Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
En un solo año, Haití registró casi seis mil muertos por la violencia: una cifra cercana al recuento de 7,135 muertes atribuidas a la Policía dominicana durante unos treinta años, desde 1996 hasta julio de 2026.
Aunque las estadísticas abarcan fenómenos diferentes, el contraste temporal revela la magnitud devastadora de la crisis haitiana.
BINUH documentó al menos 5,915 muertos y 2,708 heridos en Haití durante 2025; el recuento dominicano fue publicado por Cándido Mercedes en Acento.
La violencia destruye la producción, la destrucción de la producción agrava la pobreza y la pobreza deja a muchas personas expuestas a la explotación.
En la isla que comparten Haití y República Dominicana, ese circuito tiene consecuencias que atraviesan la frontera.
Comprenderlo exige seguir el recorrido del dinero, del trabajo y de los recursos naturales: quién produce, quién pierde, quién cobra y quién termina pagando.
En Haití, las bandas armadas han convertido el control territorial en una fuente de ingresos. Extorsionar al comerciante, secuestrar a quien puede pagar y disputar una carretera son formas de apropiarse del esfuerzo ajeno.
La violencia tiene así una dimensión económica: permite cobrar donde otros necesitan circular, comprar o vender. El poder armado se interpone entre la producción y la vida cotidiana.
El balance anual haitiano incluye muertes vinculadas a la violencia de bandas, grupos de autodefensa y operaciones de las fuerzas de seguridad.
Esa distinción permite comprender el alcance de la tragedia: la población queda expuesta a ataques criminales y a los riesgos de una confrontación extendida.
Detrás de casi seis mil muertes haitianas en breve período están familias destruidas, comunidades atemorizadas y actividades económicas amenazadas.
Ese miedo tiene consecuencias sobre la mesa familiar. La FAO informó en septiembre de 2026 que en Haiti la inseguridad interrumpía actividades agrícolas, contribuía al abandono de tierras y restringía el movimiento de mercancías mediante bloqueos ilegales.
Una parcela que no puede cultivarse y un producto que no llega al mercado significan ingresos perdidos y dificultades de abastecimiento.
La violencia destruye oportunidades y agrava las condiciones que empujan a las personas a desplazarse.
Cuando esa búsqueda de supervivencia cruza hacia República Dominicana, llega a una sociedad que ya tiene carencias propias.
Los barrios pobres y las comunidades rurales no disponen de recursos ilimitados para atender necesidades de vivienda, agua, salud, transporte y empleo.
Allí resulta indispensable conocer la magnitud de las presiones migratorias y distribuir responsabilidades.
Una política pública que omite medirlas deja a esas comunidades sin respuestas adecuadas.
La dimensión histórica del fenómeno está documentada. La Encuesta Nacional de Inmigrantes estimó 497,825 personas nacidas en Haití residentes en República Dominicana en 2017.
Esa cifra no describe por sí sola la población actual ni su situación migratoria, pero demuestra que hablamos de centenares de miles de personas.
Un fenómeno de esa escala requiere planificación territorial y laboral, controles aplicables y estadísticas actualizadas.
Precisamente en el trabajo aparece una conexión decisiva entre la necesidad de quien llega y la precariedad de quien ya vive aquí.
Si un empleador aprovecha la vulnerabilidad migratoria para pagar menos, eludir prestaciones o sustituir personal bajo condiciones inferiores, la necesidad se convierte en una herramienta para reducir costos.
El dominicano puede perder oportunidades; el inmigrante puede quedar atrapado en explotación. El beneficiario de ese mecanismo es quien contrata al margen de las obligaciones correspondientes.
Defender el empleo dominicano exige, por tanto, mirar también hacia los empleadores.
Hace falta investigar la sustitución laboral donde se denuncie, inspeccionar salarios y contratos, y sancionar las infracciones.
La OIT reconoce que el trabajo inmigrante contribuye a la producción; esa contribución no libera a las empresas de cumplir sus deberes. Tampoco permite dar por probado un desplazamiento generalizado sin examinar sectores y territorios.
La discusión debe conducir a una política laboral efectiva.
La misma pregunta sobre quién obtiene el beneficio debe trasladarse del trabajo al bosque. Federico Alberto Cuello Camilo denuncia que parte del carbón destinado al consumo haitiano procede de tala ilegal en territorio dominicano.
Si esa cadena transforma árboles de nuestros campos en ingresos privados, el combustible sale y los costos ambientales permanecen. El problema exige identificar origen, volumen, compradores, transportistas y financistas.
Hay actuaciones oficiales que justifican esa investigación. En febrero de 2026, la Dirección General de Migración informó sobre 378 haitianos detenidos en operativos por presuntos delitos ambientales.
Su comunicado menciona tala, quema, extracción de arena, actividades en áreas protegidas y destrucción de hornos de carbón. Las responsabilidades deben establecerse individualmente, incluyendo las de cualquier organizador o facilitador dominicano. Una detención no sustituye la investigación de toda la cadena.
Esa cadena importa porque la pérdida de bosque puede comprometer las condiciones de la producción agrícola.
El deterioro de suelos y cuencas afecta bienes que las comunidades necesitan para cultivar y vivir. Por esa vía, la extracción ilegal puede agravar la precariedad rural: unos cobran por destruir recursos y otros enfrentan las consecuencias.
Proteger agua, suelo y cobertura forestal es defender también las posibilidades de trabajo y alimentación.
Llegamos así a un punto que une el campo con el barrio: una economía que ofrece empleo precario y pierde capacidades productivas reduce las oportunidades de sus habitantes.
La pobreza, la exclusión y el abandono escolar pueden aumentar vulnerabilidades que aprovechan las redes criminales.
Son factores centrales para la prevención, aunque no expliquen todos los delitos. La mayoría de las personas pobres lucha por vivir honestamente; precisamente por eso merece protección y oportunidades.
La violencia dominicana debe examinarse desde esa realidad, junto con sus otras causas y responsabilidades.
Reducirla a una sucesión de sospechosos abatidos deja fuera el reclutamiento, los mercados ilícitos, las armas y los fallos de la justicia.
Perseguir el delito exige actuar sobre quienes lo organizan y sobre las condiciones que facilitan su reproducción. La pobreza no exonera al delincuente; ignorarla debilita la prevención.
Las cifras publicadas en la prensa obligan a tomar en serio esa diferencia. En Acento, Cándido Mercedes presentó un recuento de 7,135 muertes atribuidas a la Policía, con una tabla desde 1996 hasta el 3 de julio de 2026.
Son referencias que no deben sumarse ni convertirse automáticamente en ejecuciones comprobadas.
Pero sus límites metodológicos no eliminan la pregunta esencial: ¿qué ha cambiado en las condiciones que alimentan el crimen mientras seguimos contando muertos?
Cada fallecimiento requiere esclarecimiento. Una ficha policial no es una sentencia ni demuestra la legalidad de una actuación.
La seguridad necesita investigaciones sólidas, víctimas protegidas, responsables procesados y oportunidades de reinserción. El resultado debe apreciarse en vidas protegidas y delitos esclarecidos.
Por eso, las presiones procedentes de Haití deben enfrentarse junto con las deficiencias dominicanas.
La crisis vecina puede agregar dificultades; su peso sobre salarios, servicios y pobreza debe medirse.
Nuestros problemas también tienen raíces nacionales: desigualdad, informalidad, corrupción e instituciones insuficientes.
Una política eficaz debe distinguir esas causas para asignar recursos y exigir cuentas a quienes corresponde.
Esa exigencia nos devuelve al contraste que muestran los periódicos.
Una convocatoria de un grupo financiero dominicano incluye una propuesta de presidencia ad vitam. Mientras las grandes organizaciones pueden ordenar su continuidad mediante estatutos y órganos de administración, muchas familias necesitan resolver el empleo, la comida o el acceso a servicios.
Los sectores ricos disponen de medios para asegurar comodidad y protección; los más pobres enfrentan una exposición mucho mayor a la precariedad.
La contradicción social consiste en que una economía puede organizar y preservar grandes patrimonios sin asegurar oportunidades suficientes para todos.
La banca puede contribuir a corregir esa distancia mediante crédito productivo, inversión y financiamiento accesible.
El poder financiero debe examinarse por su capacidad de apoyar al agricultor, al pequeño empresario y al joven con iniciativas.
La riqueza adquiere mayor valor social cuando amplía posibilidades de trabajo.
Esa ampliación necesita una autoridad capaz de proteger sus condiciones.
República Dominicana debe ordenar la migración, supervisar empleadores, defender áreas naturales y perseguir redes ilícitas, con controles sometidos a vigilancia.
Al mismo tiempo, debe exigir cooperación internacional para recuperar seguridad, producción y alternativas energéticas dentro de Haití.
La reconstrucción haitiana requiere responsabilidades haitianas y apoyo eficaz; no puede descansar indefinidamente sobre recursos dominicanos.
El progreso se sostiene cuando producir permite vivir mejor y la autoridad protege ese esfuerzo.
Si el bosque termina en carbón clandestino, el trabajo en explotación y la seguridad en un recuento de cadáveres, el país está perdiendo capacidades esenciales.
Defender el porvenir dominicano exige romper esas cadenas: conservar recursos, hacer cumplir las reglas laborales, esclarecer delitos y abrir oportunidades.
Allí deben encontrarse la firmeza del Estado y el sentido humano de la economía.
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