Miami, Estados Unidos. – En un giro revelador dentro de la investigación sobre el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, fiscales federales de los Estados Unidos confirmaron que dinero obtenido de manera fraudulenta a través de programas de asistencia pública por la pandemia del COVID-19 fue canalizado para financiar la compra de armamento, equipos tácticos y la contratación de los exmilitares colombianos que ejecutaron el ataque el 7 de julio de 2021. La trama, que tuvo como centro de planificación y financiamiento el sur del estado de Florida, cobró un nuevo impulso judicial este lunes tras la extradición de 18 imputados desde Haití hacia territorio estadounidense.
Red de financiamiento ilícito y los fondos de la pandemia.
De acuerdo con los expedientes presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los conspiradores habrían desviado recursos provenientes del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y de los Préstamos de Emergencia por Daños Económicos para Desastres (EIDL), creados originalmente para sostener a pequeñas empresas e individuos durante la crisis sanitaria.
La acusación técnica señala que figuras clave en la trama corporativa, entre ellas el financiero Walter Veintemilla, desempeñaron un papel operativo determinante al estructurar esquemas de préstamo por montos ascendentes a 175,000 dólares alimentados directamente con estos subsidios federales. Estos capitales no solo permitieron costear la logística de desplazamiento de las células mercenarias, sino también la adquisición de chalecos antibalas, radios de comunicación de frecuencia privada, armas de fuego, municiones y pertrechos militares. En julio pasado, otro de los inversionistas vinculados al entramado fue condenado a 20 años de prisión por el lavado de cientos de miles de dólares procedentes de estos programas de auxilio estatal.
Extradición masiva a Miami y alcance de la causa federal.
La dimensión del caso se amplió este lunes con la llegada a la ciudad de Miami de 18 acusados que permanecían bajo custodia en territorio haitiano. Los imputados descendieron de una aeronave militar estadounidense fuertemente custodiados por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en una operación coordinada para ponerlos a disposición de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.
El fiscal federal del distrito, Jason Reding Quiñones, ratificó el compromiso de los organismos de persecución penal de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. «Cinco años después, todavía estamos llevando acusados ante los tribunales estadounidenses y no hemos terminado», enfatizó el persecutor, asegurando que las autoridades continuarán rastreando el flujo del dinero y la responsabilidad intelectual de todos los actores involucrados en la conspiración transnacional.
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