladores, los debates de Putney y la idea de una Constitución escrita
Durante la guerra civil surgieron movimientos que fueron más allá de la disputa entre rey y Parlamento. Los Levellers o niveladores defendieron representación más igualitaria, ampliación del sufragio masculino, libertad religiosa, igualdad ante la ley y límites al poder parlamentario. En los debates de Putney de 1647 discutieron si la legitimidad debía depender de la propiedad o de la condición de miembro de la comunidad política.
El Agreement of the People propuso un pacto constitucional escrito situado por encima de las autoridades ordinarias. La propuesta no triunfó, pero introdujo un elemento crucial: el Parlamento, aun representativo, también podía abusar del poder y necesitaba límites. El constitucionalismo no debía sustituir la omnipotencia del rey por la omnipotencia de la asamblea. Debía construir una norma superior a ambos.
El Instrument of Government de 1653, elaborado en el contexto del Protectorado de Oliver Cromwell, fue una constitución escrita que distribuyó atribuciones entre el Lord Protector, el Consejo y el Parlamento, reguló la convocatoria parlamentaria y reservó a la representación ciertas decisiones tributarias y legislativas. Su vigencia fue breve y el régimen conservó un fuerte componente militar. Sin embargo, demostró que la estructura del gobierno podía formularse deliberadamente en un texto superior y no sólo descansar en costumbres acumuladas.
La experiencia republicana mostró también los límites de la ingeniería institucional sin una cultura estable de aceptación. La existencia de un documento no impidió disoluciones, conflictos ni concentración efectiva del poder. Esta lección reaparecerá constantemente: la Constitución necesita instituciones, pero también lealtad constitucional, equilibrio social y actores dispuestos a autocontenerse.
3.3. Habeas corpus, Revolución Gloriosa y Bill of Rights
La restauración monárquica de 1660 no borró las transformaciones anteriores. En 1679, el Habeas Corpus Act reforzó el deber de presentar rápidamente al detenido ante la autoridad judicial y de informar las causas de su privación de libertad. La garantía convirtió el cuerpo humano en un límite jurídico frente al poder de encarcelar. Ningún constitucionalismo es real si la autoridad puede sustraer personas de la protección judicial.
La Revolución Gloriosa de 1688-1689 desplazó a Jacobo II y consolidó una monarquía sometida a condiciones parlamentarias. El Bill of Rights de 1689 proscribió la suspensión de leyes sin consentimiento parlamentario, reafirmó la necesidad de aprobación para los tributos, protegió la libertad de expresión parlamentaria, reclamó elecciones libres y condenó penas crueles e inusitadas. No fue todavía una declaración universal de derechos en sentido contemporáneo; estuvo estrechamente ligada a las libertades del Parlamento y a los agravios del reinado anterior. Pero institucionalizó el principio de que la Corona gobernaba conforme a la ley y no por encima de ella.
El resultado inglés fue particular. No produjo una Constitución codificada como la estadounidense, sino una constitución histórica integrada por estatutos, precedentes, convenciones y principios. La soberanía parlamentaria se convirtió en una pieza central. Sin embargo, la experiencia inglesa legó al constitucionalismo mundial ideas decisivas: gobierno limitado, consentimiento para la tributación, garantía judicial de la libertad, responsabilidad política, periodicidad parlamentaria y rechazo de la prerrogativa arbitraria.
En ese ambiente intelectual y político aparece John Locke. Su obra no crea por sí sola el constitucionalismo, pero ofrece una síntesis teórica que convierte la experiencia inglesa en un lenguaje universal de derechos, consentimiento y poder fiduciario.
4. John Locke: derechos, consentimiento y división funcional del poder
Los Dos tratados sobre el gobierno civil, publicados en 1689 —aunque redactados en buena medida con anterioridad—, proporcionaron una justificación sistemática del gobierno limitado. Locke rechazó la doctrina del derecho divino de los reyes y sostuvo que los seres humanos poseen por naturaleza libertad e igualdad. La sociedad política no crea originariamente la vida, la libertad y los bienes de las personas; se constituye para protegerlos de modo más seguro e imparcial.
El consentimiento es la fuente de legitimidad. Ninguna persona nace con título natural para gobernar a las demás. La autoridad política surge de un acuerdo mediante el cual los individuos forman una comunidad y confían determinadas competencias a gobernantes. Ese poder no es propiedad privada del príncipe. Es una función fiduciaria: se ejerce en beneficio de quienes lo han confiado y puede perder legitimidad cuando traiciona sus fines.
Locke concede al poder legislativo una posición superior porque expresa las reglas generales de la comunidad. Pero esa supremacía no es absoluta. El legislador debe gobernar mediante leyes promulgadas, perseguir el bien público, respetar la propiedad y no transferir a otros el poder recibido del pueblo. La ley no es, por tanto, cualquier mandato formalmente aprobado; debe conservar conexión con la finalidad que legitima la sociedad política.
Su teoría de la división del poder antecede a Montesquieu, aunque no coincide con la clásica tríada moderna. Locke distingue el poder legislativo, encargado de hacer leyes; el ejecutivo, responsable de aplicarlas dentro de la comunidad; y el federativo, relativo a la guerra, la paz, las alianzas y las relaciones exteriores. Considera distintos al ejecutivo y al federativo, aunque reconoce que suelen estar en las mismas manos por razones prácticas.
La separación entre legislativo y ejecutivo responde a una intuición antropológica de enorme importancia: sería una tentación excesiva para la fragilidad humana que quienes hacen las leyes pudieran ejecutarlas y exceptuarse de ellas. La división funcional no es un culto a la organización; es una respuesta a la posibilidad permanente del abuso. Allí se encuentra uno de los puentes más claros entre Locke y el constitucionalismo posterior.
Locke reconoce además un ámbito de prerrogativa ejecutiva para actuar en favor del bien público cuando la ley no ha previsto una situación. Esta doctrina muestra su realismo, pero contiene un riesgo: ¿quién juzga si la prerrogativa sirvió realmente al bien público? La respuesta final de Locke remite al pueblo, que conserva el derecho de resistencia cuando el gobierno destruye sistemáticamente los derechos o altera el orden de confianza.
El derecho de resistencia completa su teoría. No se trata de legitimar cualquier desobediencia ante decisiones impopulares. Se activa cuando existe un patrón de usurpación, arbitrariedad o destrucción de los fines del gobierno. La rebelión verdadera, para Locke, la inicia quien rompe la confianza y sustituye el derecho por la fuerza. El pueblo no destruye entonces el orden político: procura restaurar el fundamento que el gobernante traicionó.
La influencia de Locke se proyectará sobre la Declaración de Derechos de Virginia, la Declaración de Independencia estadounidense y la cultura política atlántica. Su legado puede condensarse así: los derechos preceden al gobierno; el poder deriva del consentimiento; la autoridad es fiduciaria; las funciones deben diferenciarse; y un gobierno que se vuelve enemigo de los fines para los cuales fue creado pierde su justificación.
5. Montesquieu: del poder dividido al poder que frena al poder
Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, no recibió las ideas inglesas de manera indirecta y abstracta solamente. Los escritos de Locke circulaban en francés desde finales del siglo XVII, pero Montesquieu también viajó por Europa y residió en Inglaterra entre noviembre de 1729 y abril de 1731. Asistió a debates parlamentarios, leyó la prensa, se relacionó con figuras políticas y fue elegido miembro de la Royal Society en 1730. La experiencia inglesa se convirtió en un laboratorio empírico para su reflexión.
No debe afirmarse de manera simplista que Montesquieu copió a Locke. Locke había diferenciado Legislativo, Ejecutivo y Federativo; Montesquieu reelaboró el problema desde la libertad política y la moderación. En El espíritu de las leyes (1748), particularmente en el libro XI, capítulo 6, distinguió poder legislativo, poder ejecutivo de las cosas dependientes del derecho de gentes y poder de juzgar. A este último lo reconoció como función específica vinculada a la libertad y seguridad de las personas.
Su aporte decisivo no fue una separación hermética, sino una teoría del equilibrio. La libertad no surge porque cada órgano viva aislado, sino porque la disposición institucional impide que un poder concentre todas las capacidades. De ahí la fórmula según la cual el poder debe frenar al poder. Montesquieu observó mecanismos de participación y veto, bicameralismo, responsabilidad y control; su arquitectura es más próxima a una separación con controles recíprocos que a tres compartimentos incomunicados.
La célebre tríada Legislativo-Ejecutivo-Judicial es, por ello, una simplificación pedagógica útil, pero incompleta. Montesquieu temía tanto la concentración en el monarca como la concentración en una asamblea. Si quien hace las leyes también las ejecuta, puede legislar para su propio interés. Si quien juzga se confunde con el legislador, la vida y libertad quedan sometidas a voluntad arbitraria. Si el juez se confunde con el Ejecutivo, puede actuar con violencia opresiva.
La independencia judicial adquiere aquí un valor constitucional. El juez no debe convertirse en agente de la política gubernamental ni en creador de acusaciones. Al mismo tiempo, la visión de Montesquieu sobre el poder judicial no equivale exactamente al protagonismo de los tribunales constitucionales actuales. Su preocupación principal era impedir la concentración y asegurar un juicio conforme a la ley. La posterior expansión de la jurisdicción constitucional transformará profundamente el papel judicial.
Montesquieu añadió otra lección duradera: las instituciones no pueden comprenderse al margen de la historia, las costumbres, la economía, la geografía y el espíritu general de una sociedad. No existe un diseño constitucional que pueda trasplantarse mecánicamente. Los principios universales de libertad necesitan adaptaciones institucionales prudentes. Esta combinación de ideal normativo y sensibilidad histórica explica su influencia sobre los fundadores estadounidenses.
Si Locke constitucionalizó la legitimidad y los límites del poder, Montesquieu constitucionalizó su distribución y equilibrio. El primero explica por qué el gobierno debe ser limitado; el segundo muestra cómo una disposición de órganos puede reducir el riesgo de abuso. Juntos prepararon el lenguaje del constitucionalismo revolucionario del siglo XVIII.
6. El siglo XVIII: las revoluciones y el nacimiento pleno del constitucionalismo moderno
6.1. La experiencia estadounidense: derechos, Constitución escrita y controles recíprocos
La Revolución estadounidense transformó ideas filosóficas y experiencias coloniales en instituciones constitucionales. La Declaración de Derechos de Virginia, adoptada el 12 de junio de 1776, proclamó que todos los hombres eran por naturaleza libres e independientes, que el poder derivaba del pueblo y que los magistrados eran sus mandatarios y servidores. Reconoció además el derecho de la comunidad a reformar o abolir un gobierno contrario al bien común. El lenguaje lockeano se convirtió en derecho público.
La Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 universalizó la afirmación de derechos inalienables y gobierno basado en el consentimiento. No era todavía una Constitución, pero ofreció la justificación moral del nuevo orden. Su alcance histórico debe analizarse junto con sus contradicciones: la esclavitud persistió, las mujeres carecieron de igualdad política y la ciudadanía efectiva estuvo restringida. El constitucionalismo nació con una promesa de universalidad que sus propias sociedades no cumplieron inicialmente.
Las constituciones estatales y, posteriormente, la Constitución federal de 1787 introdujeron elementos definitorios: un texto escrito, una autoridad fundada en “Nosotros, el Pueblo”, poderes enumerados, federalismo, bicameralismo, mandato presidencial temporal, independencia judicial y un procedimiento especial de reforma. La Constitución se situó por encima de la legislación ordinaria y creó una estructura diseñada para controlar tanto al gobierno como a las facciones sociales.
La separación de poderes estadounidense no fue rígida. El Presidente participa en la legislación mediante el veto; el Senado interviene en nombramientos y tratados; el Congreso controla presupuesto, legislación e impeachment; los jueces resuelven controversias constitucionales. Los checks and balances convierten la desconfianza en procedimiento. Como explicaría El Federalista, primero era necesario permitir que el gobierno controlara a los gobernados y, después, obligarlo a controlarse a sí mismo.
La ausencia inicial de una declaración federal de derechos generó resistencia. Las primeras diez enmiendas, ratificadas en 1791, protegieron libertad religiosa, expresión, prensa, reunión, debido proceso y otras garantías. La Constitución dejó de ser sólo un plano de organización y adquirió una dimensión explícita de protección individual.
El control judicial de constitucionalidad se consolidó simbólicamente con Marbury v. Madison en 1803. La Suprema Corte afirmó que una ley contraria a la Constitución no podía prevalecer y que correspondía al poder judicial interpretar el derecho aplicable al caso. El modelo difuso permitió a los jueces examinar la compatibilidad de las normas con la Constitución dentro de controversias concretas. Así se añadió una garantía institucional a la supremacía constitucional.
El modelo estadounidense reunió, por primera vez con especial coherencia, soberanía popular, Constitución escrita y rígida, derechos, separación de poderes, federalismo y control judicial. Su influencia mundial sería enorme, aunque cada país adaptaría esos elementos a su historia y estructura social.
6.2. La experiencia francesa: derechos universales, soberanía nacional y poder constituyente
La Revolución francesa produjo otra tradición constitucional. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 proclamó libertad, igualdad jurídica, propiedad, seguridad, resistencia a la opresión, legalidad penal, libertad de opinión y responsabilidad de los agentes públicos. Su artículo 16 ofreció una definición lapidaria: una sociedad sin garantía de derechos ni separación de poderes carece de Constitución.
La Declaración poseía una pretensión universal más explícita que los documentos ingleses. No presentaba derechos como privilegios históricos de determinados cuerpos, sino como atributos del hombre y del ciudadano. La ley fue concebida como expresión de la voluntad general y todos los ciudadanos debían poder concurrir personalmente o por representantes a su formación.
Sieyès articuló la diferencia entre nación constituyente y poderes constituidos. La nación existe antes que sus órganos y puede darse una Constitución. Ninguna autoridad creada por ese acto puede colocarse por encima de él. Esta doctrina reforzó la supremacía del pacto constitucional, aunque en la práctica revolucionaria la inestabilidad y la sucesión de constituciones demostraron la dificultad de estabilizar el poder constituyente.
La tradición francesa tendió durante largo tiempo a confiar más en la ley y en la representación nacional que en los jueces. El temor a que los tribunales del Antiguo Régimen bloquearan la voluntad revolucionaria favoreció un legalismo que identificó ley y soberanía popular. A diferencia de Estados Unidos, el control judicial de las leyes no se convirtió inmediatamente en el centro del sistema. La protección constitucional dependió más de la arquitectura política y de la primacía del legislador.
La Revolución también reveló una tensión permanente: la defensa de la libertad puede degenerar si el poder revolucionario se considera libre de límites en nombre de una finalidad superior. La voluntad general necesita instituciones, procedimientos y garantías. El constitucionalismo no consiste en sustituir un soberano personal por una mayoría ilimitada; exige que también la mayoría actúe dentro de la Constitución.
6.3. Dos tradiciones, una misma transformación
El constitucionalismo estadounidense acentuó la Constitución escrita, la rigidez, el federalismo, los controles recíprocos y la revisión judicial. El francés enfatizó derechos universales, soberanía nacional, ciudadanía, ley y poder constituyente. El inglés conservó una Constitución histórica no codificada, Parlamento, libertades y gobierno responsable. Las tres tradiciones no fueron compartimentos cerrados; se influyeron mutuamente y ofrecieron combinaciones distintas de una misma aspiración: limitar y legitimar el poder.
A finales del siglo XVIII, el constitucionalismo moderno ya poseía sus componentes esenciales. El poder procedía del pueblo o de la nación; la autoridad debía organizarse en órganos diferenciados; los derechos imponían fines y límites; la Constitución ocupaba una posición superior; y la legitimidad requería representación, legalidad y responsabilidad. El siglo XIX extendería estos principios, pero también mostraría que el constitucionalismo liberal seguía siendo social y políticamente incompleto.
7. El siglo XIX: expansión y límites del constitucionalismo liberal
El siglo XIX fue el gran período de difusión de las constituciones escritas. Europa y América adoptaron cartas que reconocían derechos civiles, organizaban poderes, regulaban parlamentos y limitaban formalmente a monarcas y presidentes. El constitucionalismo se convirtió en lenguaje de legitimidad política. Incluso los gobiernos poco dispuestos a aceptar límites sintieron la necesidad de presentarse como constitucionales.
El Estado liberal se construyó alrededor de la legalidad, la propiedad, la libertad contractual, la seguridad individual y la igualdad formal. La Administración debía actuar conforme a ley; los tributos requerían autorización representativa; la justicia debía aplicarse mediante procedimientos; y la esfera privada debía quedar protegida frente a interferencias arbitrarias. Se consolidaron distintas formulaciones del Estado de derecho: Rule of Law, Rechtsstaat y État de droit.
No obstante, la ciudadanía era restringida. El sufragio dependió durante mucho tiempo de propiedad, renta, sexo o posición social. La universalidad proclamada por las declaraciones revolucionarias convivió con la exclusión de grandes mayorías. El constitucionalismo liberal limitaba al Estado, pero no necesariamente democratizaba plenamente la sociedad. El gobierno representativo podía funcionar como gobierno de minorías propietarias.
La expansión gradual del sufragio, la organización de partidos, el crecimiento de la prensa y la movilización obrera transformaron la Constitución. La representación dejó de ser una relación entre notables y se convirtió progresivamente en competencia de masas. La democracia penetró el constitucionalismo, y el constitucionalismo comenzó a ofrecer formas para disciplinar la democracia.
En Europa se desarrolló el parlamentarismo, con gobiernos políticamente responsables ante asambleas. En América Latina, las constituciones combinaron influencias estadounidenses y francesas, pero tuvieron que operar en sociedades marcadas por guerras de independencia, fragmentación territorial, caudillismo, desigualdad y debilidad administrativa. La distancia entre Constitución escrita y Constitución efectiva se convirtió en un problema recurrente.
El presidencialismo latinoamericano mostró una paradoja. El diseño formal proclamaba separación de poderes, pero la concentración de recursos administrativos, militares y políticos en el Ejecutivo podía debilitar el equilibrio. Las reformas constitucionales fueron a veces utilizadas para prolongar mandatos o reorganizar el poder en favor de gobernantes. La historia regional enseñó que la rigidez textual no garantiza por sí sola la estabilidad ni la limitación efectiva.
Durante este siglo se fortaleció también la idea de supremacía constitucional en algunos sistemas. Sin embargo, en buena parte de Europa prevaleció la soberanía legislativa y las declaraciones de derechos carecieron de mecanismos jurisdiccionales robustos. La ley, aprobada por el Parlamento, era considerada la máxima expresión de la voluntad estatal. El problema surgía cuando la ley misma vulneraba derechos o destruía equilibrios.
El constitucionalismo liberal realizó una conquista decisiva: sustituyó el gobierno personal por el gobierno bajo leyes generales y reconoció una esfera de libertad. Pero dejó sin resolver la desigualdad material, la inclusión política completa y la protección frente al legislador. Esos déficits abrirían paso al constitucionalismo social y, posteriormente, al Estado constitucional.
8. El constitucionalismo social: de la libertad formal a las condiciones materiales de la libertad
La industrialización alteró la cuestión constitucional. El trabajador jurídicamente libre podía encontrarse materialmente sometido a jornadas extremas, salarios insuficientes, inseguridad, enfermedad y desempleo. La igualdad ante la ley no eliminaba la desigualdad de poder económico. El Estado abstencionista, concebido principalmente como amenaza, comenzó a ser visto también como instrumento necesario para proteger y emancipar.
El constitucionalismo social no abandona las libertades clásicas; añade una nueva dimensión. La libertad exige condiciones materiales mínimas. La dignidad no se protege únicamente impidiendo detenciones arbitrarias o censura, sino promoviendo educación, salud, trabajo digno, seguridad social y acceso efectivo a bienes esenciales. Los derechos generan deberes de abstención, pero también deberes de prestación, protección y organización.
La Constitución mexicana de 1917 fue un hito al reconocer derechos agrarios y laborales. Sus artículos 27 y 123 respondieron a demandas de campesinos y trabajadores, limitaron la propiedad mediante su función social y constitucionalizaron garantías del trabajo. La Constitución dejó de ser sólo estatuto del poder y catálogo de libertades defensivas; se convirtió en programa de transformación social.
La Constitución de Weimar de 1919 desarrolló una concepción de vida económica compatible con justicia y existencia humana digna, reconoció libertad de asociación laboral, protección social y límites sociales a la propiedad. Aunque la República de Weimar terminaría trágicamente, su texto influyó en la constitucionalización europea de derechos sociales y del Estado interventor.
El cambio puede formularse de modo sencillo. El constitucionalismo liberal preguntaba qué no debe hacer el Estado contra la persona. El constitucionalismo social añadió qué debe hacer el Estado para que libertad e igualdad sean reales. La primera pregunta sigue siendo imprescindible; la segunda impide que los derechos se conviertan en privilegios de quienes ya poseen medios para ejercerlos.
Los derechos sociales plantearon desafíos nuevos. Su realización requiere políticas públicas, instituciones, presupuesto y decisiones distributivas. No todos pueden garantizarse mediante una orden judicial inmediata del mismo modo que la libertad física. Sin embargo, no son meras recomendaciones políticas. Obligan a adoptar medidas, evitar regresiones injustificadas, proteger contenidos mínimos, distribuir recursos racionalmente y justificar prioridades.
El Estado social representa, por tanto, una evolución del constitucionalismo, no su negación. La intervención pública también debe estar limitada por la Constitución. Un Estado que presta servicios sin respetar legalidad, igualdad, libertad y control puede convertirse en paternalista o autoritario. El reto consiste en combinar capacidad estatal y límites jurídicos: poder suficiente para realizar derechos, pero no poder ilimitado.
9. La crisis de entreguerras: cuando la Constitución formal no logra defender la democracia
La primera mitad del siglo XX mostró la vulnerabilidad de los órdenes constitucionales. Guerras, crisis económicas, polarización, violencia política y movimientos totalitarios erosionaron democracias desde dentro y desde fuera. La experiencia de Weimar se convirtió en advertencia: una Constitución avanzada puede fracasar si sus instituciones son débiles, los actores rechazan las reglas democráticas y los poderes de emergencia se convierten en vías de concentración.
No existe una explicación única. Sería simplista atribuir el derrumbe exclusivamente a un artículo constitucional, a una teoría jurídica o a la acción de los jueces. Influyeron la derrota militar, las reparaciones, la fragmentación partidaria, la Gran Depresión, la violencia, la deslegitimación de las élites y el crecimiento de fuerzas antidemocráticas. Pero la crisis reveló un defecto esencial del constitucionalismo puramente formal: la legalidad puede ser utilizada para vaciar la democracia si no existen límites sustantivos, instituciones resistentes y una ciudadanía comprometida con el pluralismo.
El debate sobre quién debía ser el guardián de la Constitución enfrentó concepciones distintas. Hans Kelsen defendió una jurisdicción constitucional especializada capaz de anular leyes incompatibles con la Constitución. Carl Schmitt atribuyó esa función, en determinados contextos, al jefe del Estado como representante de la unidad política. La historia posterior favoreció ampliamente el modelo jurisdiccional, aunque el problema de la legitimidad y los límites de los tribunales continúa abierto.
Austria había creado en 1920 un Tribunal Constitucional con competencias para revisar la constitucionalidad de leyes, modelo asociado a Kelsen. A diferencia del control difuso estadounidense, el modelo concentrado confía a un órgano especializado la expulsión de normas incompatibles con la Constitución. Ambos sistemas partirán de una misma premisa: la supremacía constitucional necesita una garantía institucional.
La experiencia totalitaria enseñó que la democracia no puede reducirse a procedimientos electorales. Una mayoría ocasional no debe poder abolir elecciones libres, perseguir opositores, destruir independencia judicial o eliminar derechos que hacen posible la competencia futura. La democracia constitucional contiene un núcleo de condiciones que ninguna mayoría puede legítimamente suprimir sin negarse a sí misma.
La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto produjeron una ruptura. Después de 1945, el constitucionalismo se reconstruyó sobre la dignidad humana, la rigidez constitucional, el control jurisdiccional, la vinculación directa de los derechos y la internacionalización de su protección. La consigna implícita fue que el “nunca más” debía adquirir forma jurídica.
10. La refundación posterior a 1945: dignidad, Constitución normativa y justicia constitucional
Las constituciones de posguerra ya no quisieron ser únicamente marcos de organización. La Constitución italiana de 1948 proclamó una república democrática fundada en el trabajo, reconoció derechos inviolables y ordenó remover obstáculos económicos y sociales que limitan libertad e igualdad. La Ley Fundamental alemana de 1949 colocó en su artículo inicial la inviolabilidad de la dignidad humana y estableció que los derechos fundamentales vinculan directamente a la legislación, la Administración y la jurisdicción.
Esta vinculación directa marca una transformación decisiva. En el Estado legislativo de derecho, la ley era el centro del sistema y los derechos dependían en gran medida de su desarrollo. En el Estado constitucional, la ley también debe justificarse ante la Constitución. El Parlamento conserva legitimidad democrática, pero deja de ser jurídicamente omnipotente. La validez de una norma depende de su procedimiento y de su compatibilidad con derechos, principios y competencias constitucionales.
La Constitución adquiere fuerza normativa. Ya no se concibe como manifiesto político reservado para grandes crisis, sino como derecho aplicable a casos concretos. Jueces, administraciones y legisladores deben interpretarla y cumplirla. La ciudadanía puede invocarla. Los órganos de control pueden anular actos contrarios a ella. La supremacía se convierte en práctica cotidiana.
Los tribunales constitucionales se expanden en Europa y posteriormente en otras regiones. Su función incluye controlar leyes, resolver conflictos de competencia, proteger derechos y preservar la estructura constitucional. La justicia constitucional se transforma en un componente del equilibrio de poderes. No sustituye la política democrática, pero impide que la política ordinaria actúe como si no existieran normas superiores.
La rigidez constitucional también se fortalece. Reformar la Constitución requiere procedimientos agravados y, en algunos sistemas, ciertas cláusulas se declaran irreformables. La Ley Fundamental alemana protege la dignidad, la democracia, el federalismo y la estructura básica frente al poder de reforma. Aparece así la idea de una “democracia militante”: el orden democrático puede defenderse de quienes utilizan sus libertades para destruirlo, siempre dentro de garantías y con control estricto.
El nuevo constitucionalismo reconoce que los derechos no son absolutos, pero sus restricciones necesitan ley, finalidad legítima, necesidad, proporcionalidad y respeto del contenido esencial. La ponderación y el principio de proporcionalidad se convierten en técnicas centrales. Este desarrollo amplía la capacidad de protección, aunque exige motivaciones rigurosas para evitar que el juicio constitucional se transforme en preferencia subjetiva.
Konrad Hesse describió la fuerza normativa de la Constitución como una relación entre texto y realidad: la Constitución no puede ignorar las condiciones históricas, pero tampoco debe rendirse ante ellas. Necesita una “voluntad de Constitución”, es decir, la disposición de gobernantes, jueces y ciudadanía a realizar sus mandatos. Sin esa voluntad, incluso el mejor diseño puede degradarse.
11. La internacionalización de los derechos humanos y el constitucionalismo multinivel
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 trasladó la dignidad y los derechos al plano internacional. La protección de la persona dejó de ser considerada asunto exclusivamente interno. Los horrores de la guerra demostraron que un Estado puede utilizar su propio derecho para organizar la opresión; por ello, la comunidad internacional comenzó a construir estándares y mecanismos supranacionales.
La Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 creó un sistema regional con jurisdicción internacional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 desarrolló en el hemisferio un orden de protección complementaria basado en libertad personal, debido proceso, expresión, participación política, igualdad y tutela judicial. Otros tratados universales y regionales ampliaron garantías contra discriminación, tortura, desaparición, violencia de género y violaciones de derechos económicos, sociales y culturales.
El constitucionalismo pasó a operar en varios niveles. La persona puede estar protegida por la Constitución nacional, los tratados y la jurisprudencia internacional. Los jueces internos interpretan derechos a la luz de compromisos internacionales; los tribunales internacionales controlan el cumplimiento estatal; y los textos constitucionales reconocen distintas formas de apertura al derecho internacional.
Este desarrollo modifica la soberanía. No elimina al Estado, pero niega que la soberanía equivalga a poder sin responsabilidad. Un Estado soberano asume obligaciones y debe cumplirlas de buena fe. La legitimidad internacional se relaciona crecientemente con la protección efectiva de la persona.
La interacción entre jurisdicciones genera también tensiones. ¿Quién tiene la última palabra cuando una corte nacional y una internacional interpretan de manera distinta un derecho? La respuesta más fecunda no consiste necesariamente en una jerarquía rígida, sino en diálogo, interpretación conforme y protección más favorable, sin desconocer las competencias y procedimientos de cada orden.
El constitucionalismo multinivel obliga a abandonar la imagen de una pirámide cerrada y autosuficiente. El derecho contemporáneo se parece más a una red de normas, tribunales y principios que cooperan y, a veces, entran en conflicto. La calidad del Estado constitucional depende de su capacidad para integrar esa pluralidad sin perder seguridad jurídica ni identidad democrática.
12. Del Estado de derecho al Estado constitucional
El Estado de derecho y el Estado constitucional no son adversarios. El segundo profundiza al primero. El Estado de derecho exigió gobierno bajo leyes, prohibición de arbitrariedad, jueces independientes, seguridad jurídica y responsabilidad. El Estado constitucional añade que la ley misma está sometida a una norma superior cargada de derechos, principios y valores.
En el Estado legislativo, la legalidad ocupa el centro. La Administración debe actuar conforme a ley y el juez aplica la voluntad legislativa. En el Estado constitucional, la Constitución condiciona la producción, interpretación y aplicación de toda norma. El juez no puede obedecer una ley manifiestamente incompatible con la Constitución sin examinar su validez; la Administración no puede refugiarse en una autorización legal que vulnere derechos; y el legislador debe justificar restricciones.
La democracia también cambia de significado. No es sólo regla de mayoría. Requiere elecciones auténticas, oposición libre, pluralismo, libertad de expresión, igualdad política, alternancia, transparencia y garantías para minorías. Una mayoría que elimina esas condiciones no ejerce plenamente la democracia: destruye el procedimiento que le otorgó autoridad.
Por ello, la Constitución cumple una doble función. Habilita el poder democrático y lo limita. Sin habilitación, el Estado no puede gobernar; sin limitación, puede convertirse en dominación. La Constitución debe permitir decisiones eficaces y, al mismo tiempo, impedir decisiones incompatibles con la dignidad y la estructura democrática.
Los derechos fundamentales poseen una dimensión subjetiva y otra objetiva. Son facultades de las personas frente al Estado, pero también principios que orientan todo el ordenamiento. La libertad de expresión protege al comunicador y, simultáneamente, sostiene el debate democrático. La igualdad protege frente a discriminaciones y exige revisar estructuras que reproducen exclusión. El debido proceso es garantía individual y condición de legitimidad de la justicia.
La jurisdicción constitucional introduce un problema de equilibrio. Los jueces no son representantes electos y deben evitar sustituir opciones políticas legítimas. Pero la Constitución perdería fuerza si los órganos controlados fueran los únicos jueces de sus límites. La legitimidad de la justicia constitucional depende de independencia, argumentación pública, coherencia, prudencia, respeto de competencias y capacidad para ofrecer razones constitucionales comprensibles.
El Estado constitucional no es “gobierno de jueces”. Es gobierno de la Constitución mediante una distribución de responsabilidades: el legislador desarrolla derechos y políticas; el Ejecutivo administra dentro de la ley; los jueces protegen garantías; los órganos de control fiscalizan; y la ciudadanía participa, exige información y activa remedios. Ningún actor monopoliza la Constitución.
13. América Latina: constitucionalismo transformador y persistencia de viejos poderes
América Latina ha sido un territorio de intensa producción constitucional. Desde las independencias, las constituciones buscaron organizar repúblicas, afirmar soberanía y superar el orden colonial. Sin embargo, la inestabilidad, el militarismo, el personalismo, la desigualdad y la fragilidad administrativa dificultaron la correspondencia entre norma y realidad.
Durante el siglo XX, la región incorporó derechos sociales, justicia electoral, amparo, control de constitucionalidad y mecanismos de participación. Tras las dictaduras, las constituciones de las décadas finales del siglo fortalecieron derechos, independencia judicial y límites al poder. Brasil en 1988 y Colombia en 1991 son ejemplos de textos extensos, abiertos al derecho internacional y orientados a transformación social.
El constitucionalismo latinoamericano reciente ha reconocido diversidad cultural, derechos de pueblos indígenas, protección ambiental, acciones colectivas, defensorías del pueblo, participación directa y nuevas garantías. Se habla de constitucionalismo transformador porque la Constitución no pretende únicamente preservar un orden existente, sino corregir exclusiones históricas y orientar cambios estructurales.
La tutela colombiana, el amparo en diversos países y las acciones de inconstitucionalidad han acercado la Constitución a la ciudadanía. Los tribunales constitucionales se convirtieron en actores relevantes en materias como salud, igualdad, debido proceso, ambiente, participación y derechos de grupos vulnerables. Esta expansión ha demostrado la capacidad del derecho constitucional para producir efectos concretos.
Pero la región conserva tensiones profundas. El hiperpresidencialismo, la reelección manipulada, la colonización partidaria de instituciones, la corrupción, la inseguridad y la desigualdad pueden vaciar los textos. También existe el riesgo de convertir la reforma constitucional en instrumento coyuntural para redistribuir el poder a favor de quien gobierna.
La lección latinoamericana es clara: una Constitución transformadora necesita Estado capaz, administración profesional, partidos democráticos, justicia independiente, ciudadanía informada y controles que funcionen. Los derechos no se realizan únicamente mediante sentencias, pero tampoco pueden depender enteramente de la voluntad política del momento.
14. La República Dominicana en el Estado constitucional contemporáneo
La historia constitucional dominicana comienza formalmente con la Constitución de San Cristóbal de 1844 y está marcada por numerosas reformas. Esa frecuencia expresa, en parte, la búsqueda de ajustes institucionales, pero también revela la recurrente disputa por la organización y duración del poder. La consolidación constitucional requiere que la Constitución deje de ser un instrumento de coyuntura y se convierta en marco estable de la competencia democrática.
La reforma de 2010 representó un punto de inflexión al definir la República Dominicana como Estado social y democrático de derecho, ampliar el catálogo de derechos y garantías, crear el Tribunal Constitucional y reorganizar la justicia constitucional. La Constitución votada y proclamada el 27 de octubre de 2024 mantiene los componentes centrales de ese paradigma y constituye el texto vigente.
El artículo 2 proclama la soberanía popular. El artículo 4 organiza el gobierno civil, republicano, democrático y representativo y dispone la separación e independencia de los poderes. El artículo 6 declara la supremacía de la Constitución y la nulidad de toda norma o acto contrario a ella. No se trata de una cláusula ornamental: transforma la Constitución en criterio de validez de todo el ordenamiento.
El artículo 7 define la República Dominicana como Estado social y democrático de derecho, fundado en dignidad humana, derechos fundamentales, trabajo, soberanía popular y separación e independencia de los poderes. Esa fórmula reúne las grandes etapas estudiadas: el componente liberal de limitación, el componente democrático de soberanía popular y el componente social de realización material de derechos.
El artículo 8 atribuye al Estado la función esencial de proteger efectivamente los derechos, respetar la dignidad y procurar medios para el perfeccionamiento igualitario, equitativo y progresivo de la persona. El Estado constitucional dominicano no puede limitarse a abstenerse de violar; debe organizar instituciones y políticas que hagan posibles libertad y justicia social.
El artículo 74 establece principios de interpretación. Los derechos enumerados no excluyen otros de igual naturaleza; la regulación debe respetar contenido esencial y razonabilidad; los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados tienen jerarquía constitucional y aplicación directa e inmediata; y las normas deben interpretarse en el sentido más favorable a la persona, armonizando los bienes en conflicto. Esta disposición conecta el orden interno con el constitucionalismo internacional de los derechos humanos.
El artículo 184 crea el Tribunal Constitucional para garantizar supremacía, orden constitucional y derechos fundamentales; sus decisiones son definitivas, irrevocables y vinculantes. El artículo 185 reconoce, entre otras atribuciones, la acción directa de inconstitucionalidad y el control preventivo de tratados. El artículo 188 conserva el control difuso, permitiendo a los tribunales conocer excepciones de constitucionalidad en asuntos sometidos a su decisión.
La coexistencia de control concentrado y difuso expresa un sistema de defensa múltiple. La Constitución no depende de un único órgano. El Tribunal Constitucional cumple una función central; los jueces ordinarios protegen la supremacía en casos concretos; la Administración debe aplicar directamente los derechos; el legislador debe controlar la constitucionalidad durante la formación de la ley; y la ciudadanía puede activar garantías.
La acción directa de inconstitucionalidad posee una función depuradora. Permite confrontar leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas con la norma suprema. Su finalidad no es sustituir el debate político ni convertir cualquier desacuerdo en cuestión constitucional, sino retirar del ordenamiento disposiciones que contradicen derechos, competencias, procedimientos o principios superiores.
El mayor reto dominicano, como en toda democracia constitucional, consiste en reducir la distancia entre Constitución normativa y práctica institucional. Supremacía significa obediencia efectiva; independencia judicial significa ausencia de presiones; función social significa políticas sostenibles; debido proceso significa decisiones motivadas y oportunas; y control del poder significa consecuencias frente a la infracción. El Estado constitucional se mide menos por la solemnidad de su texto que por la experiencia cotidiana de la persona frente a las instituciones.
15. El Estado constitucional del siglo XXI: nuevas fronteras del poder
15.1. La erosión democrática desde dentro
Las amenazas contemporáneas no siempre adoptan la forma de golpes militares. Gobiernos elegidos pueden debilitar controles mediante reformas legales, capturar tribunales, hostigar prensa y oposición, alterar reglas electorales o utilizar recursos públicos para perpetuarse. La erosión es gradual y puede conservar apariencias formales. El constitucionalismo debe identificar no sólo rupturas abiertas, sino procesos acumulativos que vacían la democracia.
La defensa constitucional exige instituciones capaces de reaccionar sin convertirse ellas mismas en poderes arbitrarios. La respuesta no puede consistir en proscribir cualquier disenso. Debe centrarse en proteger elecciones competitivas, independencia judicial, libertad de expresión, integridad electoral, pluralismo y alternancia.
15.2. Desigualdad y eficacia de los derechos sociales
La desigualdad extrema limita la ciudadanía. Quien carece de educación, salud, seguridad o acceso a justicia participa formalmente, pero enfrenta barreras materiales. El Estado constitucional del siglo XXI debe asegurar pisos de dignidad y oportunidades reales sin destruir iniciativa, responsabilidad fiscal o libertad económica.
El problema no se resuelve proclamando más derechos sin diseñar medios para cumplirlos. Las constituciones necesitan presupuestos transparentes, administración competente, evaluación de políticas y prioridades justificadas. La justicia puede exigir mínimos y corregir exclusiones, pero la realización sostenible requiere coordinación democrática.
15.3. Poderes privados, plataformas digitales e inteligencia artificial
El constitucionalismo clásico fue diseñado principalmente para limitar al Estado. Hoy, corporaciones, plataformas y sistemas algorítmicos pueden afectar privacidad, expresión, igualdad, reputación, trabajo y acceso a servicios. El poder relevante ya no es sólo el que dicta decretos; también es el que clasifica datos, modera contenidos, asigna riesgos o condiciona oportunidades mediante decisiones automatizadas.
La inteligencia artificial ofrece beneficios, pero puede reproducir discriminaciones, facilitar vigilancia masiva y opacar la responsabilidad. El principio constitucional debe ser que ninguna decisión con efectos graves sobre derechos quede fuera de transparencia, explicación, revisión humana y remedio efectivo. Los derechos deben protegerse en línea y fuera de línea.
15.4. Seguridad, emergencia y preservación de la legalidad
Terrorismo, crimen organizado, epidemias y catástrofes exigen capacidad de respuesta. Pero la emergencia es históricamente una puerta de expansión del poder. Las medidas excepcionales deben tener base jurídica, necesidad, proporcionalidad, temporalidad, control legislativo y revisión judicial. Una emergencia indefinida deja de ser excepción y se convierte en forma de gobierno.
El constitucionalismo no exige impotencia estatal. Exige eficacia responsable. Un gobierno incapaz de proteger la vida y la seguridad incumple la Constitución; un gobierno que utiliza la seguridad para eliminar derechos también la incumple. La solución es un poder suficiente, pero controlado.
15.5. Emergencia climática y derechos de las generaciones futuras
El deterioro ambiental desafía categorías construidas alrededor de daños individuales e inmediatos. La contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático afectan bienes colectivos, territorios y generaciones futuras. Más de cien Estados reconocen constitucionalmente alguna forma de derecho ambiental o de protección ecológica.
El constitucionalismo ecológico amplía la responsabilidad temporal del Estado. La mayoría presente no debe consumir irreversiblemente las condiciones de vida de quienes todavía no pueden votar. La Constitución puede exigir prevención, información, participación, justicia ambiental y uso sostenible de recursos.
15.6. Globalización y constitucionalismo multinivel
Decisiones económicas, tecnológicas, sanitarias y ambientales se adoptan en redes internacionales y organismos que no siempre responden a las formas clásicas de representación. El Estado sigue siendo decisivo, pero comparte espacios normativos. El desafío consiste en preservar control democrático, transparencia y derechos dentro de estructuras supranacionales y transnacionales.
La soberanía constitucional contemporánea no equivale a aislamiento. Significa capacidad democrática para asumir compromisos, participar en su formación y exigir que se apliquen conforme a la dignidad y al interés público. La cooperación internacional puede fortalecer el constitucionalismo si incorpora responsabilidad y control.
15.7. Jurisdicción constitucional, interpretación y prudencia
Cuanto más abierta y principialista es la Constitución, mayor es la responsabilidad del intérprete. Los tribunales deben proteger derechos sin apropiarse de decisiones legítimamente políticas. La argumentación constitucional debe mostrar texto, precedente, finalidad, consecuencias, comparación y razones de proporcionalidad. Una sentencia vinculante necesita una motivación a la altura del poder que ejerce.
La independencia judicial no es privilegio corporativo. Es garantía de la ciudadanía. Pero independencia no significa ausencia de crítica ni irresponsabilidad. Los jueces deben estar sujetos a integridad, transparencia, incompatibilidades y procedimientos disciplinarios respetuosos del debido proceso.
16. Una lectura de conjunto: las cinco grandes transformaciones
El recorrido permite identificar cinco transformaciones acumulativas. La primera fue el paso de la prerrogativa a la legalidad: el gobernante dejó de ser fuente incontestable del derecho y quedó sujeto a normas. La segunda fue el paso de la legalidad a la Constitución: una norma superior organizó y limitó a los poderes ordinarios. La tercera fue el paso de los derechos como proclamación a los derechos como normas exigibles. La cuarta fue el paso del Estado abstencionista al Estado social, obligado también a crear condiciones de libertad e igualdad. La quinta fue el paso del constitucionalismo exclusivamente nacional a un sistema multinivel de protección.
Cada transformación conserva la anterior. Los derechos sociales no sustituyen libertad de expresión ni debido proceso; la justicia constitucional no elimina representación política; el derecho internacional no extingue el Estado; y la respuesta tecnológica no puede prescindir de legalidad. El Estado constitucional es una síntesis compleja, no una sucesión que descarta lo previo.
También se advierte un cambio en el objeto del control. Primero se limitó al monarca; después al Ejecutivo; luego al legislador; hoy debe abarcar administraciones, jueces, mayorías, partidos, poderes económicos, tecnologías y organismos transnacionales. El constitucionalismo se expande porque el poder cambia de forma.
Sin embargo, su núcleo permanece. Allí donde alguien puede afectar derechos sin rendir cuentas surge una pregunta constitucional. Allí donde una mayoría pretende convertir su victoria en dominio permanente, la Constitución debe preservar competencia futura. Allí donde una institución invoca eficacia para evitar controles, el constitucionalismo recuerda que la eficacia sin responsabilidad puede convertirse en arbitrariedad.
Conclusión. El poder nunca debe ser juez exclusivo de sus propios límites
El constitucionalismo moderno comienza a gestarse en el siglo XVII porque es allí donde la experiencia inglesa transforma antiguas libertades en un problema general de organización y limitación del poder. La Petition of Right, los debates de Putney, el Instrument of Government, el Habeas Corpus Act, la Revolución Gloriosa y el Bill of Rights prepararon el terreno para la síntesis de Locke. El siglo XVIII añadió la teoría de Montesquieu y las revoluciones estadounidense y francesa, que convirtieron derechos, soberanía popular, separación de poderes y Constitución escrita en fundamentos de un nuevo orden.
El siglo XIX difundió el Estado liberal y la legalidad, pero dejó una ciudadanía restringida y una protección incompleta frente al legislador. El siglo XX incorporó derechos sociales, justicia constitucional e internacionalización de los derechos. Después de 1945, la dignidad humana y la Constitución normativa redefinieron la democracia. El siglo XXI recibe ese patrimonio y enfrenta poderes que los fundadores no pudieron prever: plataformas, algoritmos, redes transnacionales, crisis climática y erosión democrática gradual.
La continuidad profunda entre todos esos momentos puede expresarse en una sola idea: el poder nunca debe ser juez exclusivo de sus propios límites. El rey necesitó Parlamento y jueces; el Parlamento necesitó Constitución; la mayoría necesitó derechos; el Estado necesitó control internacional; y los poderes privados necesitan hoy regulación, transparencia y remedios.
Una Constitución auténtica no es una promesa depositada en un archivo. Es una práctica de autocontención institucional. Vive cuando el gobernante acepta una sentencia adversa, cuando el legislador respeta el contenido esencial de los derechos, cuando el juez fundamenta su decisión, cuando la Administración trata a la persona con igualdad, cuando la oposición puede competir y cuando la ciudadanía utiliza la libertad con responsabilidad.
El Estado constitucional no elimina el conflicto político; lo civiliza. No impide gobernar; obliga a gobernar con razones. No reemplaza la voluntad popular; preserva las condiciones para que esa voluntad pueda renovarse libremente. No promete una sociedad sin desacuerdos; garantiza que ningún desacuerdo autorice la destrucción de la dignidad del adversario.
Por eso el constitucionalismo sigue siendo una obra abierta. Cada generación recibe límites conquistados por las anteriores y debe aplicarlos a formas nuevas de poder. Su futuro dependerá menos de la cantidad de normas que de la capacidad colectiva para sostener una convicción elemental: ninguna autoridad es tan legítima como para no rendir cuentas, y ningún derecho es tan solemne como para poder sobrevivir sin garantías.
Cronología esencial para estudiantes
| Año | Hito | Relevancia constitucional |
| 1215 | Magna Carta | Antecedente de sujeción del rey a la ley, debido proceso y consentimiento fiscal. |
| 1628 | Petition of Right | Rechazo de tributación no consentida, encarcelamiento arbitrario y ley marcial abusiva. |
| 1647 | Agreement of the People y debates de Putney | Propuestas de pacto escrito, representación más igualitaria y límites al Parlamento. |
| 1653 | Instrument of Government | Experimento de Constitución escrita para el Protectorado inglés. |
| 1679 | Habeas Corpus Act | Fortalecimiento judicial de la libertad física. |
| 1688-1689 | Revolución Gloriosa y Bill of Rights | Monarquía limitada, centralidad parlamentaria y prohibición de prerrogativas arbitrarias. |
| 1689 | Locke, Dos tratados sobre el gobierno civil | Derechos naturales, consentimiento, poder fiduciario, división funcional y resistencia. |
| 1729-1731 | Estancia de Montesquieu en Inglaterra | Observación directa del Parlamento, la prensa y los equilibrios políticos ingleses. |
| 1748 | Montesquieu, El espíritu de las leyes | Formulación clásica de separación, moderación y control recíproco del poder. |
| 1776 | Declaración de Derechos de Virginia y Declaración de Independencia | Derechos inherentes, soberanía popular y gobierno por consentimiento. |
| 1787 | Constitución de Estados Unidos | Constitución escrita, rígida, federal y basada en poderes separados con controles. |
| 1789 | Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano | Universalidad de derechos; garantía de derechos y separación como esencia constitucional. |
| 1791 | Bill of Rights estadounidense | Constitucionalización de libertades y garantías individuales. |
| 1803 | Marbury v. Madison | Consolidación del control judicial difuso de constitucionalidad. |
| 1917 | Constitución mexicana | Hito del constitucionalismo social, agrario y laboral. |
| 1919 | Constitución de Weimar | Derechos sociales y orden económico orientado a justicia. |
| 1920 | Constitución austríaca y Tribunal Constitucional | Desarrollo del modelo concentrado de justicia constitucional asociado a Kelsen. |
| 1948 | Constitución italiana y Declaración Universal | Dignidad, igualdad sustantiva, derechos inviolables e internacionalización. |
| 1949 | Ley Fundamental alemana | Dignidad humana, derechos vinculantes y democracia constitucional protegida. |
| 1950 | Convención Europea de Derechos Humanos | Protección regional jurisdiccional de derechos. |
| 1969 | Convención Americana sobre Derechos Humanos | Sistema interamericano de protección complementaria. |
| 2010 | Reforma constitucional dominicana | Estado social y democrático de derecho, Tribunal Constitucional y garantías reforzadas. |
| 2024 | Constitución vigente de la República Dominicana | Continuidad y actualización del paradigma constitucional dominicano. |
Bibliografía y fuentes selectas
Obras fundamentales
Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Aragón Reyes, Manuel. Constitución y control del poder. Buenos Aires: Ciudad Argentina.
Dicey, A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Londres: Macmillan.
Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Barcelona: Ariel.
Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid: Trotta.
Fioravanti, Maurizio. Constitución. De la Antigüedad a nuestros días. Madrid: Trotta.
García de Enterría, Eduardo. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Madrid: Civitas.
Hamilton, Alexander; Madison, James; y Jay, John. El Federalista.
Häberle, Peter. El Estado constitucional. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Heller, Hermann. Teoría del Estado. México: Fondo de Cultura Económica.
Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Kelsen, Hans. La garantía jurisdiccional de la Constitución.
Locke, John. Segundo tratado sobre el gobierno civil.
Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel.
Montesquieu. Del espíritu de las leyes.
Nino, Carlos Santiago. Fundamentos de Derecho Constitucional. Buenos Aires: Astrea.
Sieyès, Emmanuel-Joseph. ¿Qué es el Tercer Estado?
Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid: Trotta.
Documentos y fuentes institucionales
Constitución de la República Dominicana, votada y proclamada el 27 de octubre de 2024, Gaceta Oficial núm. 11170.
Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 y sus enmiendas. National Archives, Estados Unidos.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
Constitución de la República Italiana de 1948.
Ley Fundamental para la República Federal de Alemania de 1949.
Declaración de Derechos de Virginia de 1776.
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Convención Europea de Derechos Humanos de 1950.
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.
Habeas Corpus Act de 1679; Bill of Rights de 1689; y materiales históricos del Parlamento del Reino Unido.
Tribunal Constitucional de Austria, materiales históricos sobre la Constitución de 1920 y el desarrollo de la jurisdicción constitucional.
Comisión de Venecia. Rule of Law Checklist.
International IDEA. Materiales sobre gobernanza constitucional, democracia y Estado de derecho.
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