Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
Hay hechos en la historia que no se explican por lo que ocurrió, sino por lo que se permitió que ocurriera.
El atentado contra el general Antonio Imbert Barrera, aquel martes de Semana Santa, 21 de marzo de 1967, en la ciudad de Santo Domingo, pertenece a esa categoría.
No fue un relámpago aislado en un cielo despejado.
Fue, más bien, la descarga final de una tensión que llevaba años acumulándose en silencio.
Yo no hablo de oídas.
He escrito sobre ese hecho, lo he investigado, lo he documentado en reportajes, entrevistas y materiales audiovisuales que han circulado por la prensa, la televisión y que aún hoy reposan en plataformas públicas.
He hablado con testigos, con protagonistas y con hombres que estaban en el corazón mismo del poder.
Y cuando uno escucha durante años, las piezas terminan encajando.
Porque la historia dominicana de esos años no puede entenderse sin regresar a 1965.
A junio de 1965, cuando tropas de Estados Unidos ocupaban el territorio nacional tras la guerra de abril, y cuando un avión procedente de Puerto Rico traía de regreso a un hombre que cambiaría el curso político del país: Joaquín Balaguer.
En ese momento, quien ejercía el poder era Imbert, al frente del llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional.
Ese mismo Imbert intentó impedir la entrada de Balaguer al país. No era un gesto menor. Era un acto político de primer orden.
Pero el general norteamericano Bruce Palmer, jefe de las fuerzas interventoras, permitió el aterrizaje. Y no solo eso: garantizó la instalación de Balaguer en su residencia y le envió un emisario —entonces un joven periodista a quien conocen muchos políticos — para transmitirle tranquilidad.
Ese gesto no fue militar. Fue político.
Y una decisión así solo podía venir de Washington.
Ahí comienza una relación marcada por la necesidad… y por la desconfianza.
Balaguer, hombre de memoria larga, no olvidó lo de 1965.
Incluso se ha divulgado la versión de hubo la intención de fijarle refugio en la zona constitucionalista.
Tampoco olvidó su propio pasado inmediato: su salida del poder en 1962, su asilo en la Nunciatura Apostólica, su exilio en los Estados Unidos.
Sabía lo que significaba depender de fuerzas que no controlaba.
Pero también sabía que la política no se construye con resentimientos, sino con equilibrio.
Y en ese equilibrio, Imbert comenzó a convertirse en un problema.
No era un militar de carrera, pero vestía uniforme desde 1962, cuando el Consejo de Estado se lo otorgó como protección frente a los remanentes del trujillismo.
Imbert tenía prestigio, tenía historia, tenía legitimidad. Y, sobre todo, tenía presencia.
Visitaba cuarteles. Conversaba con oficiales. Se movía.
Y eso, en un país que apenas salía de una guerra civil, era interpretado como una señal de riesgo.
Las advertencias no fueron privadas. El propio Balaguer le llamó la atención públicamente.
También lo hizo el general Enrique Pérez y Pérez, desde la Secretaría de las Fuerzas Armadas. El mensaje era claro: no debía continuar en ese camino.
Pero la historia dominicana no siempre se detiene con advertencias.
He conversado con testigos de aquel 21 de marzo de 1967.
Personas que no sabían quiénes disparaban, pero que escucharon los tiros, que sintieron el miedo, que hicieron llamadas nerviosas en medio de la incertidumbre. Yo residí en esa zona mucho tiempo después del atentado y pude recibir su testimonio.
He hablado también con el propio General Imbert. Y cuando le pregunté quiénes habían sido los responsables, me respondió sin rodeos:
“Fueron la gente de Balaguer.”
Esa frase no es una interpretación. Está publicada en el Listin Diario.
Pero la historia no se sostiene en una sola voz.
Un coronel del Ejército, Antonio Paredes, quien tenía acceso directo al despacho presidencial, me explicó que la orden había salido del grupo del general Ney Rafael Nivar Seijas, jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente en ese momento. Me dio nombres. Los anoté.
Décadas después, en abril de 2026, un oficial retirado —cercano a los noventa años— me confirmó esa versión. No puedo dar su nombre porque aún vive.
Pero me dijo algo más: que él mismo había participado en el complot y que él trabajó para la Central Intelligence Agency.
Me habló de coincidencias en los nombres, de la participación de sectores policiales, bajo el mando de Ney Tejeda Álvarez, y de un elemento decisivo: la CIA sabía.
Y no actuó.
No organizó el atentado.
No lo indujo.
Pero no lo detuvo.
Porque en ese momento, la prioridad del gobierno de Lyndon B. Johnson no era proteger a Imbert.
Era garantizar la estabilidad del gobierno de Balaguer.
No había pasado un año desde su instalación en el poder.
El recuerdo de 1965 estaba demasiado cerca.
En ese tablero, Imbert era prescindible.
El atentado ocurrió. Y ocurrió con una violencia que no logró su objetivo final.
Imbert sobrevivió.
Gravemente herido, condujo su propio vehículo hasta la Clínica Internacional, en la avenida México.
El mismo centro donde, seis años antes, había sido llevado Pedro Livio Cedeño tras el atentado contra Trujillo.
La historia, a veces, se repite en los mismos lugares.
Balaguer fue a ver a Imbert mal herido.
Lo visitó.
Y con el tiempo, ambos hicieron lo que hacen los hombres que entienden el poder: dejaron atrás el conflicto.
Años después, el mismo Balaguer lo nombraría secretario de las Fuerzas Armadas en su nuevo período gubernamental iniciado en 1986.
La política cerró lo que la violencia había abierto.
Pero eso no borra lo ocurrido.
Porque hay hechos que no desaparecen. Solo se acomodan en la memoria.
Y este es uno de ellos.
Un atentado que no fue ordenado desde fuera.
Pero que tampoco fue impedido por quienes podían hacerlo.
Un atentado que revela que, en ciertos momentos de la historia, la diferencia entre actuar y no actuar no es moral, sino estratégica.
Y que, en política internacional, el silencio —cuando se tiene poder— también es una forma de decisión.
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