Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
La autoridad de un papa no lo coloca por encima de la crítica moral.
Precisamente porque habla de misericordia, fraternidad y dignidad humana, su manera de tratar a las personas debe someterse a esas mismas exigencias.
La Iglesia no puede reclamar sensibilidad ante el sufrimiento del mundo y conformarse con fórmulas administrativas cuando una crisis ocurre dentro de sus propias instituciones.
El caso de Fra’ Matthew Festing, príncipe y 79.º gran maestre de la Soberana Orden de Malta, obliga a plantear esa contradicción.
Fui testigo a lo lejos de aquella crisis desde Roma, donde entonces desempeñaba mis funciones de embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede y la Soberana Orden de Malta.
Escribo desde esa condición de observador de los acontecimientos, sin atribuirme conocimiento directo de las conversaciones privadas en las que se tomaron las decisiones.
Mi valoración se apoya en lo que pude seguir desde Roma y en los documentos públicos que permiten reconstruir el proceso.
Para un diplomático acreditado ante ambas instituciones, el conflicto tenía una dimensión particular.
La Orden reunía su carácter religioso con una personalidad soberana y relaciones diplomáticas propias.
La crisis puso de manifiesto la dificultad de separar la obediencia espiritual de las decisiones de gobierno.
Precisamente en esa frontera era indispensable actuar con prudencia.
En enero de 2017, Francisco le pidió que renunciara. Festing presentó su dimisión durante la audiencia del 24 de enero; el Papa la aceptó el día 25 y el Consejo Soberano de la Orden hizo lo propio el 28.
El comunicado vaticano destacó su lealtad, su devoción al sucesor de Pedro y su disposición a servir humildemente a la Iglesia.
Esa fue la explicación oficial. Pero la gratitud expresada en un comunicado no elimina la presión que precedió a una salida solicitada desde la máxima autoridad.
La crisis se había desencadenado por la destitución del gran canciller Albrecht von Boeselager, en una controversia que incluía la distribución de preservativos en proyectos humanitarios.
Boeselager cuestionó su destitución; Festing se enfrentó a la intervención investigadora del Vaticano invocando la soberanía de la Orden.
Había, por tanto, un conflicto real de gobierno, autoridad y responsabilidades. Reconocerlo no obliga a aprobar la manera en que fue resuelto.
El 22 de diciembre de 2016, la Santa Sede constituyó un grupo investigador de cinco miembros, coordinado por el arzobispo Silvano Tomasi.
Según la cronología publicada posteriormente por la Orden, Festing rechazó su intervención por considerar que la destitución era un asunto interno.
El grupo entregó su informe al Papa el 23 de enero de 2017, la víspera de la audiencia decisiva.
Esa misma cronología cuestionó los procedimientos empleados contra Boeselager y recogió que el cardenal Pietro Parolin había negado que Francisco hubiese pedido su destitución.
Debe leerse como la versión institucional publicada después del desenlace.
Aun así, sus objeciones merecen consideración: la exigencia de garantías y de respeto a la dignidad debía proteger tanto a Boeselager como a Festing.
El 28 de enero, junto con la aceptación de la renuncia del gran maestre, se revocaron las medidas contra Boeselager, quien recuperó inmediatamente sus funciones. Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein asumió la dirección interina.
El desenlace supuso una inversión de las posiciones de los dos protagonistas: quien había ordenado la separación abandonaba el gobierno y quien había sido apartado regresaba al cargo.
La intervención continuó.
Mediante una carta fechada el 2 de febrero de 2017, Francisco nombró delegado especial al entonces arzobispo Giovanni Angelo Becciu, sustituto de la Secretaría de Estado.
Le encargó colaborar con el lugarteniente interino, promover la reconciliación, acompañar la revisión constitucional y atender la renovación espiritual y moral, especialmente de los miembros profesos. Además, lo convirtió en su interlocutor exclusivo para las relaciones entre la Santa Sede y la Orden durante aquel mandato.
El alcance del encargo muestra que la crisis no terminó con una dimisión. Se abrió una etapa de intervención pontificia en la reorganización de la institución.
Al mismo tiempo, el comunicado de la Orden del 28 de enero agradeció al Papa y a Parolin su actuación y afirmó que se había respetado su soberanía.
Esa era la interpretación oficial; a mi juicio, no clausura el debate sobre los límites y las consecuencias de lo ocurrido.
A mi juicio, utilizar la obediencia religiosa para obtener la retirada de quien sostiene una controversia institucional constituye una forma de presión que merece una crítica severa.
Para un religioso, una petición del Papa no tiene el mismo peso que la solicitud de un superior administrativo. Compromete su conciencia, su fidelidad y su comprensión del deber. Esa desigualdad exige mayor prudencia de quien manda.
Nadie necesita presentar a Festing como un hombre incapaz de equivocarse para defender su dignidad. Podía ser cuestionado. Sus decisiones podían ser examinadas.
Lo que debemos discutir es si la respuesta fue proporcionada y si la obediencia dejó suficiente espacio para una defensa efectiva de su posición.
También debemos rechazar la ligereza con que suele tratarse el sufrimiento psicológico.
El estrés prolongado puede perjudicar la salud mental y física. La Asociación Americana del Corazón señala que el estrés crónico puede favorecer la hipertensión y conductas que aumentan el riesgo cardiovascular.
La angustia no deja de ser real porque resulte difícil medirla desde fuera.
Festing murió en Malta el 12 de noviembre de 2021, a los 71 años. Las fuentes aquí citadas no permiten establecer que las presiones de 2017 causaran o aceleraran su fallecimiento. Esa precisión es necesaria.
Pero tampoco convierte la forma en que fue apartado en un asunto moralmente irrelevante: para juzgar el trato dispensado a una persona no es necesario demostrar que ese trato la mató.
La responsabilidad de una autoridad debe examinarse desde el momento en que ejerce su poder. Importan sus decisiones, los medios que utiliza y el cuidado que presta a quien debe soportarlas. La ausencia de una relación médica demostrada con una muerte posterior no responde a esas preguntas.
Francisco tuvo una intervención directa y documentada en la salida de Festing.
Por eso corresponde examinar su actuación, sin esconderla detrás de referencias impersonales al Vaticano.
En cuanto a sus colaboradores, cada responsabilidad debe atribuirse según las actuaciones que puedan documentarse. La crítica adquiere fuerza cuando identifica decisiones concretas.
Como católico, considero que defender a la Iglesia incluye exigir humanidad a quienes la gobiernan. La dignidad de una persona no disminuye porque pierda un cargo, entre en conflicto con un pontífice o acepte retirarse por obediencia.
Desde aquella Roma en la que fui observador a distancia de estos acontecimientos, queda para mí una pregunta moral que trasciende los nombres: cómo puede una institución resolver sus conflictos sin reducir a las personas a obstáculos que hay que remover. El prestigio de la Iglesia también se juega en la respuesta.
La misericordia debe hacerse visible, sobre todo, cuando se ejerce poder sobre alguien que difícilmente puede resistirse. De otro modo, queda reducida a una palabra hermosa.
La obediencia religiosa exige una conciencia responsable. Nunca debe convertirse en permiso para el abuso.
Fuentes:
Santa Sede, comunicado del 25 de enero de 2017.
The Guardian, 25 de enero de 2017.
Orden de Malta, cronología de la crisis de 2016–2017.
Orden de Malta, dimisión de Festing y restitución de Boeselager, 28 de enero de 2017.
Francisco, carta de nombramiento de Becciu, 2 de febrero de 2017.
Orden de Malta, fallecimiento de Festing, 12 de noviembre de 2021.
American Heart Association, Stress and Heart Health.
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