EN FOCO | NACIONALES Y JUDICIALES.
Santo Domingo. – El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien se desempeñaba como parte del equipo operativo en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentó su renuncia formal a su condición de miembro del Ministerio Público. El exfuncionario judicial enfrenta acusaciones graves por la supuesta recepción de un soborno ascendente a 10 mil dólares, en un escándalo que impacta directamente a las instancias de persecución penal del Estado dominicano.
Involucramiento en el caso Senasa y acusaciones de extorsión.
De acuerdo con las indagatorias desarrolladas por los órganos de control interno y el Ministerio Público, a Valdez Alcántara se le imputa haber extorsionado a un testigo clave dentro de la investigación del expediente por fraude en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa). Los informes preliminares establecen que el entonces fiscal utilizó su posición dentro del organismo persecutor para exigir la entrega de sumas de dinero en efectivo e instalaciones de bienes a cambio de gestionar tratamientos favorables o modificar actuaciones procesales vinculadas a las investigaciones del desfalco institucional.
La confirmación de la renuncia del imputado fue ofrecida de manera pública por su representante legal, el jurista Valentín Medrano, así como por el procurador de corte Eduardo Velázquez. Esta dimisión se produce en un momento en que el Ministerio Público buscaba avanzar en el conocimiento de las medidas de coerción correspondientes, proceso que sufrió dilaciones debido a los diferimientos de las audiencias preliminares.
Variación de la jurisdicción y curso de las acciones legales.
Con la dimisión formal depositada por el exintegrante de la Pepca, el procesado pierde de manera inmediata la jurisdicción privilegiada que le correspondía por su condición de magistrado. En consecuencia, el procurador de corte Eduardo Velázquez anunció que el expediente completo instruido contra Valdez Alcántara será trasladado de manera formal a la jurisdicción ordinaria, correspondiendo a un tribunal de primera instancia el conocimiento de las medidas cautelares y el desarrollo de las etapas posteriores del juicio.
Las autoridades del Ministerio Público reiteraron que el proceso judicial contra el exfiscal continuará en la justicia ordinaria sin ningún tipo de prerrogativas, en concordancia con los principios de transparencia e integridad institucional que rigen la persecución de los actos de corrupción administrativa.
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