Santo Domingo. – El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, decide precisamente este miércoles 12 de agosto si acoge la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, acusado de presunta corrupción administrativa durante su gestión al frente del Ministerio Público entre 2016 y 2020. El proceso es considerado uno de los expedientes anticorrupción más emblemáticos abiertos en el país desde 2020, y su eventual extinción ha generado indignación en amplios sectores de la sociedad civil.
La defensa del exfuncionario —integrada por los abogados Carlos Balcácer, Gustavo de los Saltos Colls, Nelys Rivas y Albert Delgado— sostiene que el caso ya supera los seis años de duración por causas atribuibles exclusivamente al Ministerio Público, lo que a su juicio excede el plazo máximo de cuatro años que establece el artículo 150 del Código Procesal Penal. Como sustento, presentaron un detallado desglose cronológico del expediente y citaron estadísticas oficiales del Poder Judicial según las cuales, entre 2014 y 2025, los tribunales dominicanos acogieron 22,645 solicitudes de extinción de la acción penal frente a 2,769 rechazadas o declaradas inadmisibles. "La extinción no constituye impunidad ni una declaración sobre culpabilidad o inocencia", señaló la defensa en un comunicado, en el que añadió que Rodríguez permaneció cuatro años privado de libertad durante el proceso.
Por su parte, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezada por Mirna Ortiz, ha pedido al tribunal rechazar la petición y mantener la coherencia con criterios aplicados en otros casos de corrupción ya concluidos en primera instancia. La funcionaria explicó que, aunque la ley fija una duración máxima del proceso, remite directamente al criterio de "plazo razonable", que obliga a ponderar la complejidad del caso, la conducta de las partes y la efectividad de las autoridades, sin que sea necesario que concurran todas esas causales de forma simultánea.
Organizaciones y ciudadanos han hecho un llamado a las autoridades judiciales para que se agilicen los procedimientos pendientes, en momentos en que el país continúa debatiendo reformas orientadas a fortalecer la institucionalidad y la transparencia del sistema de justicia dominicano.
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