Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
La historia tiene una característica singular que con frecuencia incomoda a los poderes establecidos: nunca permanece definitivamente cerrada.
Los acontecimientos que una generación considera resueltos suelen reaparecer décadas después cuando nuevos documentos emergen de los archivos, cuando desaparecen las razones políticas que justificaban el secreto o cuando los historiadores adquieren acceso a materiales que antes permanecían ocultos bajo sellos de seguridad nacional.
Eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy con dos de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea del hemisferio occidental: el asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 y el golpe de Estado que derrocó al presidente Juan Bosch el 25 de septiembre de ese mismo año y que provocó luego una intervención masiva en abril de 1965 de decenas de miles de soldados americanos en Santo Domingo.
Durante décadas ambos episodios fueron interpretados mediante narrativas oficiales relativamente simples.
En el caso de Kennedy, la Comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo.
En el caso dominicano, la explicación predominante sostuvo que Bosch cayó exclusivamente como consecuencia de conflictos internos relacionados con la Constitución de 1963, la oposición conservadora, las tensiones con sectores eclesiásticos, el anticomunismo de la Guerra Fría y los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas.
Hoy sabemos que la realidad fue considerablemente más compleja.
Las sucesivas desclasificaciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos, particularmente las impulsadas por la Ley de Registros del Asesinato de Kennedy de 1992 y, más recientemente, por la Orden Ejecutiva 14176 firmada por el presidente Donald J. Trump el 23 de enero de 2025, han abierto una ventana documental extraordinaria sobre los mecanismos internos de la política exterior estadounidense durante la administración Kennedy.
Y lo más interesante es que muchos de esos documentos no se limitan al asesinato ocurrido en Dallas.
Al examinar las operaciones encubiertas desarrolladas por la CIA y los organismos de seguridad nacional durante 1963, los archivos terminan iluminando también acontecimientos ocurridos en Haití, Cuba, Brasil, Vietnam y, de manera particularmente relevante para nosotros, en la República Dominicana.
La consecuencia historiográfica es profunda.
Lo que durante años parecían investigaciones marginales, hipótesis controvertidas o denuncias difíciles de demostrar documentalmente han comenzado a encontrar respaldo en documentos oficiales redactados por los propios organismos que participaron en aquellos acontecimientos.
La figura de Jim Garrison ocupa un lugar central en este proceso.
Fiscal de Nueva Orleans, Garrison fue el único funcionario estadounidense que llevó a juicio a una persona por el asesinato de Kennedy. Durante años fue objeto de burlas, ataques y descalificaciones.
Se le acusó de construir teorías imposibles de probar, de apoyarse en testigos poco confiables y de desafiar sin fundamento las conclusiones oficiales.
Sin embargo, el paso del tiempo ha producido una ironía histórica.
Muchas de las áreas que Garrison consideró insuficientemente investigadas terminaron apareciendo posteriormente en los documentos desclasificados: operaciones encubiertas contra Cuba, actividades de inteligencia paralelas, vínculos entre exiliados anticastristas, contactos con organismos de seguridad nacional y contradicciones internas dentro de diversas agencias federales.
No significa que todas sus hipótesis fueran correctas.
Pero sí demuestra que la historia oficial de los primeros años estuvo lejos de contener toda la información disponible.
Dentro de ese contexto emerge también la figura de Abraham Bolden.
Bolden fue el primer agente afroamericano asignado al destacamento presidencial del Servicio Secreto.
Sus declaraciones adquirieron enorme importancia porque sostuvo que existían amenazas contra Kennedy que no fueron adecuadamente incorporadas a las investigaciones oficiales.
Especial relevancia tuvo el denominado complot de Chicago de noviembre de 1963.
Durante décadas se discutió si realmente había existido una amenaza seria contra el presidente en esa ciudad.
Sin embargo, documentos posteriores confirmaron que efectivamente hubo investigaciones sobre posibles atentados y que la visita presidencial terminó siendo cancelada debido a preocupaciones de seguridad.
La importancia de Bolden no radica en demostrar una conspiración específica.
Su importancia reside en mostrar que información relevante permaneció fuera de los informes oficiales durante muchos años.
Algo similar ocurre con Evelyn Lincoln.
Como secretaria personal de Kennedy durante más de una década, Lincoln conservó materiales, notas, registros y memorias que posteriormente adquirieron enorme valor histórico.
Diversos documentos asociados a ella han permitido reconstruir aspectos de la seguridad presidencial y de las investigaciones posteriores que durante años permanecieron incompletamente explicados.
La pregunta fundamental ya no es solamente quién disparó contra Kennedy.
La pregunta es por qué tanta información permaneció clasificada durante tanto tiempo.
El Golpe a Bosch
Y precisamente ahí aparece la conexión dominicana.
Los mismos procesos de desclasificación que han producido nuevas revelaciones sobre Dallas están proporcionando nueva evidencia sobre el derrocamiento de Juan Bosch.
Durante años Bosch sostuvo una tesis que muchos consideraron exagerada o difícil de demostrar documentalmente.
Afirmó que una de las claves ocultas de su caída se encontraba en las operaciones clandestinas desarrolladas contra el régimen haitiano de François Duvalier desde territorio dominicano, sin conocimiento efectivo del Presidente constitucional y con participación de organismos estadounidenses.
Los nuevos documentos muestran que Bosch tenía razones para sostener esa interpretación.
El memorando del Special Group del 18 de julio de 1963 revela que los organismos responsables de supervisar operaciones encubiertas habían aprobado un proyecto destinado a alcanzar un entendimiento secreto con Bosch para utilizar exiliados haitianos en acciones contra Duvalier.
Sin embargo, el documento registra una realidad decisiva.
Bosch se negó.
El texto afirma claramente que el Presidente dominicano decidió no permitir que fuerzas de exiliados utilizaran la República Dominicana como base para operaciones militares contra Haití.
Ese hecho tiene enorme importancia histórica.
Destruye la idea de que Bosch colaboraba activamente con la CIA para derrocar a Duvalier.
Los documentos muestran exactamente lo contrario.
Washington buscó un acuerdo.
Bosch rechazó el uso del territorio nacional para esas operaciones.
Pero la historia no termina ahí.
El memorando del President’s Foreign Intelligence Advisory Board del 10 de septiembre de 1963 revela que la CIA continuaba trabajando con grupos de exiliados haitianos, suministrándoles recursos y evaluando sus capacidades operativas.
Más aún.
El documento informa que la agencia había entregado cien fusiles y municiones a un grupo de exiliados haitianos que recibía protección de un comandante dominicano destacado en la frontera.
La implicación es extraordinaria.
Mientras el Presidente constitucional se negaba a permitir el uso de la República Dominicana como base militar contra Duvalier, sectores militares dominicanos actuaban en conexión con grupos apoyados por la CIA.
Es precisamente aquí donde aparece León Cantave.
Los documentos muestran que las fuerzas vinculadas a Cantave mantenían actividad en la zona fronteriza y que existían relaciones entre esos grupos y determinados mandos militares dominicanos.
Dos días después del golpe, el embajador John Bartlow Martin informó al Departamento de Estado sobre una conversación sostenida con Bosch.
En ella, el Presidente derrocado explicó que había descubierto que oficiales en quienes confiaba estaban colaborando con Cantave y prestando apoyo a operaciones desarrolladas en la frontera haitiana.
El cable de Martin del 27 de septiembre de 1963 posee enorme valor histórico porque demuestra que Bosch formuló esa denuncia en las horas mismas de su caída, no años después desde el exilio.
La secuencia documental es notable.
El 18 de julio Bosch rechaza permitir operaciones militares desde territorio dominicano.
El 10 de septiembre la CIA informa que continúa apoyando grupos de exiliados haitianos y que uno de ellos recibe protección de un comandante dominicano.
El 25 de septiembre Bosch descubre la participación de militares dominicanos en esas actividades.
El 27 de septiembre Martin informa oficialmente a Washington sobre las denuncias del Presidente derrocado.
No se trata de especulaciones.
Son documentos producidos en tiempo real por los propios organismos involucrados.
Además, el memorando del 10 de septiembre contiene otro elemento de enorme importancia.
La CIA describía a Bosch como anticastrista y antisoviético.
Reconocía que la principal oposición provenía de la derecha y de sectores del Ejército.
Reconocía que existían condiciones para un golpe de Estado.
Y mencionaba a Antonio Imbert Barrera como una figura militar relevante que esperaba entre bastidores.
Todo ello quince días antes del derrocamiento.
La conclusión histórica es evidente.
La explicación tradicional del golpe de Estado de 1963 resulta insuficiente.
Los conflictos constitucionales existieron.
Las tensiones con sectores conservadores existieron.
Las diferencias con parte de la jerarquía eclesiástica existieron.
El anticomunismo de la Guerra Fría existió.
Pero junto a todos esos factores operaba también una dimensión clandestina relacionada con Haití, la CIA, los exiliados haitianos, León Cantave y determinados sectores militares dominicanos.
Esa dimensión permaneció oculta durante décadas.
Como ocurrió con muchos aspectos del asesinato de John F. Kennedy.
Por eso las historias de Kennedy y Bosch terminan convergiendo.
Ambos acontecimientos ocurrieron dentro del clima extraordinariamente tenso de la Guerra Fría.
Ambos estuvieron rodeados de operaciones de inteligencia y conflictos geopolíticos que permanecieron ocultos durante generaciones.
Ambos fueron inicialmente explicados mediante versiones simplificadas.
Y ambos continúan siendo reinterpretados a medida que los archivos se abren.
La gran lección historiográfica es que la historia no pertenece a las versiones oficiales sino a los documentos.
Los archivos suelen sobrevivir a los gobiernos, a las propagandas y a las narrativas políticas.
Jim Garrison comprendió tempranamente que faltaban piezas esenciales para comprender Dallas.
Juan Bosch comprendió tempranamente que faltaban piezas esenciales para comprender su derrocamiento.
Los documentos que hoy emergen de los archivos estadounidenses no resuelven todos los interrogantes.
Pero sí confirman una realidad fundamental.
La historia oficial de ambos acontecimientos fue incompleta.
Y la tarea del historiador sigue siendo exactamente la misma que hace décadas: regresar a los documentos, confrontar las versiones establecidas y reconstruir los hechos a la luz de las nuevas evidencias, por incómodas que resulten para las interpretaciones heredadas.
La historia, al final, siempre termina hablando.
Y los documentos tienen una memoria mucho más larga que los gobiernos que intentaron ocultarlos.
Fuentes: Comisión Warren (1964); Jim Garrison, On the Trail of the Assassins (1988); Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos (HSCA, 1979); testimonios de Abraham Bolden; archivos asociados a Evelyn Lincoln; President John F. Kennedy Assassination Records Collection; documentos del President’s Foreign Intelligence Advisory Board (PFIAB); “Minutes of Special Group Meeting”, 18 de julio de 1963; “Board Panel on Covert Action Operations”, 10 de septiembre de 1963; cable del embajador John Bartlow Martin del 27 de septiembre de 1963; Víctor Grimaldi, El Misterio del Golpe de 1963 (1985); Víctor Grimaldi, Golpe y Revolución; Orden Ejecutiva 14176 del presidente Donald J. Trump; National Archives and Records Administration (NARA).
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