Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
No era todavía una ley, ni un proyecto depositado en el Congreso, ni un debate público encendido en los medios.
Era, más bien, un murmullo persistente que recorría salones discretos, mesas de trabajo, conversaciones largas donde el país comenzaba a mirarse a sí mismo con una mezcla de preocupación y lucidez.
La República Dominicana de finales de los años ochenta no era un país en calma; era una nación tensionada por una crisis económica profunda, por una inflación que golpeaba el bolsillo de la gente común, por un Estado que ya no podía sostenerse con los mismos mecanismos de antes.
Ahí estuve.
Fui relator de encuentros donde no se levantaban consignas, pero se decían verdades.
Puerto Plata en 1988, Casa de Campo en 1989, Punta Cana en 1991.
Tres escenarios distintos, un mismo trasfondo: la necesidad de cambiar.
Allí coincidían empresarios, sindicalistas, técnicos, políticos, hombres de intereses distintos que no siempre se entendían, pero que intuían que el país estaba entrando en una zona peligrosa.
No era un diálogo fácil.
Había desconfianza, había historia, había heridas recientes.
Pero también había algo más fuerte: la certeza de que seguir como estábamos no era una opción.
El proceso tenía método, tenía orden, y en eso jugó un papel importante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ayudaba a estructurar las discusiones y a aportar experiencias comparadas.
Pero la sustancia no venía de fuera.
Venía de dentro.
Venía de la necesidad dominicana de reorganizar su economía, de ampliar su base fiscal, de poner en orden unas finanzas públicas que ya no resistían más improvisaciones.
Escuché a industriales, a empresarios turísticos, a economistas, a técnicos formados dentro y fuera del país.
Escuché argumentos, objeciones, temores.
Pero también escuché, por encima de todo, una idea que se repetía con distintas palabras: había que estabilizar la República Dominicana, y para hacerlo era imprescindible reformar su sistema tributario y abrir su economía.
No era solo una reforma fiscal.
Era un rediseño del Estado.
De ese proceso nació una arquitectura de cambios que luego se conocería como la reforma de 1992, acompañada de la reforma arancelaria y de otras transformaciones que buscaban insertar al país en una economía más abierta.
No fue un acto improvisado.
Fue el resultado de años de conversaciones, de documentos, de estudios, de borradores que circulaban entre técnicos y decisores.
En diciembre de 1991 publiqué un libro, Cambios Mundiales y Concertación Social, donde recogí parte de esas discusiones.
Era, en el fondo, el reflejo de un momento en que el país pensaba en sí mismo con responsabilidad histórica, aunque muchos todavía no lo percibieran así.
Juan Bosch estaba enterado de mi trabajo desde 1988.
Eso también forma parte de la historia.
Porque en medio de la confrontación política de aquellos años, existía todavía un hilo de comunicación, una comprensión de que los temas de Estado debían trascender la lucha partidaria.
Recuerdo con claridad el día en que le entregué al presidente Joaquín Balaguer el primer resumen del proyecto de reforma fiscal, en marzo de 1991.
Balaguer entendía. Podía no decirlo todo, podía moverse con su estilo característico, pero sabía que el país necesitaba decisiones difíciles si quería evitar un deterioro mayor.
Poco después me pidió que asumiera la Dirección de Impuesto sobre la Renta.
Me lo dijo con una frase que no olvido: necesitaba a alguien que le cobrara los impuestos a los empresarios.
No acepté.
No era el momento.
Había demasiado reciente en la memoria política, demasiadas tensiones aún abiertas.
Meses más tarde volvió a insistir, esta vez con la Superintendencia de Bancos, en vísperas de una reforma financiera.
Tampoco acepté.
Hay momentos en que uno entiende que su papel no está en ocupar un cargo, sino en contribuir desde otro lugar.
La reforma llegó en 1992.
Subió el ITBIS, amplió la base tributaria, redujo exenciones, gravó consumos, reorganizó el sistema fiscal.
No fue popular.
Ninguna reforma fiscal lo es.
Pero era necesaria.
Y entonces ocurrió algo que hoy parece distante: la oposición política, encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana, permitió su aprobación.
A pesar de la consigna del “que se vayan ya”, a pesar del conflicto postelectoral de 1990, hubo dirigentes que entendieron que el país estaba por encima de la coyuntura.
Danilo Medina, entre otros, participó en esas negociaciones.
Esa decisión tuvo costos internos, fracturas, críticas.
Pero permitió que el país avanzara.
Ahí estuve.
Vi cómo, en medio de la desconfianza, se construía un acuerdo.
No perfecto, no completo, pero suficiente para evitar un colapso.
Vi cómo la política, en un momento determinado, supo ceder espacio al interés nacional.
Y vi también cómo esas decisiones, impopulares en su momento, terminaron creando condiciones para la estabilidad y el crecimiento que vendrían después.
Después se ha vuelto a hablar de reforma fiscal. Se discuten porcentajes, tasas, exenciones. Todo eso es importante.
Pero hay algo más profundo que no siempre se dice: ninguna reforma funciona si no está sostenida por un mínimo de consenso, por una comprensión compartida de la realidad, por una voluntad de construir y no solo de imponer.
La lección de 1992 no está en copiar sus medidas. El país ha cambiado, la economía es otra, el mundo es distinto.
La lección está en el método, en la actitud, en la capacidad de sentarse a discutir incluso cuando las posiciones parecen irreconciliables.
Porque al final, las reformas no son solo leyes. Son decisiones históricas.
Algunas de esas decisiones, para entenderlas de verdad, hay que haber estado allí.
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