Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
En los primeros años de la década de 1970 comenzó a desarrollarse en el Caribe un debate que, con el paso del tiempo, ha quedado parcialmente olvidado, pero que en su momento despertó intensas controversias políticas, religiosas y morales.
Se trataba de los llamados planes de control de natalidad, promovidos por diversos organismos internacionales y fundaciones privadas bajo la premisa de que el rápido crecimiento demográfico de los países pobres constituía un obstáculo para el desarrollo económico.
En aquellos años, algunos economistas y planificadores occidentales sostenían una tesis que llegó a difundirse ampliamente en círculos políticos y académicos: era más barato limitar el crecimiento de la población que invertir grandes recursos en el desarrollo social y económico.
Este criterio fue expresado con claridad durante la administración del presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, quien llegó a sostener públicamente que un dólar invertido en control de natalidad podía ser más efectivo que varios dólares invertidos en programas de desarrollo.
Esa concepción influyó profundamente en la política de ayuda exterior de Estados Unidos durante los años sesenta y setenta.
La idea fue adoptada también por instituciones financieras internacionales. Durante la presidencia de Robert McNamara, el Banco Mundial impulsó programas que vinculaban desarrollo económico, planificación familiar y políticas demográficas.
Bajo ese enfoque, numerosos proyectos financiados en países en desarrollo incorporaron componentes destinados a reducir las tasas de natalidad.
En ese contexto, agencias como la United States Agency for International Development y fundaciones privadas como la Ford Foundation comenzaron a financiar programas de planificación familiar en América Latina, Asia y África.
En la región del Caribe el tema adquirió una particular sensibilidad debido a la experiencia de Puerto Rico.
Durante los años cincuenta y sesenta se desarrollaron allí programas de planificación familiar que condujeron a un fenómeno ampliamente documentado: el aumento extraordinario de las esterilizaciones femeninas.
En el lenguaje popular de la isla aquella intervención quirúrgica llegó a conocerse simplemente como “la operación”, y se convirtió en una práctica común entre mujeres de sectores humildes.
Frente a esa realidad surgieron voces críticas dentro de la propia sociedad puertorriqueña.
Entre las más influyentes se encontraba el sacerdote jesuita Antulio Parrilla Bonilla, quien denunció con firmeza lo que consideraba una política de control demográfico dirigida contra los sectores más pobres de la población.
Sus artículos, conferencias y pastorales circularon ampliamente en el Caribe y en América Latina, advirtiendo sobre los riesgos éticos y sociales de programas de esterilización promovidos bajo el argumento del desarrollo económico.
En la República Dominicana estas denuncias fueron seguidas con atención por diversos sectores.
El país salía entonces de una etapa política convulsa posterior a la caída del régimen de Rafael Leónidas Trujillo y a la Revolución de Abril de 1965.
En ese contexto comenzaron a aparecer iniciativas de planificación familiar vinculadas a programas internacionales de asistencia.
Desde las páginas de El Nacional y posteriormente de La Noticia, denuncié sistemáticamente durante aquellos años la posibilidad de que programas similares a los que se aplicaban en Puerto Rico fueran introducidos en el país.
Durante largo tiempo reproduje también los artículos de Monseñor Parrilla Bonilla, convencido de que el debate sobre la población no podía limitarse a argumentos técnicos o económicos, sino que debía considerar sus profundas implicaciones humanas y morales.
Recuerdo particularmente un episodio ocurrido en 1971, cuando publiqué informaciones sobre proyectos de control de natalidad vinculados a instituciones internacionales.
A raíz de esos artículos, el representante en el país de la Ford Foundation, Luis Crouch, visitó la redacción de El Nacional para ofrecer aclaraciones sobre el alcance de dichos programas. Aquella visita confirmaba que el tema había comenzado a generar inquietud en la opinión pública dominicana.
El debate no era exclusivo de la República Dominicana. En toda América Latina se discutían entonces las políticas demográficas promovidas desde centros de planificación internacional.
Mientras algunos economistas defendían la planificación familiar como instrumento de desarrollo, otros denunciaban que esas políticas podían transformarse en mecanismos de presión sobre los sectores más pobres de la población.
Con el paso del tiempo, el problema demográfico de la isla adquirió además otra dimensión particularmente delicada: la cuestión migratoria.
La crisis estructural de Haití y las profundas diferencias económicas entre ambos países generaron un flujo migratorio constante hacia territorio dominicano.
En ese contexto, diversos sectores comenzaron a plantear interrogantes sobre la forma en que los censos nacionales registraban la población residente en el país.
Para algunos observadores, el crecimiento demográfico dominicano debía analizarse no solo en términos de natalidad interna, sino también a la luz del impacto de la inmigración haitiana y de la manera en que los censos incorporaban esa realidad.
Este tema ha sido objeto de debate público durante décadas y continúa siendo uno de los asuntos más sensibles de la política nacional.
Paradójicamente, medio siglo después de aquellas discusiones, el mundo ha experimentado un cambio demográfico significativo.
Muchos países que en los años sesenta temían la llamada “explosión demográfica” enfrentan hoy el problema contrario: el envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad.
Sin embargo, la polémica que se desarrolló en el Caribe hace más de cincuenta años sigue siendo un capítulo importante de la historia social y política de la región.
Los artículos publicados entonces en la prensa dominicana permanecen como testimonio de aquel debate. Conservados en las colecciones de periódicos del Archivo General de la Nación (AGN), forman parte de la memoria histórica de un momento en que la cuestión demográfica se convirtió en uno de los temas más sensibles del desarrollo, la soberanía y el futuro de los pueblos del Caribe.
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