Por José Manuel Jerez
La historia política reciente de la República Dominicana registrará al Partido Revolucionario Moderno (PRM) no como un proyecto de modernización del Estado, sino como un experimento fallido que ha producido daños estructurales en áreas esenciales para la cohesión social y el desarrollo humano. Dos sectores sintetizan con claridad este fracaso: la salud pública y la educación superior tecnológica. En ambos casos, las decisiones del gobierno han tenido efectos devastadores, particularmente sobre los sectores más vulnerables.
El caso de SENASA constituye uno de los episodios más graves de instrumentalización política de una institución llamada a proteger el derecho fundamental a la salud. La conversión del Seguro Nacional de Salud en un mecanismo clientelar y electoral, acompañado de un manejo financiero opaco y políticamente orientado, no solo distorsionó su misión original, sino que comprometió la sostenibilidad del sistema y la calidad de los servicios ofrecidos a millones de dominicanos.
Este uso abusivo de SENASA produjo un golpe directo a la salud pública, afectando principalmente a quienes dependen exclusivamente del sistema estatal para acceder a medicamentos, tratamientos y atención médica oportuna. La salud dejó de ser una política pública estructurada para convertirse en un instrumento de propaganda y control político, con consecuencias humanas que aún no han sido plenamente dimensionadas.
En materia educativa, el daño no ha sido menor. El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), una de las obras más emblemáticas de la visión de desarrollo impulsada durante los gobiernos de Leonel Fernández, fue concebido como un pilar estratégico para insertar al país en la economía del conocimiento, la innovación y la tecnología. Su misión era clara: formar capital humano de alta calidad en áreas críticas para la competitividad nacional.
Bajo la actual gestión del PRM, el ITLA ha sufrido una desnaturalización profunda de su proyecto académico e institucional. Las decisiones administrativas erráticas, la pérdida de enfoque estratégico y la subordinación a intereses coyunturales han significado un golpe mortal a la educación tecnológica, precisamente en el área más relevante para el futuro del país.
A diferencia de la visión de Estado que caracterizó los gobiernos de Leonel Fernández —donde educación y tecnología eran ejes centrales del desarrollo—, el PRM ha demostrado una alarmante incapacidad para comprender la dimensión estratégica de estas políticas públicas. La improvisación ha sustituido a la planificación, y la propaganda ha reemplazado a la evaluación seria de resultados.
El paralelismo entre SENASA y el ITLA no es casual. En ambos casos, el patrón es el mismo: captura política de instituciones clave, debilitamiento de su gobernanza, pérdida de credibilidad y afectación directa de derechos fundamentales. Salud y educación, pilares de cualquier Estado social y democrático de derecho, han sido tratadas como botines administrativos.
Las consecuencias de este modelo de gestión no se limitan al presente. El daño institucional acumulado compromete el futuro, profundiza las desigualdades y erosiona la confianza ciudadana en el Estado. Un país que destruye su sistema de salud y debilita su educación tecnológica se condena a la precariedad estructural y a la dependencia.
El balance es ineludible: el PRM ha sido desastroso para la República Dominicana. Donde se prometió cambio, se produjo retroceso; donde se ofreció modernidad, se instaló la improvisación. La salud y la educación —especialmente en sus expresiones más sensibles y estratégicas— han sido víctimas de un proyecto político incapaz de gobernar con visión, responsabilidad y sentido histórico.
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