
Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
La rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China puede afectar a una fábrica dominicana, al presupuesto de una universidad y al bolsillo de una familia.
Pero también puede abrir oportunidades para la República Dominicana, especialmente si algunas empresas buscan proveedores más cercanos o diversifican sus cadenas de producción.
Esas oportunidades no surgirán automáticamente.
Solo podrán aprovecharse si el país fortalece sus capacidades internas: infraestructura confiable, educación técnica, proveedores locales, seguridad jurídica y capacidad para cumplir estándares internacionales.
Un reportaje de CNN del 2 de octubre plantea el dilema estadounidense: reducir la dependencia de componentes chinos sin debilitar la capacidad de innovar.
Según ese reportaje, empresas de robótica encuentran dificultades para sustituir proveedores y otras afrontan mayores costos al trasladar producción.
Investigadores citados advierten que reemplazar equipos accesibles puede perjudicar la enseñanza y la experimentación.
Estos son elementos documentados por la fuente; sus efectos específicos sobre la República Dominicana todavía deben determinarse.
La contradicción descrita es profunda. Washington busca mayor seguridad tecnológica, pero sus empresas utilizan una estructura industrial china construida durante décadas.
Esa estructura reúne proveedores, conocimientos, herramientas y capacidad de producción.
Puede sostenerse, como hipótesis analítica, que una decisión política cierre una puerta comercial con rapidez, mientras que abrir una fábrica competitiva exige mucho más tiempo.
Para nosotros, la primera implicación está en las zonas francas.
Según cifras oficiales, las exportaciones de las zonas francas alcanzaron 8,604.6 millones de dólares en 2025.
Esta cifra corresponde a ese régimen exportador específico; no debe confundirse con el total de las exportaciones dominicanas.
Se informó por separado que las exportaciones totales del país superaron los 14,600 millones de dólares en 2025.
La diferencia refleja que el total incluye, además de las zonas francas, las exportaciones nacionales y otros rubros contabilizados por las estadísticas oficiales.
Por tanto, los 8,604.6 millones no representan el conjunto de las exportaciones dominicanas.
El dato de las zonas francas permite afirmar que existe una base productiva desde la cual examinar nuevas oportunidades, en vez de comenzar desde cero.
No demuestra, sin embargo, que el país esté preparado para fabricar cualquier componente tecnológico.
Tampoco autoriza a presentar la cifra de las zonas francas como si fuera equivalente a los más de 14,600 millones de dólares de exportaciones totales.
Si empresas estadounidenses buscan proveedores más próximos para determinadas piezas y procesos, la República Dominicana podría captar parte de esa actividad.
La cercanía puede facilitar visitas técnicas, coordinación y entregas, pero esos beneficios constituyen una posibilidad, no un resultado asegurado.
También cabe que la producción que salga de China se traslade a otros países o regrese a Estados Unidos, especialmente cuando la política persigue fortalecer la fabricación nacional.
Habría que escoger tareas que podamos realizar con calidad y escala.
Habría que evaluar componentes eléctricos, piezas plásticas de precisión, servicios de mantenimiento, pruebas y procesos vinculados con equipos médicos.
No se trata de anunciar que fabricaremos de inmediato los robots del futuro, sino de identificar proveedores, compradores y capacidades concretas mediante estudios de mercado y evaluaciones técnicas.
Hay además una condición comercial decisiva. El DR-CAFTA establece reglas de origen específicas para los productos que buscan tratamiento preferencial.
La normativa permite que ciertos productos incorporen insumos extranjeros, dependiendo del bien y de la transformación realizada.
Una operación de ensamblaje, por sí sola, no basta para determinar que la mercancía califique.
Por ello, cualquier inversión debe estudiarse con conocimiento de esas exigencias y de las restricciones particulares que pueda afrontar cada tecnología.
El éxito también depende de cuánto desarrollo quede aquí.
Es posible, y ocurre en distintos modelos de inversión, que una fábrica aumente exportaciones y utilice pocos proveedores dominicanos.
La política pública y la negociación con los inversionistas deberían incluir más servicios locales, formación de técnicos, transferencia de conocimientos y oportunidades de ascenso para los trabajadores.
El valor de una inversión debería medirse también por las capacidades que deja después de producir.
La segunda implicación es el costo de modernizarnos.
Una empresa dominicana que necesita automatizar su producción podría enfrentar equipos más caros si las restricciones fragmentan los mercados o limitan determinadas ofertas.
Este es un riesgo razonable, no un resultado inevitable.
Merece atención porque la productividad influye en cuánto podemos exportar, cuánto podemos pagar en salarios y cuánto cuesta abastecer el mercado interno.
Tampoco cabe afirmar que toda medida estadounidense elevará automáticamente nuestros precios.
Las prohibiciones aplicables en Estados Unidos no se convierten por sí mismas en prohibiciones dominicanas.
Los efectos dependerán del equipo, su proveedor y su destino.
Algunos fabricantes podrían buscar nuevos mercados y ofrecer condiciones más competitivas; otros podrían enfrentar dificultades de componentes, mantenimiento o financiación.
Estas situaciones deben verificarse caso por caso.
Por eso, al comprar barato conviene mirar más allá de la factura. Un equipo necesita repuestos, actualizaciones y asistencia.
Un precio atractivo pierde su ventaja si una avería paraliza la producción durante semanas.
Diversificar proveedores y asegurar mantenimiento puede ser tan importante como obtener un descuento.
La tercera implicación está en la educación. Si queremos participar en industrias más avanzadas, necesitaremos laboratorios donde se pueda aprender con equipos actuales.
Se propone que las universidades y los institutos técnicos se coordinen con las empresas para formar especialistas en automatización, electrónica, programación y mantenimiento.
La llegada de pedidos no producirá por sí sola capacidades locales; la oportunidad industrial podría perderse si no sabemos cumplirlos.
En paralelo, corresponde fortalecer nuestra propia seguridad tecnológica.
En redes eléctricas, telecomunicaciones y sistemas públicos, las compras deberían evaluar protección de datos, continuidad del servicio y control de accesos.
Esta orientación de política pública se basa en criterios de gestión de riesgos. La nacionalidad del proveedor merece consideración, pero debe acompañarse del examen del sistema, sus conexiones y las garantías ofrecidas.
La República Dominicana necesita una política económica capaz de sostener relaciones comerciales diversas y proteger sus intereses.
Mantener vínculos con Estados Unidos y China exige conocer las condiciones de cada mercado y evitar dependencias difíciles de sustituir.
La diplomacia económica debería ayudar a encontrar inversiones viables y anticipar problemas para nuestros exportadores.
Se trata de una orientación estratégica, no de una conclusión derivada automáticamente de los datos disponibles.
Todo esto devuelve la discusión a obligaciones muy nuestras: electricidad confiable, trámites previsibles, puertos eficientes, seguridad jurídica y educación técnica.
Una empresa que busca reducir incertidumbre difícilmente escogerá un destino que le añada interrupciones, demoras y costos inesperados.
Mejorar esas condiciones no depende de la rivalidad entre las grandes potencias, aunque esa rivalidad puede hacer más urgente la tarea.
La tesis central, por tanto, es que la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China puede crear oportunidades para la República Dominicana, pero solo si el país mejora sus capacidades internas.
La cercanía geográfica, las zonas francas y los acuerdos comerciales ofrecen una base, no un resultado asegurado.
Para convertir una posibilidad en resultados, debemos seleccionar sectores realistas, formar trabajadores, desarrollar proveedores, cumplir las reglas de origen y asegurar infraestructura y servicios confiables.
La respuesta dominicana no consiste simplemente en esperar que las cadenas globales se reorganicen, sino en prepararnos para participar en ellas con mayor valor agregado.
Solo así la República Dominicana podrá producir más, aprender más y retener una proporción mayor de la riqueza que ayuda a crear.
Fuentes: reportaje de CNN del 2 de octubre de 2026, aportado por el lector; Presidencia de la República Dominicana, «Exportaciones dominicanas rompen récord en 2025 y superan los USD 14,600 millones», 14 de enero de 2026 (https://www.presidencia.gob.do/noticias/exportaciones-dominicanas-rompen-record-en-2025-y-superan-los-usd-14600-millones); International Trade Administration, «U.S.–CAFTA-DR Free Trade Agreement» (https://www.trade.gov/us-cafta-dr-free-trade-agreement). La cifra de 8,604.6 millones de dólares se refiere a las exportaciones de las zonas francas en 2025, según las cifras de ProDominicana divulgadas por la Presidencia; la cifra superior a 14,600 millones corresponde a las exportaciones totales del país y no debe presentarse como equivalente a la primera. Las cifras y hechos atribuidos a estas fuentes se presentan como datos documentados. Las oportunidades, riesgos y efectos futuros descritos son escenarios o análisis, no inversiones anunciadas ni resultados comprobados.
