Por José Manuel Jerez
La sola idea de que la República Dominicana pueda aceptar recibir en su territorio a extranjeros deportados por Estados Unidos, nacionales de terceros países, constituye una afrenta directa a la soberanía nacional, una peligrosa degradación de la política exterior dominicana y un precedente constitucional extremadamente grave para el futuro del Estado.
No estamos frente a un simple acuerdo de cooperación migratoria. Lo que realmente se pretende es transformar silenciosamente el territorio dominicano en una extensión funcional de la política migratoria norteamericana. Es decir, convertir a la República Dominicana en una especie de plataforma regional de almacenamiento humano temporal para personas expulsadas por otro Estado y que no tienen ningún vínculo jurídico, territorial, histórico ni nacional con la nación dominicana.
Eso no es cooperación. Eso es transferencia de cargas soberanas.
Resulta jurídicamente inaceptable que mientras Estados Unidos endurece sus políticas migratorias internas y ejecuta deportaciones masivas respecto de nacionales de terceros países, sea la República Dominicana la que termine asumiendo parte de las consecuencias territoriales, administrativas y de seguridad derivadas de esas decisiones. Ningún Estado serio puede aceptar convertirse en receptor auxiliar de problemas migratorios ajenos sin comprometer profundamente su soberanía.
Más grave aún resulta el hecho de que todo esto pretenda hacerse mediante un supuesto “memorando no vinculante”, como si bastara cambiarle el nombre al instrumento para evitar el control constitucional, el escrutinio público y la autorización congresual correspondiente. En Derecho Constitucional contemporáneo importa más el efecto real de una medida que la denominación diplomática utilizada para encubrirla.
Y el efecto real aquí es evidente: permitir la entrada, permanencia, custodia y tránsito de extranjeros deportados por un gobierno extranjero hacia territorio dominicano.
Eso compromete soberanía.
Eso impacta la seguridad nacional.
Eso altera la política migratoria.
Eso genera obligaciones jurídicas para el Estado dominicano.
Eso no puede decidirse mediante arreglos reservados entre funcionarios.
La Constitución dominicana no autoriza al Poder Ejecutivo a convertir el territorio nacional en sala de espera migratoria de ninguna potencia extranjera. La soberanía territorial no es una concesión diplomática negociable. La admisión de extranjeros al país forma parte del núcleo esencial del poder soberano del Estado y debe responder exclusivamente al interés nacional dominicano.
Pero además existe un componente profundamente humillante en este tipo de acuerdos. Porque el mensaje implícito que transmite es devastador: que la República Dominicana puede ser utilizada como espacio periférico para descargar presiones migratorias internacionales que Estados más poderosos no desean manejar directamente en su propio territorio.
Eso representa una peligrosa lógica de subordinación geopolítica.
Mientras otros países defienden celosamente sus fronteras, fortalecen sus controles migratorios y endurecen su legislación interna, aquí se pretende normalizar que el país reciba extranjeros deportados por decisiones tomadas fuera de nuestra jurisdicción y respecto de personas completamente ajenas al Estado dominicano.
La pregunta fundamental es simple: ¿qué gana realmente la República Dominicana con esto?
¿Dónde está el interés nacional?
¿Dónde está el beneficio estratégico concreto para el pueblo dominicano?
Porque los riesgos sí son evidentes: costos administrativos, obligaciones humanitarias, presión sobre organismos de seguridad, posibles litigios internacionales, situaciones de permanencia irregular, dificultades de repatriación y creación de precedentes internacionales extremadamente peligrosos.
Y hay algo todavía más delicado: este tipo de mecanismos rara vez permanecen siendo “temporales”. La experiencia internacional demuestra que las medidas migratorias extraordinarias terminan institucionalizándose progresivamente, especialmente cuando responden a intereses geopolíticos de grandes potencias.
Hoy se habla de recepción temporal.
Mañana podría hablarse de centros regionales de tránsito.
Después podrían surgir presiones para ampliar categorías migratorias o aumentar cuotas.
Así comienzan muchas cesiones funcionales de soberanía.
Gradualmente.
Silenciosamente.
Sin debate nacional suficiente.
Sin control democrático efectivo.
Además, resulta políticamente contradictorio que mientras el propio Estado dominicano reconoce la enorme presión migratoria que enfrenta el país, especialmente en términos fronterizos, sanitarios, educativos y de seguridad, simultáneamente acepte incorporar nuevas cargas derivadas de políticas migratorias extranjeras.
Eso carece de coherencia estratégica.
La República Dominicana no necesita convertirse en pieza operativa de agendas migratorias internacionales ajenas. Lo que necesita es fortalecer su institucionalidad fronteriza, proteger su capacidad soberana de decisión y preservar el control exclusivo sobre quién entra, bajo qué condiciones y en función de qué interés nacional.
La cooperación internacional jamás puede significar renuncia indirecta a competencias esenciales del Estado. Y ningún gobierno tiene legitimidad moral ni constitucional para comprometer silenciosamente la soberanía territorial dominicana en acuerdos cuya verdadera dimensión el país desconoce.
Por eso este acuerdo debe ser rechazado de manera categórica.
Debe ser transparentado íntegramente.
Debe ser sometido al Congreso Nacional.
Debe ser examinado por el Tribunal Constitucional.
Y debe ser discutido públicamente por toda la sociedad dominicana.
Porque la soberanía no se entrega únicamente cuando se cede territorio formalmente. También se debilita cuando un Estado acepta administrar intereses estratégicos ajenos como si fueran propios.
Y ningún país que respete su dignidad nacional puede aceptar convertirse en depósito migratorio de otro Estado.
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