Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
Uno de los grandes defectos de la actividad política, dentro de los partidos y en las relaciones entre ellos, consiste en la práctica de desacreditar al contrario y negarse a reconocer sus logros y virtudes, cuando los tiene.
Esa conducta puede manifestarse tanto en el Gobierno como en la oposición. Sin distinciones.
El problema comienza cuando la pertenencia partidaria sustituye al juicio.
Entonces, antes de examinar una decisión, se pregunta quién la tomó.
Si procede de los nuestros, se busca justificarla; si viene del adversario, se procura descalificarla.
Los hechos pasan a ocupar un lugar secundario y la conveniencia del partido determina lo que se dice y lo que se calla.
Así se pierde algo esencial para la vida democrática: la posibilidad de discutir sobre una realidad compartida.
Una escuela que funciona, un servicio que mejora o una medida que beneficia a la población deberían poder valorarse por sus resultados.
También un fracaso, un abuso o una decisión equivocada deberían someterse al mismo examen, cualquiera que sea la filiación de sus responsables.
Reconocer un acierto del adversario exige cierta libertad interior. Quien lo hace debe estar dispuesto a soportar que algunos de sus compañeros confundan la honestidad con la debilidad, o la independencia de criterio con la deslealtad.
Pero una lealtad que obliga a negar lo evidente termina convirtiéndose en obediencia. Y un partido que exige esa obediencia empobrece su propia capacidad de comprender al país.
La crítica política es necesaria. Puede servir para mejorar acciones y planes.
Los gobiernos administran recursos públicos, ejercen autoridad y toman decisiones que afectan a millones de personas. Deben rendir cuentas.
La oposición tiene el deber de fiscalizar, denunciar irregularidades y presentar alternativas.
Nada de eso requiere atribuir al gobernante todos los defectos imaginables ni desconocer cualquier resultado favorable.
Precisamente, una oposición que reconoce lo que se ha hecho bien puede dar mayor fuerza a sus objeciones. Demuestra que distingue entre una obra útil y una obra innecesaria, entre una política eficaz y una promesa incumplida. Su palabra adquiere valor porque el ciudadano encuentra en ella un esfuerzo de evaluación.
Cuando todo recibe la misma condena, resulta más difícil advertir dónde está el problema verdaderamente grave.
El Gobierno tiene una responsabilidad equivalente.
Ganar unas elecciones no concede el monopolio de la inteligencia, de la honradez ni del patriotismo.
Quienes están fuera del poder pueden formular una advertencia acertada, descubrir una deficiencia o proponer una solución mejor.
Escucharlos forma parte del deber de gobernar. Descalificarlos por su condición de opositores priva a la administración de ideas que podrían servirle al país.
Hay una prueba sencilla para examinar nuestra honestidad: preguntarnos si defenderíamos una decisión en caso de que la hubiese tomado otro partido.
Y, en sentido inverso, si denunciaríamos con igual firmeza una falta cometida por alguien de nuestra propia organización.
La respuesta obliga a mirar más allá de la consigna y a reconocer las diferencias entre una convicción y una conveniencia.
La misma exigencia debe aplicarse a las personas. Un dirigente puede tener experiencia, capacidad de trabajo o una cualidad humana apreciable y, al mismo tiempo, sostener posiciones que consideramos equivocadas.
Reconocer esas cualidades permite juzgarlo con mayor precisión. Tampoco sus virtudes lo eximen de responder por sus actos. La valoración de una persona requiere distinguir, sin borrar lo bueno ni encubrir lo malo.
Cuando esa distinción desaparece, el debate se vuelve una lucha por destruir reputaciones.
Se discuten intenciones que nadie puede probar, se repiten insinuaciones y se convierte cada diferencia en una sospecha moral.
El ciudadano recibe acusaciones en lugar de explicaciones. Se le pide escoger un bando antes de darle elementos para formar un criterio.
Dentro de los propios partidos, esta conducta también causa daño. Si toda observación crítica se interpreta como una amenaza, los errores quedan sin corregir.
Quien advierte una dificultad puede ser desplazado por quien ofrece una aprobación permanente. Los dirigentes terminan escuchando lo que desean oír, y la organización pierde contacto con problemas que sus mismos integrantes ya habían identificado.
Para la República Dominicana, aprender a reconocer los aciertos ajenos tiene una consecuencia práctica: permitir que las políticas útiles duren más que una gestión.
Cada gobierno debe poder revisar lo que recibe, corregir sus deficiencias y conservar aquello que sirve.
La alternancia democrática puede aportar nuevas prioridades y mejores métodos sin obligar al país a comenzar de nuevo en cada período.
Esa continuidad requiere reconocer que una obra pública se realiza con recursos de la sociedad y que sus beneficios pertenecen a los ciudadanos.
Un partido puede haberla propuesto y una administración haberla ejecutado; corresponde atribuirles su mérito.
Pero ese mérito no convierte la obra en propiedad partidaria ni autoriza al gobierno siguiente a abandonarla por rivalidad.
A quienes escribimos y participamos en la discusión pública nos corresponde la misma disciplina.
Debemos sostener un criterio que pueda aplicarse a amigos y adversarios.
La independencia se acredita en el momento en que reconocemos una verdad incómoda para nuestra preferencia política y cuando señalamos una falta de quienes cuentan con nuestra simpatía.
La democracia necesita diferencias, vigilancia y una crítica firme. También necesita ciudadanos y dirigentes capaces de reconocer el mérito donde exista.
Podemos disputar el poder sin negarle al contrario toda capacidad de contribuir al bien común.
Al país le conviene que sus partidos compitan por gobernar mejor. Para ello, cada uno debe aprender a admitir que el adversario puede acertar y que los propios pueden equivocarse.
Esa disposición permite exigir responsabilidades con justicia y preservar los logros de todos. Es una forma concreta de poner el interés nacional por encima de la rivalidad partidaria.
La democracia necesita diferencias, vigilancia y crítica firme. Pero también exige reconocer el mérito donde exista y admitir el error cuando sea propio.
Disputar el poder no obliga a negar al adversario toda capacidad de servir al bien común; obliga, más bien, a evaluar sus decisiones con el mismo criterio que aplicamos a las nuestras.
Al país le conviene que sus partidos compitan por gobernar mejor, no por destruirse mutuamente.
Reconocer un acierto ajeno no es rendirse: es actuar con honestidad democrática. Solo así podremos exigir responsabilidades con justicia, conservar lo que funciona y recordar que ningún partido es dueño del Estado ni del futuro nacional.
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