
Santo Domingo. – El Ministerio Público formalizó el pedido de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso contra 25 personas arrestadas en la más reciente fase del expediente SeNaSa 2.0. La medida coercitiva fue depositada luego de las intervenciones desplegadas el pasado viernes en el marco de la denominada "Operación Cobra 2.0-A", orientada a desarticular una red acusada de defraudar al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por un monto superior a los 40 millones de pesos.
Red de implicados y modus operandi.
La solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador establece que esta ramificación del caso involucra a profesionales de la medicina, prestadores de servicios de salud y relacionados con el sector farmacéutico y hospitalario. Según las investigaciones, los imputados habrían articulado un esquema ilícito orientado al desvío sistemático de recursos públicos mediante la emisión y validación de reclamaciones por atenciones médicas y procedimientos no realizados.
Entre las personas encartadas en este expediente figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez. Asimismo, la lista de galenos sometidos incluye a los doctores Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Próximos pasos procesales.
Con la entrega del expediente ante el tribunal de atención permanente competente, las autoridades judiciales se preparan para fijar la hora de la audiencia de medida de coerción. Durante la sesión, la representación del Ministerio Público fundamentará los riesgos procesales de fuga e interrupción de la investigación para justificar la privación de libertad de los 25 arrestados mientras avanza la instrucción del caso.
En Foco continuará dando seguimiento a la fijación de la audiencia de medida de coerción y al conocimiento del fallo en los tribunales.
