Por José Manuel Jerez
La discusión sobre la eventual fusión del Ministerio de Educación (MINERD) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) no es un simple debate administrativo. Es, en realidad, una discusión estructural sobre el modelo de Estado, la especialización funcional de la Administración Pública y la visión estratégica de desarrollo nacional. Cuando una decisión institucional afecta la arquitectura del sistema educativo en todos sus niveles, el análisis debe ir más allá de la coyuntura política y entrar en el terreno de los principios.
La Ley 139-01 no fue una improvisación normativa. Representó la consolidación de un sistema nacional de educación superior, ciencia y tecnología con identidad propia, con objetivos definidos y con mecanismos de aseguramiento de calidad. Su creación respondió a la comprensión de que la educación superior no es una simple extensión administrativa de la educación preuniversitaria, sino un subsistema con lógica, gobernanza, regulación y dinámicas propias, vinculadas directamente con la innovación, la investigación científica y la competitividad del país.
Fusionar ambas carteras implica suprimir esa especialización. Y en Derecho Administrativo contemporáneo, el principio de especialidad no es ornamental; es una garantía de eficiencia, tecnificación y responsabilidad institucional. Las administraciones complejas requieren órganos especializados capaces de diseñar políticas diferenciadas. Pretender que una misma estructura gestione simultáneamente alfabetización inicial, infraestructura escolar, deserción secundaria, acreditación universitaria, investigación científica y desarrollo tecnológico, no es integración: es concentración funcional con riesgo de dilución estratégica.
El argumento gubernamental de una “reforma integral” basada en eficiencia y optimización de recursos debe someterse a un estándar técnico: ¿existe evaluación previa que demuestre que el modelo vigente es ineficiente? En políticas públicas, la supresión de instituciones consolidadas exige diagnósticos verificables, indicadores comparados y estudios de impacto regulatorio. De lo contrario, la reforma se convierte en una reingeniería sin evidencia.
Hay un aspecto aún más delicado: la ciencia y la tecnología no pueden quedar subordinadas a las urgencias permanentes del sistema preuniversitario. La educación básica enfrenta déficits reales —lectura comprensiva, infraestructura, abandono escolar— que demandan atención prioritaria y recursos masivos. Pero precisamente por eso, el subsistema de educación superior requiere autonomía administrativa suficiente para sostener investigación, innovación y transferencia tecnológica sin quedar absorbido por la crisis estructural de otro nivel educativo.
Las experiencias comparadas muestran que los países que han logrado saltos cualitativos en productividad y competitividad han fortalecido, no debilitado, sus órganos especializados en educación superior e investigación. Alemania, Corea del Sur, Finlandia o incluso países latinoamericanos que han avanzado en ciencia aplicada, lo han hecho mediante estructuras diferenciadas, con fuerte coordinación interministerial, pero sin suprimir la identidad institucional del sector científico-tecnológico.
El debate, entonces, no es si debe existir coordinación entre MINERD y MESCyT. Esa articulación es indispensable. El problema es si coordinación significa fusión orgánica. La buena administración pública —principio reconocido en el Derecho europeo y cada vez más incorporado en la doctrina latinoamericana— exige racionalidad organizativa, no simplificación aparente.
Si el objetivo es modernizar, existen alternativas menos disruptivas: creación de gabinetes sectoriales vinculantes, sistemas de indicadores compartidos, plataformas digitales integradas, planificación estratégica interministerial o reformas puntuales a las leyes vigentes. La actualización normativa puede lograrse sin desmontar la arquitectura institucional que ha permitido consolidar el sistema de educación superior durante más de dos décadas.
La pregunta de fondo es estratégica: ¿aspira la República Dominicana a convertirse en una economía basada en conocimiento, innovación y tecnología? Si la respuesta es afirmativa, entonces la política pública debe fortalecer el ecosistema científico, no subsumirlo dentro de una estructura administrativa sobrecargada.
Más que una disputa partidaria, lo que está en juego es el modelo de desarrollo. Una cosa es reformar para modernizar; otra muy distinta es reorganizar sin una visión sistémica clara. La educación superior, la ciencia y la tecnología no son departamentos administrativos: son el motor silencioso del futuro nacional.
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