Washington, D.C. – La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha firmado dos nuevas órdenes ejecutivas orientadas a restringir parcialmente la ciudadanía por nacimiento en categorías específicas de extranjeros y frenar el denominado "turismo de maternidad". Las medidas ejecutivas se emiten luego de que en junio de 2026 la Corte Suprema de los Estados Unidos declarara inconstitucional un intento previo de la Casa Blanca para eliminar de forma generalizada la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados o temporales. Ante dicha limitación judicial, el Ejecutivo ha optado por implementar restricciones más focalizadas mediante decretos ejecutivos.
Alcance de las nuevas restricciones ejecutivas.
El paquete de decretos ejecutivos firmados por la Casa Blanca se articula en torno a tres ejes fundamentales:
Exclusión de categorías específicas. La primera orden, bajo el título Continuing to Protect the Meaning and Value of American Citizenship, establece la denegación de la ciudadanía automática a niños nacidos en suelo estadounidense si al menos uno de los progenitores pertenece a organizaciones catalogadas como terroristas, se desempeña como empleado de un gobierno extranjero o intentó obtener la nacionalidad mediante esquemas fraudulentos.
Freno al turismo de maternidad. La segunda disposición ordena a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional endurecer los controles de visados y rechazar la entrada al país a mujeres extranjeras que viajen con la intención expresa o engañosa de dar a luz en territorio estadounidense para conseguir la nacionalidad para sus hijos.
Aplicación en territorios estadounidenses. El plan abarca restricciones dirigidas a hijos de extranjeros nacidos en aguas o territorios bajo jurisdicción estadounidense donde la ley federal no garantice el beneficio por completo (como en Samoa Americana), precisando que en jurisdicciones como Puerto Rico el cambio requeriría de una modificación legislativa por parte del Congreso de los Estados Unidos.
Panorama legal y oposición de organizaciones civiles.
Pese a que el gobierno sostiene que estas medidas se encuadran dentro de las excepciones históricas contempladas tras el dictamen de la Corte Suprema, organizaciones defensoras de los derechos civiles como la Unión Americana para los Derechos Civiles (ACLU) y especialistas en derecho constitucional alistan impugnaciones ante los tribunales. Diversos juristas coinciden en que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos consagra de forma directa la ciudadanía automática a toda persona nacida en su territorio, por lo que se prevé que las órdenes ejecutivas enfrenten suspensiones cautelares y un prolongado proceso de litigio judicial.
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