Por José Manuel Jerez
Los acontecimientos recientes entre Estados Unidos y Venezuela han colocado al sistema interamericano ante una prueba crítica de coherencia jurídica y credibilidad política. El uso directo de la fuerza, la captura extraterritorial de un jefe de Estado y la pretensión de alterar el poder político interno de un Estado soberano reabren debates que el Derecho Internacional creía parcialmente superados desde la consolidación del orden posterior a 1945.
La soberanía estatal, entendida como igualdad jurídica y autonomía política, constituye el eje vertebral del sistema internacional y, de manera particular, del orden interamericano. Su relativización mediante acciones unilaterales erosiona no solo la estabilidad regional, sino también la confianza mínima necesaria para la cooperación entre Estados con profundas asimetrías de poder.
El principio de prohibición del uso de la fuerza, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y reafirmado por la práctica regional, no admite reinterpretaciones oportunistas. La ampliación discrecional de conceptos como seguridad, lucha contra el crimen transnacional o defensa preventiva corre el riesgo de vaciar de contenido una norma destinada precisamente a contener el unilateralismo armado.
En el ámbito interamericano, la historia de intervenciones externas ha dejado una huella profunda. La construcción progresiva del principio de no intervención fue una respuesta jurídica y política a esas experiencias. Debilitarlo hoy, incluso frente a gobiernos controvertidos, implica reactivar lógicas de dominación incompatibles con un sistema regional basado en normas.
Las instituciones multilaterales, tanto universales como regionales, quedan particularmente afectadas cuando los Estados optan por actuar al margen de ellas. La sustitución del multilateralismo por la coerción unilateral reduce los incentivos para la solución pacífica de controversias y convierte la legalidad internacional en una variable subordinada a la correlación de fuerzas.
Para los Estados medianos y pequeños de América Latina y el Caribe, el precedente es especialmente preocupante. La normalización de intervenciones armadas selectivas debilita los márgenes de protección jurídica frente a presiones externas y reintroduce una lógica de vulnerabilidad estructural que el Derecho Internacional buscó corregir.
Desde una perspectiva normativa, la defensa del Derecho Internacional no puede depender de la simpatía o antipatía que generen determinados gobiernos. La legalidad internacional se afirma precisamente en los casos difíciles, cuando respetar las reglas resulta políticamente incómodo pero jurídicamente indispensable.
El riesgo mayor de los precedentes peligrosos no es su excepcionalidad inicial, sino su eventual repetición. Una vez erosionados los límites, la discrecionalidad se expande y el sistema pierde capacidad de contención frente al uso arbitrario del poder.
En conclusión, la coyuntura actual exige una reafirmación clara y sin ambigüedades de la soberanía, la prohibición del uso de la fuerza y el multilateralismo jurídico. La estabilidad del sistema interamericano y la vigencia efectiva del Derecho Internacional dependen de que estos principios no sean tratados como obstáculos coyunturales, sino como garantías estructurales de convivencia entre Estados.
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